El 28 de junio de 2009, las Fuerzas Armadas, junto con la mayoría de diputados del Congreso Nacional de Honduras, integrado casi exclusivamente por representantes de los partidos Liberal y Nacional, dieron un golpe de Estado contra el entonces presidente Manuel Zelaya Rosales, paradójicamente electo como candidato del mismo Partido Liberal. Las élites económicas, la jerarquía de las iglesias católica y evangélica, así como los medios corporativos de comunicación, apoyaron lo que llamaron “sucesión constitucional”, término inexistente en la legislación hondureña.
El argumento esgrimido para justificarlo fue que el presidente Zelaya, por medio de un plebiscito, promovía su reelección, prohibida expresamente en la Constitución de Honduras.
En diciembre de 2012, ya electo Porfirio Lobo Sosa como presidente del país por el Partido Nacional, en unas elecciones que la oposición denunció como fraudulentas, el poder legislativo, dirigido por el también nacionalista Juan Orlando Hernández, destituyó a cuatro de los cinco magistrados de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, los cuales se habían opuesto a permitir cambios en la Constitución del país orientados a facilitar la creación de las llamadas “ciudades modelo”, figura bajo la cual se venden partes del territorio nacional a enclaves extranjeros.
En noviembre de 2013, Juan Orlando Hernández, quien impulsó su candidatura presidencial desde su cargo como presidente del Congreso Nacional, resultó electo en un proceso que fue cuestionado y señalado como fraudulento por la oposición. Posteriormente, en 2015, se reveló que parte de los fondos de la campaña de Hernández provinieron de un millonario desfalco contra el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), institución dirigida por un miembro del Partido Nacional.
La consigna de Juan Orlando Hernández durante su campaña fue “haré lo que tenga que hacer”, frase que acuñó para reforzar su propuesta de mano dura contra la delincuencia. Sin embargo, el propio hermano del presidente Juan Orlando Hernández ha sido señalado en los Estados Unidos por sus nexos con el narcotráfico.
Las principales ciudades del país, Tegucigalpa y San Pedro Sula, han sido consideradas durante las administraciones de Juan Orlando Hernández y su predecesor, Porfirio Lobo Sosa, entre las más violentas del mundo. La tasa de feminicidios es una de las más altas a nivel mundial. Sin embargo, una de las reformas al Código Penal impulsada por Hernández elimina la figura del feminicidio.
En noviembre de 2016, Juan Orlando Hernández presentó un proyecto para reelegirse en la presidencia de Honduras, no por medio de un plebiscito, como el que impulsó Manuel Zelaya en 2009, sino solicitando abiertamente la modificación de la Constitución. Los mismos magistrados de la Corte Suprema de Justicia que reemplazaron a los destituidos en 2012 fallaron a favor de las pretensiones de Juan Orlando Hernández, aduciendo que el artículo pétreo de la Constitución que prohíbe la reelección “violentaba el derecho humano a optar a cargos de elección popular”.
Las Fuerzas Armadas, contrariamente a su actuación de 2009, cuando aseguraron que cumplían su mandato de defender la Constitución, esta vez guardaron absoluto silencio, que se mantiene hasta la fecha, tal vez porque durante la administración de Juan Orlando Hernández el presupuesto militar de Honduras pasó de 94 a 234 millones de dólares, lo que representa un incremento de 140 millones de dólares. A ello se agrega que casi 100,000 niños y niñas, en los cuatro años de esta administración, han recibido entrenamiento paramilitar por medio del programa “Guardianes de la Patria”. [1]
En contraste, el presupuesto destinado a salud se redujo en más de 600 millones de lempiras para el año fiscal 2017. Honduras gasta solamente 110 dólares anuales per cápita en salud, mientras que Costa Rica destina casi 800 dólares y Panamá casi 1,000, según han señalado los expertos. [2] La canasta básica, por otro lado, era en 2013 la más cara de la región. [3]
Además de no cubrir las necesidades humanas básicas, durante los gobiernos de Juan Orlando Hernández y su predecesor, Porfirio Lobo, se han producido numerosos asesinatos de defensores y defensoras de derechos humanos. El 3 de marzo de 2016 fue asesinada Berta Cáceres, dirigente del pueblo lenca distinguida con los premios Goldman y Shalom por su labor ambientalista, quien gozaba de medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y medidas de protección por parte del propio gobierno hondureño, que no se cumplieron. Este es el caso más emblemático, que representa a muchos casos de activistas asesinados. A pesar del arresto de supuestos autores materiales, estos casos continúan en la impunidad, como también el desfalco del Instituto Hondureño de Seguridad Social y de otros institutos de previsión.
Las consecuencias de un fraude electoral
En medio de los cuestionamientos a la ilegalidad de la candidatura de Juan Orlando Hernández y las denuncias de que se estaba montando un fraude, la oposición logró conformar el 21 de mayo de 2017 la Alianza de Oposición contra la Dictadura, con la participación del partido Libertad y Refundación (LIBRE), dirigido por el expresidente Manuel Zelaya; un sector mayoritario del Partido Anticorrupción (PAC), de centro derecha, fundado por el ingeniero y presentador de televisión Salvador Nasralla; y el Partido Innovación y Unidad (PINU), socialdemócrata. La Alianza inscribió como candidato a Salvador Nasralla.
El domingo 26 de noviembre de 2017, fecha fijada para las elecciones, se registró una gran cantidad de votantes, en contraste con los elevados índices de abstencionismo registrados en procesos electorales anteriores. El proceso se desarrolló en relativa tranquilidad, pese a inconsistencias que posteriormente fueron señaladas. No obstante, el primer indicio de alarma fue la negativa del Tribunal Supremo Electoral (TSE) a ampliar el plazo de cierre de las urnas, cuando en todos los procesos electorales anteriores se ha permitido la votación después de la hora de cierre para dar oportunidad a quienes no hubieran podido presentarse antes.
Pasaron las horas e inexplicablemente el TSE no daba a conocer ningún resultado preliminar, pese a que la Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas de Honduras establece que los resultados preliminares serán anunciados por el Tribunal Supremo Electoral a las seis de la tarde del día en que se realicen las elecciones. Ante el silencio del órgano electoral, tanto el candidato de la Alianza Opositora, Salvador Nasralla, como el presidente-candidato Juan Orlando Hernández, del Partido Nacional, se declararon vencedores.
No fue sino hasta después de la una de la madrugada del día siguiente a las elecciones que el TSE anunció unos resultados preliminares que favorecían al candidato de la Alianza Opositora con una ventaja de cinco puntos porcentuales (45% y 40%, respectivamente) de los votos registrados en las principales ciudades, Tegucigalpa y San Pedro Sula. Esta tendencia fue calificada como irreversible por analistas políticos y uno de los miembros del propio Tribunal Supremo Electoral, el magistrado suplente Marco Ramiro Lobo, quien desde entonces ha mantenido esa posición.
En su comparecencia en las primeras horas del lunes 27 de noviembre, el presidente y vocero del TSE, David Matamoros Batson, representante del Partido Nacional (cuya hija es vicecanciller del gobierno de Juan Orlando Hernández), aseguró que no sería sino hasta el jueves que el organismo electoral informaría de los resultados finales. Numerosos sectores no partidistas manifestaron públicamente su inconformidad y su temor de que estaba gestando un fraude electoral. [4]
Las sospechas se incrementaron cuando el TSE anunció que, debido a una supuesta caída del sistema, durante varias horas se dejaron de registrar actas electorales. Sorpresivamente, cuando se reanudó el sistema, la tendencia comenzó a cambiar a favor del presidente-candidato Juan Orlando Hernández. Después de revisar solamente 1,000 actas, y no todas, como demandaban la oposición y la misión de observadores OEA-UE, el TSE ha publicado como datos oficiales un resultado que favorece a Juan Orlando Hernández con el 42.98% de los votos, contra el 41.38% de la Alianza de Oposición. [5]
La negativa del TSE a informar de los resultados en el tiempo previsto, el pobre argumento de la caída del sistema, la negativa a escrutar todas y cada una de las actas, como solicita la oposición, los votos escrutados, muchos de los cuales se presentaron en condición de nuevos, incluso sin doblar, la inconsistencia de datos que otorgan mayor cantidad de votantes a los departamentos menos poblados del país, son todos hechos que apuntan a un fraude electoral. Esta circunstancia, aunada a los antecedentes previos de corrupción e impunidad por parte del partido gobernante, desencadenó las protestas de la población en todo el país.
La Alianza Opositora llamó a sus partidarios a desconocer los resultados oficiales. El propio Luis Zelaya, candidato del Partido Liberal, institución política cuya anterior dirigencia contribuyó al proyecto reeleccionista de Juan Orlando Hernández, reconoció en un acto de caballerosidad que el candidato de la Alianza, Salvador Nasralla, había ganado las elecciones, y manifestó que los liberales estaban en libertad de acuerpar las protestas, si así lo decidían.
En medio de la crisis, se presentaron actos de vandalismo y saqueo que, de acuerdo con la policía, no fueron cometidos por ninguno de los participantes en las protestas. Sin embargo, el gobierno decretó un toque de queda, cuyo resultado ha sido hasta ahora una cifra que oscila entre once y trece muertos, entre ellos menores de edad, y numerosos heridos. Organismos defensores de derechos humanos responsabilizan a la Policía Militar de Orden Público, ente creado por Juan Orlando Hernández, por las muertes y tratos crueles y degradantes cometidos contra la población.
Por su parte, los grandes medios de comunicación, que en su mayoría han recibido fondos del gobierno durante la actual y anteriores administraciones, han desinformado antes, durante y después de las elecciones. La mayoría de las grandes cadenas internacionales de comunicación han brindado escasa o ninguna cobertura de los hechos, e incluso en algunos casos los han distorsionado.
La verdad que poco a poco se está evidenciando es que en Honduras se ha llegado a un punto que algunos analistas consideran insurreccional [6] , dado que la mayoría de la población hondureña, sin importar si pertenece o no a algún partido político, está hastiada de la impunidad y la corrupción. A estas alturas, no se trata ya de que Salvador Nasralla gane las elecciones, sino del respeto a la voluntad popular, expresada en las urnas y dentro de las mismas reglas del juego que hoy los órganos de gobierno están violentando.
En un hecho sin precedentes, no solo en Honduras, sino en toda Centroamérica, los miembros de escala básica de la Policía Nacional han denunciado que los altos mandos de su institución siguen órdenes del Poder Ejecutivo, y han pedido a los mandos intermedios que los reemplacen. Asimismo, se han acuartelado, exigiendo que se resuelva cuanto antes la crisis política y se respete la voluntad del pueblo hondureño, manifestando además que no reprimirán a la población, que sigue manifestándose en las calles y por medio de cacerolas que resuenan en todas las ciudades durante el toque de queda.
Llamado a la solidaridad internacional
La OEA y la Unión Europea, que han actuado como observadores internacionales del proceso internacional, si bien no se han manifestado con la beligerancia que muestran en el caso de otros países, como Venezuela, han señalado como un precedente negativo la reelección inconstitucional del actual mandatario. Asimismo, han manifestado que no hay un resultado definitivo mientras no se revisen todas las actas electorales y mientras no se reciban los recursos de impugnación que correspondan. Además, han instado al gobierno a suspender el toque de queda. [7]
Lo que ocurre en Honduras es el estallido de una población que se rebela contra décadas de imposición y violaciones de los derechos humanos, cometidos por la actual administración y las anteriores de los dos partidos tradicionales, Nacional y Liberal. Se rebela, además, contra la corrupción, la impunidad, la violencia constante y las contradicciones de un gobierno que, mientras oficialmente asegura ejercer “mano dura” contra la delincuencia, paradójicamente es señalado por nexos con el narcotráfico y las pandillas. Se rebela contra la violación flagrante de la Constitución de la República, al imponer una reelección que está tipificada en el Código Penal vigente como delito de traición a la patria.
En estas circunstancias, el pueblo de Honduras acude a la solidaridad de los organismos internacionales, como también de los pueblos y gobiernos de los demás países del mundo. La consumación del fraude electoral, y por consiguiente la imposición de una reelección ilegal, no solo afectará el destino de Honduras, sino de toda la región, implantando un precedente funesto para el fortalecimiento de los procesos democráticos.
Notas
[1] Flores Garca, Albany. “ Porqué las Fuerzas Armadas apoyarán el continuismo ”, en El Pulso, 30/11/2017.
[2] Diario La Prensa, 22/09/2017.
[3] Ídem, 15/08/2013.
[4] Véase, por ejemplo, Manifiesto de escritores, escritoras, artistas e intelectuales de Honduras sobre los comicios electorales 2017 , https://disentimientos.blogspot.com/2017/11/manifiesto-de-escritores-escritoras.html
[5] https://resultadosgenerales2017.tse.hn/ Consultada el 5 de diciembre de 2017.
[6] Moreno, Ismael, s.j.; Eurake, Darío, et. al. “Una condición insurreccional”. http://radioprogresohn.net/
[7] Informe preliminar de la MOE-OEA sobre elecciones en Honduras 2017.
(*) María Eugenia Ramos es escritora y editora, nació en Tegucigalpa, Honduras, en 1959. Estudió periodismo y literatura en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, donde labora actualmente. Su obra ha sido incluida en diversas antologías de literatura hondureña y centroamericana.
