La decisión ha sido denunciada por una treintena de ONG porque es ilegal y vulnera los derechos humanos.
El pasado fin de semana llegaban a las costas de Murcia 519 migrantes, la mayoría de origen argelino.
Durante el mes de noviembre, otras 284 personas se jugaron la vida en patera para llegar a la misma costa y hasta 405 a mediados de octubre.
Más de 1.000 personas en dos meses.
Interior, aludiendo a la “llegada masiva” de migrantes y la “incapacidad” de hacer frente a su acogida, decidió trasladar este lunes a medio millar de migrantes a la cárcel de Archidona, en Málaga.
La prisión no está terminada ni acondicionada.
Cuenta con suministro de agua pero no es potable.
La decisión “improvisada y excepcional” en palabras del propio Ministro de Interior, Juan Ignacio Zoido, ha sido avalada por 7 jueces de Murcia. Según Zoido España ofrece un “servicio humanitario rescatando a estas personas pero no puede obviar la ley”.
Con estas palabras hace referencia a la futura devolución de los migrantes a su país de origen.
Sin embargo, el ministro no ha tenido reparos en incumplir la ley ni vulnerar los derechos humanos del medio millar de migrantes.
La legislación española prohibió en los años 80 la “reclusión” de migrantes en cárceles. Para ello se crearon los CIE (Centro de Internamiento de Extranjeros) con el único objetivo de “detener y custodiar” a las personas en situación irrgular.
Tampoco ha tenido en cuenta la regulación europea que exige que los migrantes tengan un mínimo de garantías, tanto humanitarias como sanitarias, una vez que llegan a Europa.
Zoido, en un intento de “normalizar” su decisión aseguró que, pese a que la ley prohíbe que los migrantes sean trasladados a un centro de carácter irregular, la prisión de Málaga está en “perfectas condiciones”. Habla de habitaciones en lugar de celdas.
También mantiene que el centro cuenta con salas de televisión y campo de deporte. Eso sí, han tenido que pedir 2.000 raciones y 5.000 botellas de agua porque no hay cocina en el módulo penitenciario.
Tampoco hay personal. Unos 50 policías se han ofrecido voluntarios para “vigilar” a los migrantes. sin embargo la ley establece que deben ser funcionarios especializados.
Tampoco hay ninguna publicación en el BOE que refleje este cambio.
La cárcel de Archidona sigue apareciendo como centro penitenciario y no como CIE. Zoido, para traquilizar a los críticos, mantiene que en ningún momento compartirán espacio reos y migrantes.
Posiblemente porque la apertura de la cárcel no está prevista hasta el próximo mes de enero y en un plazo de 60 días los migrantes serán devueltos a su país.
Del medio millar de migrantes hay, de momento, 37 menores de edad que han pasado a disposición judicial y se encuentra en un centro de acogida de menores en Murcia.
“El problema es que son muchos y no podemos dar asistencia jurídica a todos. De momento estamos llevando el caso de 10 personas entre las que hay un menor”, explica uno de los abogados de Málaga Acoge.
“Están sufriendo muchísima ansiedad. No sabían dónde estaban ni por qué estaban en una cárcel. No les han dejado llamar a sus familias porque el centro penitenciario no cuenta con un teléfono.
Tampoco les han devuelto sus pertenencias”, añade el abogado.
La situación ha llevado a más de un treintena de ONG a denunciar la violación de la ley y la vulnerabilidad de los derechos humanos del millar de migrantes detenidos en la cárcel. SOS Racismo es una de ellas.
“Se han sacado de la manga un CIE improvisado para tratar de dar una salida a las personas que han llegado. Es algo completamente ilegal y más cuando hablamos de una prisión que ni siquiera cumple con las mínimas garantías humanitarias”, denuncian desde SOS Racismo Federación.
“No podemos corroborar si dentro del centro se están violando los derechos humanos.
Pedimos claridad sobre el proceso que se ha seguido para tomar esta decisión y que se saque de ahí a las más de 400 personas encarladas de manera ilegal desde el pasado lunes”, mantiene la ONG.
En 2017 un total de 20.000 personas han puesto en peligro sus vidas para llegar a España, más del triple que en 2016.
Las cifras arrojan un interrogante que Interior no está dispuesto a investigar ya que, en lugar de intentar buscar una vía para las personas que huyen de países en conflicto o de la pobreza extrema, la solución pasa por internarlos en cárceles o por las devoluciones en caliente.
Esta última, una práctia ilegal que sigue repitiéndose en nuestro país y por la que fue sancionado por el Tribunal de Derechos Humanos.
http://kaosenlared.net/espana-decide-recluir-medio-millar-migrantes-una-carcel-sin-agua-potable/
