La Fiscalía colombiana no considera algo sistemático los 121 asesinatos de líderes sociales y defensores de derechos humanos que se han producido este año.
Este 17 de octubre, el líder comunitario Jair Cortés fue asesinado en la ciudad portuaria de Tumaco, ubicada al suroeste de Colombia.
Ese hombre explicó en diversas ocasiones la situación de emergencia humanitaria que viven los campesinos afrocolombianos, mestizos e indígenas en las zonas rurales colombianas.
Además, Cortés denunció que había sido amenazado de muerte por señalar a grupos armados ilegales y los excesos de la fuerza pública a la hora de poner en práctica la campaña oficial la erradicación forzada de cultivos.
Marcha Patriótica @marchapatriota
Hoy fue asesinado Jair Cortés, líder comunitario en Tumaco, días después de denunciar la masacre. ¡Exigimos respeto por la vida!
Con este homicidio, ya son 121 los líderes sociales y defensores de derechos humanos asesinados en Colombia en lo que va de 2017, según denunció en su cuenta de Twitter Cristian Delgado, abogado y activista por los derechos humanos.
Cristian Delgado @CristianRDelgad
Con Jair Cortes ya van 120 líderes y defensores de DH asesinados en 2017. Sigue la sangre derramada, la impunidad reina y no hay garantias
Estas muertes evocan lo que le sucedio en la década de los 90 a exguerrilleros desmovilizados que asumieron la legalidad y formaron el partido Unión Patriótica (UP).
El antiguo fiscal general de Colombia, Jorge Fernando Perdomo, aseguró que "agentes del Estado" ejecutaron un plan de exterminio contra dos candidatos presidenciales, ocho congresistas, 70 concejales, 11 alcaldes y un número sin determinar de dirigentes de la UP.
Inseguridad
Los asesinatos de estos referentes provocan una situación "muy preocupante, sobre todo en departamentos como Cauca, Nariño y Meta", donde "se registran altos niveles de inseguridad", manifestó a RT Héctor Torres, abogado defensor de los derechos humanos en la región central de Colombia.
Este letrado explicó que esos crímenes los cometen "grupos de 'justicia privada', (paramilitares)" o "miembros de la fuerza pública", razón por la que expresó sus dudas "sobre la voluntad política" del Gobierno del presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, para "aclimatar y llevar a cabo en la vida real este proceso de paz".
Desprotección
Torres detalló que los organismos de seguridad colombianos no brindan las suficientes garantías a los defensores de derechos humanos para realizar sus tareas en zonas alejadas de las ciudades, con el argumento oficial de que "no hay presupuesto".
El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, y el jefe de la misión de Naciones Unidas, Jean Arnault, en Funza, Colombia / Jaime Saldarriaga / Reuters
Además, está seguro de que su trabajo resulta "incómodo para los aparatos represivos del Estado, para las élites de Gobierno y las diferentes élites corruptas regionales" porque estima que los asesinatos de líderes y defensores tiene una razón de ser: "somos objetivo militar, de este Gobierno y de los anteriores".
Persecución
A pesar de haber logrado una histórica firma de los acuerdos de paz entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Gobierno de esa nación sudamericana, la realidad es diferente, según la secretaria técnica de la Comisión de Derechos Humanos de la organización Marcha Patriótica, Diana Nocua.
Esa especialista precisó que muchos de los 121 fallecidos eran "promotores de la paz y la reconciliación" y especuló con la posibilidad de que "la doctrina del enemigo interno sigue vigente, a partir del rearme de los grupos paramilitares en varias zonas" de Colombia.
Lejana reconciliación
A esa cifra, hay que agregar "39 excombatientes de las FARC, que también fueron asesinados tras los acuerdos de paz", un hecho que Nocua considera un indicativo de que su país "está muy lejos de la reconciliación nacional".
Marcha Patriótica considera que lo más preocupante es la impunidad en los casos denunciados, ya que "ninguno de los 121 asesinatos han tenido resolución", mientras que la Fiscalía colombiana, "desconoce el carácter sistemático de estos asesinatos y asume que ocurren por problemas personales o ajustes de cuentas", subraya esta activista.
Finalmente, Diana Nocua recordó que los acuerdos de paz obligaron a la Procuraduría colombiana a organizar una unidad especial para investigar los crímenes del paramilitarismo, una dependencia que "no ha funcionado como debería, aunque ya lleva un año de creación".
Tareas pendientes
La Comisión de Derechos Humanos de Marcha Patriótica estima que existen tres tareas que pueden contribuir a frenar los asesinatos de líderes sociales:
Generar procesos de pedagogía para la paz y la reconciliación que impliquen la mediación de conflictos.
La movilización de las organizaciones sociales, los exguerrilleros y el pueblo para denunciar que está ocurriendo un nuevo exterminio.
Exponer ante la comunidad internacional la grave situación de derechos humanos en Colombia.
Diana Nocua considera que el Estado aún no ha elaborado "una legislación para prohibir el paramilitarismo", como reza el texto de los acuerdos de paz y que esa normativa es vital para "generar garantías políticas para la oposición", pero también para quienes luchan por sus derechos.
Ernesto J. Navarro
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