Con un giro incómodo de la postura que venía sosteniendo, Uruguay acompañó la aplicación del Protocolo de Ushuaia de 1998 para suspender a Venezuela del Mercosur por ruptura del orden democrático.
La decisión se adoptó el sábado 5 de agosto en San Pablo por los cuatro Estados “fundadores” del bloque regional, pese a que de la lectura del protocolo surge que dicha sanción, para ser legal, debió haber sido adoptada por consenso de los estados partes del instrumento, lo que incluye a Chile y Bolivia, cuya posición no fue considerada.
Más allá del gambito legal, el cambio de posición en el que incurrió el gobierno uruguayo –que era el único obstáculo para que la sanción se aplicara– fue un gesto político que produjo un cimbronazo en el seno del Frente Amplio (FA): las bases del FA, el Partido Comunista, el PVP, la 711, Casa Grande, el MLN y finalmente el MPP, aunque este último de un modo ciertamente elíptico, manifestaron su desacuerdo con la decisión tomada.
En el mismo sentido se pronunció el lunes el Consejo Federal de la FEUU y, el martes, el Secretariado Ejecutivo del Pit-Cnt, en el que todas las corrientes aprobaron una declaración de enérgico rechazo a la suspensión.
En respaldo a la decisión del gobierno se expresó orgánicamente el Partido Socialista (PS), en votación dividida, y dirigentes del Frente Liber Seregni (FLS), aunque hasta el momento no había trascendido comunicado oficial de ninguno de los sectores que lo integran.
En otro orden, la medida fue festejada por la oposición, los sesudos analistas, renombrados politólogos, periodistas y hasta personajes de la farándula. En suma, el concierto afinado de los que no tienen contacto con la base social de la izquierda uruguaya.
El argumento central del gobierno para justificar su cambio de postura fue –por lo menos hasta antes de conocerse las declaraciones del presidente Tabaré Vázquez en la última edición de Búsqueda– que las insistentes solicitudes de Uruguay para que el gobierno venezolano dialogara con la oposición habían sido desoídas.
De hecho, el Consejo de Ministros realizado el lunes 31 de julio, un día después de la elección de los miembros de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), emitió una declaración en la cual Uruguay se manifestaba dispuesto a reconocer a la ANC siempre y cuando, previamente, el gobierno abriera un canal de diálogo y alcanzara un entendimiento con la oposición y el Poder Legislativo, donde la oposición tiene mayoría, la Asamblea Nacional.
El sábado, en la reunión extraordinaria de los cancilleres de los países “fundadores” del bloque, Uruguay consideró que el plazo se había agotado y que sus llamados al diálogo habían caído en saco roto, por lo que ya no tenía posibilidad de mantener la tesitura de no habilitar sanciones.
El fundamento uruguayo parecería inobjetable de no ser porque se sostiene en el presupuesto completamente falso de que no hubo diálogo cuando sí lo hubo. Y no sólo un diálogo de intercambio de puntos de vista, sino una verdadera mesa de negociación en presencia de un garante internacional de la talla del expresidente de España José Luis Rodríguez Zapatero. Por lo pronto, un día antes de la reunión de San Pablo, el periódico opositor más importante de Venezuela, El Nacional, reveló parte del contenido y otros detalles de las conversaciones secretas, cuya confirmación por parte del presidente Nicolás Maduro se produjeran luego de que Rodríguez Zapatero hiciera público un comunicado revelando su existencia.
En aquel texto Zapatero terminaba reconociendo el derecho de la gente a concurrir a votar por los constituyentes, tanto como el derecho a abstenerse, y reclamó que el gobierno mantuviera iniciativas de diálogo, pero también advirtió que sin la “voluntad y la determinación de la oposición nada será posible”.
De la revelación de El Nacional, tanto o más trascendente en cuanto proviene de la propia oposición, se reconoce que el gobierno aceptó posponer la elección de la ANC, incorporar a la oposición a la elección y promover, incluso por decreto, que pudiesen inscribir a sus candidatos fuera de plazo, y modificar el Consejo Nacional Electoral, nombrando para ello un rector elegido por la oposición y otro rector de mutuo acuerdo.
Asimismo estaría de acuerdo en fijar un calendario electoral que contemplase las elecciones regionales y también las elecciones a presidente que deben realizarse a fines de 2018; facilitar un acuerdo entre el Tribunal Supremo de Justicia y la Asamblea Nacional para saldar el conflicto de competencias; nombrar una “comisión de la verdad” para la liberación de presos, que la oposición sostiene que son políticos y el gobierno afirma que han sido presos por violar la ley, participar en acciones terroristas o promover la violencia; y estudiar todas las inhabilitaciones que se han producido a personas que pregonaron la violencia, la ejercieron o la facilitaron y permitieron en los municipios que gobiernan.
La oposición, por su parte, según revela el mismísimo diario El Nacional, no estuvo dispuesto a aceptar nada que no incluyera el adelanto de las elecciones y la suspensión de la elección de la ANC, aun cuando el gobierno remarcó que era innegociable adelantar la elección presidencial y que, si bien estaba dispuesto a una elección de constituyentistas con candidatos de todas las corrientes políticas del país, aplazarlas si era necesario, y hasta elegir un nuevo Consejo Nacional Electoral que contara con la anuencia de todas las partes, no iba a declinar la convocatoria a elegirla mediante voto popular.
Finalmente, la elección se hizo y el resultado fue abrumador. Aunque sus líderes descalificaron la votación y la catalogaron de fraude, la concurrencia fue tan masiva que quedaron desconcertados. A partir de ese día desapareció la violencia en las calles, los trancazos y las guarimbas que habían sido una presencia constante durante los últimos tres meses en los barrios de clase media y alta, especialmente en el este del valle de Caracas.
Fortalecido por la votación, el gobierno confirmó el calendario electoral y convocó a la inscripción de partidos y candidatos para las elecciones regionales que serán el 10 de diciembre. Y en cuestión de días los más importantes dirigentes de la oposición, comenzando por el líder de Acción Democrática, Henry Ramos Allup, anunciaron su voluntad de presentarse a las regionales.
Incluso Freddy Guevara, el joven dirigente de Voluntad Popular, uno de los sectores más radicales de la oposición, cuyo líder es Leopoldo López, responsable de la violentísima operación “La Salida” de 2014, con un saldo de más de 40 muertos, declaró en las últimas horas que el camino para derrotar al chavismo es el electoral, desistiendo de la estrategia que venía impulsando su sector hasta el momento y preanunciando lo que ya está confirmado: la coalición opositora Mesa de Unidad Democrática aceptó comparecer en las regionales que organiza el Consejo Nacional Electoral apenas días después de haber difundido en el mundo, en sintonía con la empresa de tecnología electoral Smartmatic (recientemente ingresada al mercado estadounidense y adquirida por el magnate George Soros, quien hace pocos años confesó haber financiado el golpe en Ucrania), que el CNE había cometido fraude.
Instalada la Asamblea Nacional Constituyente en la sala de protocolos del Palacio Legislativo, espacio que se utilizaba para reunir al Senado antes de la Constitución de 1999, cuando el congreso era bicameral (la Asamblea Nacional continúa funcionando en el ala opuesta de la sede legislativa, donde bajo la Constitución anterior funcionaba la Cámara de Diputados), lo primero que hace es designar a la excanciller Delcy Eloína Rodríguez como presidenta.
La exministra de Relaciones Exteriores de la que Rodolfo Nin alguna vez se burló con cierta misoginia no es una dirigente más: es uno de los cuadros jóvenes más convocantes del chavismo y reúne muchas condiciones que la catapultan a los primeros espacios políticos de Venezuela. No pocos hablan de que podría llegar a ser la próxima presidenta de.
Es joven, brillante, gran oradora, combativa, abogada egresada de la Universidad Central de Venezuela, con especialización en Derecho Laboral en la Universidad de París X, un posdoctorado en Inglaterra, profesora de la UCV e hija de uno de los principales mártires de la izquierda venezolana, nada menos que Jorge Antonio Rodríguez, líder estudiantil revolucionario y fundador de la Liga Socialista, muerto bajo tortura en el sótano de la Dirección de Inteligencia en el gobierno del “socialdemócrata” Carlos Andrés Pérez en 1976.
En su velatorio, en el Aula Magna de la Universidad, sus hijos de 12 y 8 años (Jorge Rodríguez, actualmente médico psiquiatra y alcalde de Caracas desde 2008, y Delcy Rodríguez, actual presidenta de la ANC) juraron frente al féretro dedicar la vida a la construcción del socialismo y a la revolución.
En la segunda decisión tomada por la Constituyente, se concretó la destitución de la fiscal Luisa Ortega Díaz, que se pasó a la oposición en los últimos meses luego de ser chavista durante muchos años. La fiscal fue destituida por negarse a iniciar causas contra los que instalaron 100 días de violencia, con decenas de muertos, entre ellos los famosos quemados por ser chavistas, que son casi 30 personas.
El duro comunicado de los fiscales del Mercosur rechazando la destitución debe ser comprendido también ante la situación particular que están viviendo la fiscal Alejandra Gils Carbó en Argentina, en donde el presidente Macri pretende destituirla por decreto, aunque su cargo es vitalicio y sólo puede ser removida por juicio político –para los que el macrismo no cuenta con los votos–, y el fiscal general brasileño Rodrigo Janot, perseguido por Michel Temer, que reclamó su destitución.
Tanto Gils Carbó como Janot son perseguidos, entre otras cosas, para impedir que avance la causa Odebrecht, que involucra hasta el hueso a los dos presidentes, amigos y familiares. La destitución de Ortega Díaz también fue utilizada en la declaración del Mercosur como justificación para la suspensión de Venezuela, en un ejercicio de cinismo de parte de los gobiernos brasileño y argentino, del cual hay que tomar seria nota, apenas homologable con el cinismo de Donald Trump, que destituyó a la fiscal general en enero porque se oponía a su decreto antiinmigrantes, amenazó a su sustituto hasta por Twitter y simultáneamente se quejó de que la Constituyente venezolana removiera a Ortega Díaz.
Así las cosas, el gobierno uruguayo quedó en una posición sumamente incómoda, tomando una resolución de suspender a Venezuela basado en la mentira de que no hay diálogo y negociaciones, pegado con tres gobiernos muy de derecha, dos de ellos nacidos de golpes de Estado y cuyos presidentes están severamente imputados de corrupción y son responsables de persecución a opositores, fiscales y jueces que los investigan.
Además, en el plano interno, la fuerza política de gobierno arde por la decisión incluso más de lo que arde por el caso del vicepresidente Raúl Sendic y, en un nuevo giro, Uruguay, tres días después de la reunión del sábado, no firmó la declaración de Lima que felicita al Mercosur por suspender a Venezuela y denuncia al gobierno venezolano de antidemocrático y a la Constituyente de ilegal.
Por su parte, la bancada del FA en el Parlamento se negó a votar una moción de apoyo a la resolución gubernamental, astutamente introducida por el diputado Ope Pasquet, habilidoso chicanero, que metió el textito sólo para exponer la herida abierta que hay en la izquierda con este tema.
Finalmente, en declaraciones realizadas a Búsqueda, el presidente Tabaré Vázquez reconoce que Uruguay cedió a la presión de los países vecinos, que estaban dispuestos a aislar económicamente al país si mantenía su posición dialoguista.
La declaración de Tabaré tiene una cierta sensatez práctica, pero es tristísima desde el plano de los principios.
Se da de bruces con la afirmación artiguista de no vender el rico patrimonio de los orientales (nuestra soberanía política) al vil precio de la necesidad (el comercio exterior).
Lamentablemente, en este caso billetera mató galán y habrá que ver cómo hace el FA para recuperarse de este misil peligrosamente cercano a la línea de flotación.
https://nuevatrinchera.wordpress.com/2017/08/14/uruguay-todo-mal/
