Muchas vidas podrían estar marcadas por este papel amarillento. Lo peor, o lo más doloroso, es que sus protagonistas –involuntarios protagonistas- quizás no lo sepan.
Algunos aún vivirán en la mentira. Otros habrán muerto sin conocer la verdad. Tanto unos como otros fueron entregados por la dictadura franquista a matrimonios “honorables” de Bizkaia que aceptaron criarlos a cambio de cobrar ayudas económicas “trimestrales”.
Se comprueba así que la dictadura no solamente sistematizó la venta de niños: también pagó “subvenciones” a familias que estuvieran dispuestas a “prohijarlos”, un mecanismo que acabaría convirtiéndose en una forma de adopción encubierta de los hijos de los “perdedores”.
El papel amarillento lleva el sello de la “Junta de la Casa Maternal de Vizcaya”, una entidad que funcionaba al servicio de la dictadura. Arriba, a la derecha, aparece el lugar y la fecha: “Bilbao, 1 de julio de 1941”.
Para entonces, Euskadi ya conocía de sobra las principales particularidades del régimen franquista en este territorio: aquí, además de exterminar a los “rojos”, también procuraba erradicar cualquier seña de la identidad vasca.
De esta manera, la venganza y el castigo franquista incluían a amplios sectores de la población.
Esa persecución no sólo provocó innumerables muertes, sino que también dejó huérfanos a una gran cantidad de niños. En el caso de Bizkaia, sus vidas quedaron en manos de la Casa Maternal, que se encargaría de la “tutela del niño lactante ilegítimo”.
En la nota enviada aquel primer día de julio de 1941 a los responsables de las Juntas Locales de Menores de la provincia, la junta directiva de la entidad maternal advertía que su edificio “va resultando insuficiente para acoger el rápido aumento de inocentes niños cruelmente abandonados por sus progenitores, creando la escasez de nodrizas frescas, serio problema para su conveniente nutrición”.
En la nota enviada aquel primer día de julio de 1941 a los responsables de las Juntas Locales de Menores de la provincia, la junta directiva de la entidad maternal advertía que su edificio “va resultando insuficiente para acoger el rápido aumento de inocentes niños cruelmente abandonados por sus progenitores, creando la escasez de nodrizas frescas, serio problema para su conveniente nutrición”.
Los directivos que firmaban ese documento se referían así a las “amamantadoras” o “nodrizas” que se encargaban de dar pecho a criaturas “abandonadas”, una práctica bastante extendida en aquellos años. De hecho, desde la junta vizcaína alababan “las ventajas que reporta la plausible costumbre muy arraigada singularmente en familias de la población rural, de hacerse cargo de niños lactantes”.
Seguido, aclaraban que las criaturas entregadas a esas familias eran previamente sometidas a una “escrupulosa investigación clínica y de laboratorio, como garantía absoluta de perfecta salud”. Por su parte, las familias se comprometían a “criarlos y generalmente prohijarlos al cumplir los siete años, proporcionándoles además de normal y sano desarrollo del cuerpo, el lenitivo y consuelo moral que procuran una familia y un hogar honorables”.
En ese contexto, los responsables de la Junta Maternal de Vizcaya aseguraban que debido a las “anormales circunstancias en que se desenvuelve la vida”, se había producido una “sensible disminución en tal excelente colocación de lactantes, agravando consiguientemente el conflicto”. Ante esa situación, los jefes de la entidad vizcaína informaban a las Juntas Locales de Menores que habían decidido “elevar los haberes que actualmente disfrutan las nodrizas externas”.
El documento obtenido por Público incluye una tabla de precios con las cantidades que cobrarían las familias que aceptasen formar parte de ese plan de adopciones encubiertas.
Quienes acogieran a bebés de entre cero y 18 meses recibirían de 180 a 270 pesetas por trimestre. Para los casos de criaturas de entre 18 meses y cuatro años las ayudas oscilaban entre 120 y 135 pesetas, mientras que para niños de entre cuatro y siete años eran de entre 60 y 67,50 pesetas.
Quienes acogieran a bebés de entre cero y 18 meses recibirían de 180 a 270 pesetas por trimestre. Para los casos de criaturas de entre 18 meses y cuatro años las ayudas oscilaban entre 120 y 135 pesetas, mientras que para niños de entre cuatro y siete años eran de entre 60 y 67,50 pesetas.
Para rematar, la Junta Maternal de Vizcaya señalaba que estas adopciones encubiertas eran parte de una obra “cristiana y patriótica” que permitía “amparar la infancia desvalida, semilla y vivero al fin de la Nación, y por consecuencia ser más preciada y positiva su riqueza”.
Entre los firmantes de este documento se encontraban –en su calidad de integrantes de la dirección de la Casa Maternal- algunos de los personajes más relevantes de la oligarquía franquista vizcaína, como el empresario Javier de Ybarra –quien sería asesinado por ETA en junio de 1977-, el banquero Eliseo Migoya o el ingeniero de Caminos Guillermo Barandiarán Ruiz.
Entre los firmantes de este documento se encontraban –en su calidad de integrantes de la dirección de la Casa Maternal- algunos de los personajes más relevantes de la oligarquía franquista vizcaína, como el empresario Javier de Ybarra –quien sería asesinado por ETA en junio de 1977-, el banquero Eliseo Migoya o el ingeniero de Caminos Guillermo Barandiarán Ruiz.
Documento de la Junta Maternal de Vizcaya durante el franquismo. / D.A.
Sistema opaco
El sistema de “prohijamiento” al que hacía alusión la Junta Maternal fue analizado por el investigador Antonio Polo Blanco en su trabajo “Gobierno de las poblaciones en el primer franquismo (1939-1945)”, editado por el servicio de publicaciones de la Universidad de Cádiz en 2006. Según el autor, esa modalidad “supuestamente ofrecía una más amplia posibilidad de retorno de los hijos a los padres o familiares biológicos”. “De hecho, existía el derecho de la familia biológica de reclamar al abandonado, repatriado o hijo de presidiario/a hasta los catorce años. Sin embargo –continúa- en la realidad lo que este sistema facilitó fue un menos riguroso procedimiento a la hora de acceder a la crianza de un pequeño que no fuera propio”.
Polo explica que “si la familia prohijante coincidía con las pautas ortodoxas del régimen sublevado y la familia biológica pertenecía a la ‘antiespaña’, difícilmente podía acceder a su derecho de retorno, y con más dificultad el ejercicio de tal derecho era refrendado con acciones que se encaminaran a una devolución práctica de su hijo”. El investigador destaca que “esta opacidad, auspiciada por un precario sistema de registro civil, agravado por una situación anómala de posguerra, y con la facilidad de cambio de apellidos que se dispensaba a las familias acogedoras, provocaron la existencia de personas que, hoy en día, carecen del conocimiento más básico de su biografía personal”.
