En medio de la segunda fase de alegatos escritos, el Gobierno de Evo Morales presentará este 21 de marzo ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), con sede en La Haya, su réplica a la contramemoria de Chile entregada en julio del año pasado por la reclamación marítima de Bolivia.
El reclamo soberano será entregado en la fecha límite fijada por la CIJ para Bolivia por el agente boliviano ante el tribunal, Eduardo Rodríguez Veltzé, acompañado por el ministro de Exteriores, Fernando Huanacuni, el ministro de Justicia, Héctor Arce, y la presidenta de la Cámara de Diputados, Gabriela Montaño.
El plazo estipulado por la CIJ para que Chile responda y entregue su dúplica expira el 21 de septiembre.
Huanacuni afirmó en declaraciones recogidas por 'La Razón' que La Paz cuenta con "argumentos históricos, jurídicos y con fundamento" en su demanda sobre un acceso soberano al mar.
Según estimaciones del canciller boliviano, la sentencia de La Haya sobre el caso podría darse a conocer en marzo de 2018.
Un turista en la isla Incahuasi en el Salar de Uyuni, Bolivia.David MercadoReuters
"Estamos conscientes de que después de la sentencia vamos a sentarnos a negociar; eso amerita la voluntad política de ambas partes", comentó Huanacuni a 'El Deber', revelando que se ejecutan "conductos regulares" para afianzar el diálogo con Chile luego de conocerse el fallo de la CIJ.
La larga disputa sobre la salida al mar entre Bolivia y Chile
Bolivia perdió su acceso al mar como consecuencia de la guerra del Pacífico de 1879–1883 contra Chile, que tras las hostilidades se anexionó su departamento del Litoral (actualmente este forma parte de la región chilena de Antofagasta).
El Tratado de 1904 estableció la entrega de esta región a Chile a perpetuidad.
Desde entonces, Bolivia ha intentado revertir la situación, como en las conversaciones de 1950, el Acuerdo de Charaña de 1975 o durante las negociaciones entre el presidente boliviano Evo Morales y su homóloga chilena Michelle Bachelet durante el primer mandato de este.
En 2013, Bolivia decidió acudir a la CIJ. Chile argumentaba que la jurisdicción de la CIJ se remonta al año 1948 y que, por lo tanto, dicha corte no puede resolver un litigio sobre un acuerdo firmado en 1904.
La Paz insistía en que no cuestionaba el tratado en sí, sino que aspiraba a que Santiago cumpla con varias promesas sobre la concesión de un corredor al Pacífico, como las que establecía el Acuerdo de Charaña, nunca concretado.
En septiembre de 2015, la CIJ se declaró competente en la demanda boliviana.
La decisión fue favorable a La Paz, ya que implicó la continuación del proceso.
