La diversidad de tarifas de energía eléctrica para los consumidores intermedios, o sea, los empresarios, es un problema económico porque distorsiona los costos de producción y la competitividad empresarial en una forma “selectiva”, es decir, afecta según el tipo de actividad económica en que se desempeña la empresa.
El gobierno, que es el coordinador de las políticas públicas, no se ve en la reforma del pliego tarifario. El Ministerio de Energía y Minas (MEM) y el Instituto Nicaragüense de Energía (INE) sólo están esperando la propuesta empresarial.
Entre los consumidores intermedios, los subsidios cruzados de las tarifas de energía eléctrica castigan principalmente a la actividad de Comercio, y entre los consumidores finales de electricidad se castiga exclusivamente a las familias que consumen más de 150 kWh mensuales.
Ambos consumidores, comerciantes y familias antes mencionadas, subsidian a las actividades Agropecuario (riego), Industria Manufacturera y Agua Potable (el bombeo).
La reforma del pliego tarifario de energía eléctrica es un “tema delicado”, dicen los servidores públicos.
Por su parte, el Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP) discute y analiza este tema para presentar una propuesta de política tarifaria al gobierno, que no dejará contentos a todos los agentes económicos porque siempre hay ganadores y perdedores.
Sin embargo, hay que tomar en cuenta que las políticas públicas no se dejan exclusivamente en manos del Mercado.
Es correcta la afirmación que es necesaria la reducción del número de tarifas, siempre y cuando que esté basada en una metodología científica sólida.
El presidente de la Cámara de Energía de Nicaragua (CEN), César Zamora, declaró que van a bajar de 60 a 5 las tarifas de electricidad, lo cual consideró revolucionario y en beneficio de todos los consumidores.
Concluir que lo anterior es o no es aceptable, se lo dejamos a los expertos en el tema energético, pero los consumidores deberán pronunciarse si el precio es o no es justo, aunque siempre habrá ganadores y perdedores.
La solidaridad de la tarifa debe continuar para las familias que consumen 150 kWh o menos mensuales. Por consiguiente, el resto de las tarifas no deberían ser “solidarias”, sino “justas”, y es en este tema en que la teoría económica ofrece distintos enfoques controversiales, que ya comienzan a exponerse públicamente.
Existe una prescripción estandarizada que dice: “Eliminar o reducir al máximo aquellas “distorsiones” que afecten los incentivos derivados de los precios relativos que resultan de la acción espontánea del mercado”.
Si los mercados son liberados de “distorsiones”, o si se establece una política puramente “neutral” frente a los incentivos que derivan de una acción desregulada de los mismos, llevarán a un equilibrio y a una asignación de recursos semejante a la descrita por la Norma de Competencia Perfecta.
Este es el Principio de la Neutralidad, un estandarte de las políticas fondomonetaristas o neoliberales.
El argumento de la “Neutralidad Pura” olvida, en primer lugar, que la propia “Norma de Competencia Perfecta” reconoce la posibilidad de que el logro de los “precios correctos” –llamémoslos “justos”-, en presencia de fallas de mercado, puede requerir subsidios o impuestos especiales que compensen dichas fallas, alejándose de una “neutralidad pura” o “perfecta”.
En segundo lugar, un país como es Nicaragua, el argumento de “Neutralidad Pura” olvida que estas políticas actúan en un contexto de marcadas heterogeneidades y asimetrías, y en ese marco el impacto de políticas “parejas para todos” –llamémoslas “planas”- dista mucho de ser “neutral” y, mucho menos, equitativa.
Veamos algunos ejemplos. En Nicaragua, la política crediticia no es neutral, la tasa de interés no la fija el mercado, el pago del impuesto sobre la renta de las actividades económicas no ha sido neutral, la condicionalidad de la estabilidad macroeconómica actual no es neutral, los procedimientos para la formación de precios y salarios no es neutral, la política de privatización no fue neutral, las subastas de los activos de cuatro bancos que fueron liquidados en 2001 y 2012 no fue neutral. Por supuestos, existen otros ejemplos.
En resumen el “Mercado” no es perfecto ni es Dios, y no puede sustituir, por muy importante que sea como mecanismo de asignación, las decisiones colectivas referentes a la equidad, la reducción de los niveles de heterogeneidad y disparidades estructurales y el bienestar general de la sociedad, entre otras más importantes como son, por ejemplo, la estrategia de desarrollo económico nacional y la protección ambiental.
Los nicaragüenses no pueden renunciar a la adopción de tales decisiones.
El avance del análisis económico en las últimas cuatro décadas ha mostrado que “los mercados, tal como funcionan realmente, están plagados de fallas e imperfecciones”: la competencia es imperfecta; la información es costosa, de difícil recolección y está distribuida en forma asimétrica; los mercados son incompletos o subdesarrollados; la racionalidad de los agentes económicos es limitada; la interdependencia estratégica existe entre los agentes económicos; las economías de escala existen; y las externalidades son múltiples y generalizadas.
Como siempre ocurre, la decisión final quedará en manos del político de turno en el poder, para quien está claro, por el momento, que el precio que pagan los consumidores de 150 kWh o menos mensuales de energía eléctrica es “justo”.
Esperemos que el asesor económico presidencial y los servidores públicos especialistas en el tema energético asesoren en buena forma al presidente Daniel Ortega para que se pronuncie sobre los precios “justos” del pliego tarifario de energía eléctrica.
https://nestoravendano.wordpress.com/2017/02/12/reflexiones-sobre-el-pliego-tarifario-de-energia-electrica/
