En mayo de 2015, el Banco Mundial clasificó a Nicaragua como un país de ingreso medio bajo y dejó de ser un país de ingreso bajo, después de haber sido un país pobre muy endeudado en términos de producción tras haber alcanzado el Punto de Culminación Flotante de la Iniciativa para Países Pobres Muy Endeudados en febrero de 2002.
Hasta antes de mayo de 2015, Nicaragua estaba obligada a contratar préstamos externos multilaterales muy concesionales, principalmente del Banco Interamericano de Desarrollo, Banco Mundial y Fondo Monetario Internacional.
El elemento de concesionalidad de la nueva deuda externa del país condicionado por el FMI era de al menos 35%, que representa la porción de un préstamo que constituye una ayuda financiera y que se define como la diferencia en términos porcentuales entre el valor nominal del préstamo y el valor presente (VP) de todos los pagos del préstamo.
Mientras más alta sea esta diferencia, mayor es el elemento de concesionalidad.
De acuerdo con datos oficiales, el elemento de concesionalidad de la contrataciones de la deuda externa pública en 2015 fue igual a 34.1%, mientras que el de las contrataciones de préstamos multilaterales fue igual a 29.8%.
Por otro lado, el Banco Mundial indicó en su Estrategia de País vigente hasta el año de 2019, que Nicaragua es un país exitoso porque ha reducido la dependencia de la cooperación externa blanda, es decir, cooperación externa concesional, por el buen manejo fiscal al reducir el déficit del presupuesto nacional.
Con el supuesto de que en este año de 2016 se apruebe la Ley NICA Act y que no se congelen los desembolsos de los préstamos que ya han sido contratados por Nicaragua con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Mundial (BM/IDA), la economía de Nicaragua continuará creciendo entre 5% y 6% anual en 2016 y 2017.
Además, en el corto plazo no se visualiza un deterioro económico provocado por dicha ley porque Nicaragua podría usar, por primera vez, una línea de crédito de US$200 millones renovada recientemente por séptimo año consecutivo con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) a raíz de la Gran Recesión de 2008-2009, que está destinada exclusivamente a solventar eventualidades de insolvencia y fortalecer la liquidez del Banco Central de Nicaragua.
La iniciativa de la Ley NICA ACT presentó el inconveniente de tratar de solucionar asuntos políticos con asuntos económicos.
Con el peor de los supuestos, si dicha ley se aprobara en este año y se congelaran todos los desembolsos de los préstamos ya contratados, así como la contratación de nueva deuda pública con el BID y el BM/IDA, Nicaragua tiene la opción de sustituir esos recursos con fondos del BCIE.
Dicha opción se fundamenta en el estatus de Nicaragua como un país de ingreso medio bajo.
Al estar condicionado por el elemento de concesionalidad en la contratación de nueva deuda pública, Nicaragua no podía contratar grandes préstamos con términos financieros semi concesionales o no concesionales, como son los préstamos del BCIE.
Dada la restricción del elemento de concesionalidad antes mencionado, Nicaragua, que es país dueño del BCIE como también lo son los demás países centroamericanos, ha utilizado aproximadamente el 13% de la oferta total de los préstamos que le ha asignado BCIE, la que es igual a 30% de la cartera total de préstamos para los países de la región.
En otras palabras, el 17% del monto asignado en la cartera de préstamos que no ha sido utilizado por Nicaragua es aproximadamente igual a 1 mil millones de dólares en el banco regional, y el país puede usar esos recursos crediticios porque ahora ya no es un país de ingreso bajo sino un país de ingreso medio bajo, reconocido como tal por el Banco Mundial.
Por lo tanto, en el caso extremo de un boicot financiero para Nicaragua en el BID y el BM/IDA en contra de Nicaragua, nuestro país podría sustituir los US$250 millones prestados anualmente por los dos organismos multilaterales con los fondos que tiene disponibles en el BCIE.
Por supuesto que el sector público de Nicaragua tendría que elaborar la cartera de proyectos de inversión a ser presentada al BCIE, con el propósito de continuar ejecutando los proyectos que serían afectados en las actividades de electricidad y agua potable, educación y salud, transporte y comunicaciones, administración pública, agropecuario y construcción de la red vial, actualmente financiados por BID y el BM/IDA.
El BCIE es la segunda institución financiera multilateral más importante para Nicaragua en desembolsos de préstamos externos, sólo superado por el BID, y está sobre el BM/IDA, el Banco Europeo de Inversión (BEI), la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA).
Reitero que, como Nación, debemos prepararnos para lo peor, pero también debemos contribuir en la búsqueda de soluciones, por ejemplo, en la formulación de un plan alternativo, con el fin de evitar la paralización de los proyectos de inversión pública que favorecen el bienestar de la población y facilitan el desarrollo de la inversión privada, tanto extranjera como doméstica, que garantizan el crecimiento económico sostenible del país.
https://nestoravendano.wordpress.com/2016/09/27/una-alternativa-ante-la-iniciativa-de-la-ley-nica-act/
