Un explosivo aumento del 14.7 por ciento en el crecimiento de las solicitudes de seguros de cesantía es realmente muy expresivo de lo que está sucediendo en Chile en relación al empleo y respecto de aquella sensación de inestabilidad laboral que afecta a los trabajadores asalariados.
De acuerdo al reciente informe de la Superintendencia de Pensiones, fueron cursadas 15.780 solicitudes de seguros más que en 2015, las que se concentran principalmente en personas desvinculadas del agro, la pesca y ganadería, además de la construcción.
Muchos de los nuevos desempleados se habrían desempeñado, además, en el comercio y las actividades inmobiliarias en general.
En este crecimiento del desempleo podría explicarse el “tirón de orejas” que le ha hecho el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, a los empresarios, instándolos a lloriquear menos y ponerse a crear más fuentes de trabajo.
Un cometido difícil cuando otras evaluaciones económicas indican una baja ostensible de las ventas del comercio, además de ratificar las altas cifras del endeudamiento familiar en Chile, cuando el 23 por ciento de los hogares, según las últimas cifras, gastan todos los meses más que sus ingresos.
Especialmente en los sectores más pobres.
Una situación que probablemente no es visualizada por la clase política, mucho más interesada en la farándula electoral estimulada especialmente por la televisión; esto es, en los dimes y diretes de esa profusa cantidad de candidatos presidenciales y los cálculos que hacen los distintos partidos acerca de los próximos resultados electorales.
Si bien es cierto que la actitud de los ciudadanos es desgraciadamente muy sensible al marketingelectoral, no cabe duda que el malestar de la población, así como los nubarrones que vienen envolviendo a nuestra economía, pueden ser muy determinantes a la hora de concurrir a las urnas, o abstenerse de hacerlo.
Justamente como manifestación de descontento y repudio transversal a los referentes políticos.
Sería hora que la clase gobernante se preocupara en serio de desarrollar nuevos medios de producción y fuentes de trabajo.
En vista, justamente, que el gran empresariado no está dispuesto a hacer más en este sentido y hasta prefiere emigrar sus inversiones al extranjero, a fin de maximizar utilidades e inhibir las reformas económicas y sociales crecientemente exigidas por nuestra población, que como se comprueba en las calles, está harta ya de espera.
Se sabe que los grandes detentores de la riqueza prefieren obtener dividendos en los paraísos fiscales y en la especulación financiera, más que en el emprendimiento real en labores productivas.
Su “patria”, ciertamente, es la que les ofrece mejores dividendos, en el menor tiempo posible y pagando los salarios más bajos o simplemente miserables a vista y paciencia de gobernantes y legisladores que, como se sabe, se aseguran remuneraciones por encima de las que muchas naciones ricas disponen para sus autoridades.
Aunque somos un país con abundantes recursos naturales y financieros, la subsidiariedad del Estado consagrada en la Constitución pinochetista vigente impide a los gobiernos emprender por cuenta del Estado, como sucedía antes, entregándole el monopolio de los negocios a las empresas privadas y extranjeras enseñoreadas en nuestro territorio.
De allí que muchos piensen que la primera y principal de las reformas debió ser el reemplazo de la actual Carta Magna que, como hemos podido comprobar, consagra el modelo neoliberal, la interdicción del Estado, la concentración de la riqueza y la supresión de los derechos laborales y sindicales.
Además de tolerar otros despropósitos como la apropiación indebida de las cotizaciones previsionales por las AFP, los abusos constantes de las Isapres y el afán de lucro en actividades como la educación, objetivo que para las efectivas democracias constituye un derecho y no una oportunidad de negocio para los especuladores.
Ante la desaceleración económica, la pérdida de empleo y el deteriorado poder adquisitivo de sueldos y pensiones, además de las malas prácticas, evasiones y colusiones del gran empresariado, la política debiera emprender un cambio constitucional que le recupere al Fisco su poder de iniciativa y la posibilidad, francamente, de reeditar aquel tiempo en que las principales empresas del país eran fomentadas al abrigo del Estado, hasta que la dictadura las expropió y repartió entre sus más inescrupulosos partidarios y cómplices.
El ultracapitalismo que todavía domina nuestras decisiones económicas (e impide una justa distribución del ingreso) verdaderamente contrasta con la situación de otros países donde los medios de producción en gran parte son de propiedad fiscal, como ha quedado recientemente acreditado por el caso de Francia, donde las empresas en más de un 50 por ciento pertenecen al Estado. Especialmente si son estratégicas, como el transporte público y los suministros eléctricos.
Tal cual ocurre con las principales universidades, por ejemplo.
Todos sabemos que son millonarias las reservas económicas del país empozadas en la banca extranjera y que, si fueran repatriadas, podrían volcarse a la producción y diversificación industrial para procurar empleos mejor remunerados.
Tal como entendemos que, si nuestros gobernantes asumieran un mínimo de coraje y justicia, enormes recursos destinados a las Fuerzas Armadas y a la insensata carrera armamentista podrían incrementar significativamente la inversión, así como financiar íntegramente la educación y la salud.
Expropiar a los Fondos de Pensiones todo lo mal habido o, en subsidio, restringirles sus abusivas utilidades, desde luego nos dotaría de recursos suficientes para mejorar el estándar de vida de los trabajadores y pensionados.
Así como para sostener líneas crediticias que fomenten el emprendimiento de las pequeñas y medianas empresas que son las que más procuran trabajo en nuestro país.
Claro; todo esto pasa por hacer limpieza en la actividad política sometida por el cohecho de las grandes empresas, lo que ha impedido la libre determinación de sucesivos gobiernos y bancadas parlamentarias.
Los políticos actúan maniatados e interdictos luego de ser sobornados por los poderosos empresarios, como por las multinacionales que se han apropiado de nuestros recursos mineros, pesqueros y forestales, entre otros.
Y para colmo, ya venían practicando el fraude tributario de la mano de los candidatos, partidos, jueces y hasta superintendentes de la administración pública.
Amparados todavía por una blanda legislación que facilita la práctica de los juicios abreviados, se soslayan las penas carcelarias para los poderosos y se multa a los delincuentes de cuello y corbata con cifras muy por debajo de lo robado al bolsillo de todos los consumidores, como a las arcas fiscales.
La crisis económica que nos amenaza ojalá no siga sirviendo de excusa para continuar constriñendo el salario, postergando las reformas laborales y renunciando a los compromisos asumidos respecto de la educación gratuita y de calidad para todos.
Que no sirva, tampoco, de justificación a esos poderosos medios de comunicación que tanto se hacen cómplices de la desigualdad social en nuestro país.
Por el contrario, ante cifras como las que comentamos, los chilenos y nuestras organizaciones debemos tomar conciencia de la necesidad de remecer todo el andamiaje institucional vigente, partiendo por reemplazar la Constitución, así como disponiéndonos a impedir la impunidad que algunos propician después de tantos años que han conculcado los derechos económicos, sociales y culturales de la población, distraída por la política cupular y su voraz corrupción.
Publicado en “Punto Final”, edición Nº 857, 5 de agosto 2016.
