El olimpismo está siendo vapuleado por un escándalo de dopaje sin precedentes que en realidad esconde debajo la nueva Guerra Fría que se libra en la actualidad.
El asunto se muestra complejo, con múltiples aristas, donde confluyen poderosos intereses políticos, económicos y comerciales, intereses que exceden el marco estrictamente deportivo.
En resumidas cuentas, el lamentable caso va a significar que los atletas rusos no podrán participar en los Juegos de Río de Janeiro.
Así lo decidió la Asociación Internacional de Federaciones de Atletismo (IAAF), tras seguir las recomendaciones de la Agencia Mundial Antidopaje (WADA, por sus siglas en inglés).
Basándose sobre todo en el llamado informe McLaren, la WADA solicitó al Comité Olímpico Internacional (COI) que la prohibición se extendiera a toda la delegación rusa.
El COI tomó una decisión salomónica: se negó a adoptar ese mayúsculo castigo colectivo y dictaminó que cada federación daría el permiso de participación solo a aquellos deportistas rusos sobre los que no pese sospecha o sanción de dopaje.
El presidente del COI, el alemán Thomas Bach, fue muy criticado por no plegarse a los deseos de la WADA.
Le han linchado mediáticamente por "haberse lavado las manos" como si fuera Poncio Pilatos.
Otros le han acusado de "achantarse" (acobardarse) ante las presiones del Kremlin y los patrocinadores comerciales.
Creen que Bach ha antepuesto el multimillonario contrato por los derechos de transmisión en televisión de las pruebas deportivas suscrito con la cadena estadounidense NBC.
Bach hizo lo correcto.
Eliminar a un deportista de élite simplemente por el hecho de ser ruso, aunque haya pasado 10 controles y no haya dado positivo en ninguno de ellos, supone violar la Carta Olímpica cuyo sexto principio fundamental, casi relegado al olvido, dice lo siguiente:
"El disfrute de los derechos y libertades enunciados en esta Carta Olímpica se asegurará sin discriminación de ningún tipo, como raza, color, sexo, orientación sexual, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición".
Sancionar a todos los deportistas rusos sin excepción no solo habría restado competitividad y espectacularidad a los Juegos de Río sino que también habría supuesto estigmatizar a Rusia como nación.
Como sugiere el presidente del Comité Olímpico Español (COE), Alejandro Blanco, "es imposible pensar y asimilar que se elimine a un país entero" porque "hay que respetar a los deportistas" que no han ingerido sustancias prohibidas.
© AFP 2016/ TOM KIMMELL
Cualquier decisión habría sido perjudicial para el olimpismo, pero la expulsión habría tenido peores consecuencias pues incluso quienes pedían un escarmiento ejemplar para Rusia admiten que ese país es una superpotencia polideportiva a todos los niveles, principalmente en el organizativo.
Pero las críticas no cesan puesto que algunos periodistas británicos ya cuestionan la idoneidad de Moscú para albergar la Copa Mundial de Fútbol que debe celebrarse en 2018.
Es evidente que se pretende arruinar la reputación deportiva rusa y por extensión fortalecer el clima de tensión política existente hacia Moscú.
Por desgracia, los Juegos se han convertido de nuevo en una palanca de confrontación política.
Eso recuerda a la que ya se vivió en 1980 cuando Estados Unidos y otros 65 países aliados, aproximadamente, boicotearon la cita olímpica de Moscú como medida de protesta por la invasión militar soviética de Afganistán.
Tampoco es casualidad que todo este enorme embrollo fuera destapado por la prensa occidental (alemana y norteamericana) en diciembre de 2014, tras el brusco enfriamiento de las relaciones entre Rusia y EEUU a consecuencia de la crisis en Ucrania.
Además, algunos detalles del asunto no huelen bien.
El informe incriminatorio corrió a cargo del abogado canadiense Richard McLaren.
El documento tiene como piedra angular el testimonio de Grigori Rodchenkov, quien fuera el director del centro antidopaje en Moscú (RUSADA). Rodchenkov declaró a McLaren que Rusia puso en marcha un programa estatal de dopaje durante cuatro años que se extendió a los Juegos de Londres (2012) y de Sochi (2014).
Rodchenkov le dijo que creó sustancias ilegales para ayudar a los atletas olímpicos rusos a competir mejor y que cambió las muestras de orina fraudulentas por otras limpias de modo que pudieran evadir la detección.
Para ello, según explicó, se sirvió hasta de la ayuda de un agente del FSB, el servicio secreto ruso.
McLaren sostiene que Rodchenkov era "una persona creíble y sincera en el contexto de la investigación" (página 23 del informe), pero también admite que las alegaciones formuladas contra él por varias personas y representantes institucionales "podrían afectar su credibilidad en un contexto más amplio".
McLaren calla que Rodchenkov se vio salpicado en 2011 en un juicio por venta de anabolizantes que implicaba a su hermana.
Y que probablemente por esa razón, en febrero de ese año, intentó suicidarse clavándose un arma blanca en el pecho.
Fue ingresado de urgencia en el pabellón psiquiátrico del Hospital Sklifosovsky de Moscú, donde permaneció dos meses y donde le diagnosticaron un "episodio depresivo grave con síntomas psicóticos".
Con estos serios antecedentes médicos, ¿es realmente fiable esta persona?
Otro punto oscuro de toda esta historia gira alrededor de Vitali Stepánov, quien ya en 2010 denunciara estas malas prácticas a la WADA. ¿Por qué sus acusaciones no prosperaron entonces y ahora sí lo han hecho? Porque la situación geopolítica internacional era completamente diferente a la actual. En otras palabras, porque Rusia era en aquel tiempo un aliado de Occidente.
Bach acusó a la WADA de negligencia porque toda esta tormenta podría haberse evitado si la Agencia Mundial Antidopaje hubiera investigado a tiempo las denuncias vertidas por Stepánov.
Los funcionarios de esa organización se defienden diciendo que no tenían la autoridad para actuar de oficio hasta que se revisó el código antidopaje en 2015, pero hay pasajes de la antigua normativa que pueden interpretarse de forma diferente, incluido uno que afirmaba que los papeles y responsabilidades de la WADA incluyen cooperar con "organizaciones y agencias relevantes nacionales e internacionales, incluyendo pero sin limitarse a facilitar estudios e investigaciones".
