El llamamiento de los Demócratas a favor del control de la venta y posesión de armas de fuego como “solución” a las matanzas masivas ha cobrado fuerza desde la horrible masacre homófoba de Orlando del pasado 12 de junio.
En algunos aspectos, el llamamiento tiene sentido. ¿Sería mejor vivir en una sociedad con menos armas?
Desde luego. ¿Huele la defensa de las armas de fuego por la derecha a doble rasero? Por supuesto.
¿Gozan los grupos de presión como la National Rifle Association (NRA) de un poder absurdo?
Claro que sí. Sin embargo, la insistencia actual en el control de armas desvía la atención de la causa fundamental de la masacre de Orlando: la opresión sistemática de las gentes de color lesbianas, gays, bisexuales y transexuales (LGBT).
Pasa por alto asimismo la racialización histórica y actual de la legislación en materia de armas de fuego, mientras se cosifica al mismo tiempo una narrativa que legitima la violencia estatal por parte de la policía y el ejército.
Desde la masacre de Orlando han proliferado artículos, análisis e incluso chistes gráficos en los medios de comunicación de la corriente dominante que denuncian lo fácil que es adquirir un arma de fuego.
El control de armas fue un tema destacado en la vigilia del 13 de junio en Stonewall Inn, Nueva York.
El llamamiento a los políticos a que “saquen las armas de las calles” recibió un fuerte aplauso de las más de 4 000 personas presentes, y todos los cargos electos que intervinieron ensalzaron el control de armas y lo que han hecho ellos por conseguirlo.
No obstante, la mayoría de políticos se abstuvieron de comentar las actitudes sociales y políticas que conforman la homofobia, que fue el motivo real del atentado.
Varios diputados al Congreso protagonizaron una teatral “sentada” en el Capitolio reclamando una ley que prohíba la venta de armas a quienes figuran en la lista de personas que tienen vetado volar, pero esos mismos representantes no dijeron ni pío sobre el clima de odio que condujo a la masacre.
La masacre de la discoteca Pulse fue un acto de violencia homófoba contra personas LGBT latinas, negras y morenas. Este hecho debería ser evidente para quienes saben cómo es comúnmente la violencia homófoba en EE UU y en otros países.
Tal como ha señalado recientemente Glenn Greenwald, los atentados homófobos no son una aberración, sino más bien un rasgo característico de las actitudes políticas y sociales negativas hacia las personas LGBT.
El Centro Nacional de Igualdad de los transexuales ha calculado que el 63 % de las personas transexuales en EE UU han sufrido actos de discriminación, incluido el despido, el acoso escolar, el desahucio y agresiones físicas.
Las minorías LGBT étnicas y raciales son especialmente vulnerables. En 2014, el 80 % de las víctimas de asesinatos de personas LGBT fueron gente de color. En el Reino Unido, los crímenes de odio homófobos aumentaron un 22 % en 2015, mientras que en Brasil han sido asesinadas 48 mujeres transexuales en enero de este año.
La violencia y discriminación contra personas LGBT tampoco son meramente el fruto de actos individuales.
Mientras que EE UU se declara un bastión de la democracia y la liberación, más de 22 Estados de la Unión han legalizado el odio al promulgar leyes anti-LGBT. Más de un centenar de leyes anti-LGBT han sido remitidas al Senado de EE UU por cámaras legislativas de sendos municipios en los últimos años, en gran parte en respuesta a la legalización federal del matrimonio homosexual en 2015.
En vez de utilizar la masacre de Orlando como una oportunidad para debatir sobre la discriminación a escala estatal y la creciente violencia anti-LGBT, los medios de comunicación dominantes se han centrado en la legislación sobre el control de armas o en el terrorismo, o en una combinación de ambos.
Los políticos están más que contentos de seguir el juego, eludiendo toda responsabilidad por este ambiente de odio. Centrarse en el control de armas también ayuda a evitar cuestiones incómodas en torno a la naturaleza racializada de las leyes existentes sobre armas de fuego.
Estas leyes crean la ilusión de la igualdad de trato, pero de hecho se aplican de modo distinto en función de la raza del atacante, del número de personas afectadas y de la raza de la o las víctimas.
Un ejemplo son las leyes “Stand Your Ground”/1. Un estudio de 2012 examinó “200 casos en Florida y reveló que un 73 % de los acusados de haber matado a una persona negra fueron declarados no culpables, mientras que los que habían matado a una persona blanca fueron declarados no culpables el 59 % de las veces.”
En 2012, George Zimmerman quedó absuelto del cargo de asesinato de segundo grado pese a haber matado a sangre fría a un adolescente afroamericano de 17 años de edad, Trayvon Martin. Ese mismo año, Marissa Alexander, una mujer afroamericana, fue condenada inicialmente a 20 años de cárcel por haber disparado un tiro de advertencia cuando su marido amenazó con matarla.
El esfuerzo actual por controlar la tenencia de armas de fuego también está explícitamente racializado. El típico pistolero que dispara contra una muchedumbre es un hombre blanco de derechas y de tradición cristiana, y aun así la iniciativa más firme de los Demócratas a favor del control de armas se basa en la lista de personas que tienen vetado tomar un avión, una medida racista de la era de Bush que afecta casi exclusivamente a musulmanes.
Ni siquiera los abogados de la ACLU (Unión por las Libertades Civiles) que litigan contra esta lista saben cómo entra alguien a formar parte de ella ni cómo se le puede borrar de la misma.
El ministerio de Justicia ha admitido que nada menos que un tercio de los cientos de miles fichados solo están en la lista debido a informaciones que han caducado. Los demócratas no podían impulsar esta ley sin partir de una base racial.
El racismo ha sido siempre un factor crucial en la sociedad estadounidense y opera de manera artera en el debate sobre el control de armas.
Las políticas discriminatorias en materia de control de armas afectan desproporcionadamente a los estadounidenses negros que poseen armas y al mismo tiempo los convierten en dianas de la violencia policial extrajudicial.
Sin embargo, los políticos de EE UU no han hecho casi nada por denunciar este hecho; los Demócratas no han realizado ninguna sentada para protestar contra el asesinato de personas negras o morenas por la policía o el ejército de EE UU. Canalizar el debate hacia el control de armas escamotea, y por tanto legitima, la violencia perpetrada por la policía.
La retórica sobre la prohibición de los rifles de asalto parece ampararse en la pretensión de que la policía rodea nuestras acciones de protesta con ositos de peluche y caramelos, no con barricadas y esos mismos rifles de asalto.
En efecto, los políticos han tenido la precaución de incluir ciertas reservas con respecto al uso “legítimo” de las armas de fuego.
En respuesta a la masacre de Orlando, el ex comandante del ejército de EE UU, general Stanley McChrystal, dijo que “nuestros líderes pueden empezar ya a hacer algo más por evitar que las armas de fuego caigan en manos de quienes no se pueda confiar en que vayan a utilizarlas responsablemente”.
¿Quiénes son esas personas que pueden utilizarlas responsablemente? Para los políticos y los medios de comunicación dominantes, la respuesta es: la policía y el ejército. Sin embargo, el Estado es el agente más violento en nuestra sociedad, y el uso que hace de la violencia es todo menos justo o responsable.
Si los Demócratass estuvieran realmente preocupados por la violencia ejercida con armas de fuego, desarmarían a los principales autores de brutalidades: el ejército y la policía de EE UU.
En un discurso pronunciado en la iglesia Riverside de Nueva York en 1967, Martin Luther King proclamó que Estados Unidos era “el mayor responsable de actos de violencia en el mundo actual”. Esta observación es tan cierta ahora como lo era entonces.
El ejército de EE UU continúa brutalizando al Sur global, mientras que en el propio país murieron en 2015 –un año marcado por las protestas contra la violencia policial– nada menos que 1 185 personas a manos de la policía.
Esto es más que el número de personas asesinadas por pistoleros que han disparado contra una multitud a lo largo de los últimos 50 años.
La gente queer, particularmente los que son de color, sufren abusos físicos y verbales con mucha frecuencia por parte de la policía.
El pasmoso sondeo de Make the Road entre los residentes de Jackson Heights, en Queens, es uno más de numerosos ejemplos que documentan los abusos policiales contra comunidades queer.
La mayoría (54 %) de los encuestados LGBT dijeron que la policía les había dado el alto alguna vez. De las personas LGBT que habían recibido el alto, más de la mitad dijeron que fueron objeto de acoso físico o verbal.
La proporción es incluso más elevada entre los transexuales, de los que un 61 % informaron de acoso policial. Estos hallazgos no son exclusivos de Nueva York.
El Instituto Williams de la Universidad de California en Los Ángeles revela en un sondeo nacional realizado en 2014 que casi tres de cuatro personas LGBT y de personas que han contraído el VIH (sida) han estado en contacto cara a cara con la policía en los últimos cinco años. Alrededor de un cuarto de ellos informaron de “actitudes hostiles de los agentes”.
¿Esos son los que se supone que han de protegernos?
Además, la violencia estructural y la militarización en EE UU y en el extranjero favorecen la propensión a cometer masacres. El pistolero de Orlando había trabajado para G4S, una de las empresas de seguridad privada más grandes del mundo, y estaba obsesionado con el Departamento de Policía de Nueva York (NYPD).
Compró su rifle de asalto a un ex agente del NYPD. Como señala Roxanne Dunbar-Ortiz, la tendencia a la “violencia total” refleja una sed de sangre que caracteriza la historia militar de EE UU, desde el genocidio de los indígenas de Norteamérica hasta las guerras de Irak y Afganistán.
Es indispensable establecer la conexión entre estos actos de violencia individuales y la violencia estatal que se perpetúa dentro y fuera del país.
Si no se exige el desarme de la policía y el ejército, reclamar el control de armas no hará más que acentuar el desequilibrio de fuerzas entre la policía y las comunidades aterrorizadas por ella.
Los miembros de la comunidad LGBT tienen la misión especial de proteger nuestro legado radical e impedir que los Demócratas se apoderen de las muertes de nuestros hermanos queer.
En la vigilia de Stonewall del 13 de junio, muy poca gente parecía darse cuenta de la contradicción que existe entre el llamamiento al control de armas y el agradecimiento al NYPD cuando nos rodeaban con vallas y rifles de asalto.
Muy pocos nos percatamos de la ironía de que esto ocurriera delante de Stonewall, donde en 1969 hubo una manifestación de personas LGBT que protestaban contra el acoso policial y reivindicaban sus derechos.
En vez de ello, algunos participantes en la vigilia incluso dieron las gracias al NYPD por “protegernos”, insultando el legado de la revuelta que ha convertido nuestro punto de encuentro en un hito histórico.
Habrá quienes digan que no podemos luchar por todas las reformas necesarias al mismo tiempo y que debemos centrarnos en determinadas cuestiones.
Alegarán que las masacres cometidas con armas de fuego suponen una amenaza más inmediata que los problemas arriba descritos (homofobia, racismo, las injusticias policiales y el militarismo estadounidense).
Las masacres son terribles y traumáticas para las comunidades que las sufren, pero la única manera racional de abordar el problema pasa por buscar y eliminar las causas subyacentes.
El control de armas en su forma actual es una clásica solución de los Demócratas. Es como pintar las paredes de una casa que está a punto de derrumbarse.
El enfoque dominante del control de armas trata las masacres como fenómenos aislados y no como características consustanciales de un capitalismo divisor que enfrenta a gente trabajadora entre sí y promueve la violencia como método de expresión.
Los pistoleros asesinos tenían muchas más cosas en común que solo las armas: en muchos casos se hallaban en el nexo que une la alienación con la atomización y la xenofobia.
Si el Partido Demócrata se preocupara realmente por nuestra seguridad, promulgaría una legislación que abordara la pobreza, el racismo y la homofobia. Pero no lo hace ni lo hará. Es tarea nuestra luchar por una sociedad en que nunca más vuelva a ocurrir Orlando.
Edna Bonhomme es socialista y doctoranda en historia de la ciencia por la Universidad de Princeton. Eman Abdelhadi es doctoranda en sociología por la Universidad de Nueva York.
Nota:
1/ Las leyes stand-your-ground autorizan a las personas a protegerse y defenderse frente a amenazas reales o percibidas. Este tipo de leyes estipulan que una persona no tiene la obligación de retirarse de un lugar en el que tiene derecho legal a permanecer y que puede usar la fuerza si considera razonablemente que se enfrenta a una amenaza inminente o inmediata de sufrir un daño físico grave o de morir. [Red.]
Traducción: VIENTO SUR
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