En este conflicto armado que amenaza con agravarse, tienen razón los que decían que convenía iniciar también conversaciones de paz con las fuerzas que representa Álvaro Uribe.
A la par que se desmovilizan las Farc y el Eln asistimos a la consolidación de un movimiento guerrillero neoparamilitar, que se expande con la intención de remplazar a esos grupos y ocupar territorio, hacia el objetivo estratégico de recibir tratamiento político en un futuro.
Son tres las agrupaciones que en este escenario hacen sentir su accionar desde que ocurrió la supuesta desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia:
1) Las Autodefensas Gaitanistas (Agc), que los medios identifican como el clan Úsuga o los Urabeños;
2) Los Rastrojos o Rondas Campesinas Populares (Rcp), creados por Wílber Varela alias ‘Jabón’; y
3) Las Águilas Negras, que agrupan a los paramilitares que no quisieron desmovilizarse, entre ellos Vicente Castaño.
Cada uno de estos grupos tiene presencia en 119, 76 y 39 municipios, respectivamente, para un total de 234 municipios “influenciados”.
El paramilitarismo en Colombia no surgió por generación espontánea. Fue el resultado de una alianza entre empresarios y ganaderos que ponían la plata, mientras sectores militares de extrema derecha armaban, protegían y capacitaban a esos grupos para que hicieran el trabajo sucio de ejecutar masacres sobre cualquier vereda o pueblo del que se sospechara que apoyaba a guerrilleros, en función de lo que ellos llamaban “quitarle el agua al pez”.
Eran acciones de corte terrorista, pues se trataba de sembrar el terror para cortar con baños de sangre cualquier posible vínculo anterior o futuro entre pobladores y guerrilla.
La verdad monda y lironda es que estos grupos no desaparecieron, porque el enemigo al que querían aplastar tampoco desapareció.
Y en consideración a que podían requerir nuevamente de sus servicios (como viene ocurriendo), lo que hicieron fue disminuir el número de efectivos bajo la tramoya de una negociación en Ralito, pero se dejó intacta su capacidad bélica.
Esta es precisamente la que hoy renace al son del paro armado que inmovilizó a 36 municipios de cinco departamentos (Córdoba, Sucre, Bolívar, Antioquia y Chocó) como antesala de la ‘celebración’ de la marcha uribista del pasado 2 de abril, a la que invitaron con panfletos intimidatorios tanto el clan Úsuga como Las Águilas Negras.
En este contexto es bien diciente lo que le dijo Uribe a Noticias RCN desde Medellín, la ciudad donde fue más concurrida la marcha: “Le dan impunidad a un grupo, aparece otro. Así Colombia no saldrá de la violencia, y nos ayuda a crear conciencia sobre el efecto destructor de la corrupción”.
Luego, el mismo periodista-activista que encabezó su nota diciendo “es incalculable el número de personas que se sumaron a esta gran protesta nacional”, retomó las palabras de Uribe para señalar que “el paro armado en Colombia obedece a la corrupción que el gobierno ha ofrecido, impunidad que ha alimentado el poder de las estructuras criminales”.
Y a continuación el reportero dio paso de nuevo a las palabras de Uribe, quien dijo casi lo mismo que segundos antes, como si quisiera recalcar el libreto en ese punto específico: “Cada que le dan impunidad a un grupo terrorista, surgen otros. Cuando se le da impunidad a un grupo narcoterrorista, los demás se sienten autorizados para escalar el delito”. Ojo: “autorizados”.
¿Y cuál creen que fue el titular que le encontró el noticiero que dirige Claudia Gurisatti? Un cuarto eco para la misma idea: “ ‘Cada que le dan impunidad a un grupo terrorista, surgen otros’: Uribe durante marcha”. (Ver nota de RCN). No se requiere ser semiólogo para advertir que en esta reiteración semántica se aprecia un mensaje subliminal de justificación y apoyo, tanto al grupo organizador como al paro armado que había terminado el día anterior.
Y hay además una amenaza intimidante, cuando el senador Uribe anuncia que “Colombia no saldrá de la violencia”.
Pero fijémonos sobre todo en la justificación, porque allí da a entender que si fue posible negociar con un grupo narcoterrorista de izquierda, igual se requerirá un día negociar con el grupo narcoterrorista de derecha que no solo patrocinó su marcha sino que puso especial empeño logístico en Córdoba, cuna del paramilitarismo en Colombia y sede de la hacienda El Ubérrimo, al ladito de Montería, paralizada 24 horas antes por ese reducto paramilitar del que el expresidente no se puede sentir orgulloso de haber desmovilizado, pero que tanto le ha ayudado a su proyecto desde la trastienda.
El gobierno de Juan Manuel Santos cometió un grave error cuando subestimó el tal paro armado y no militarizó la región para garantizar la movilidad de los ciudadanos, con lo cual le dio pólvora al uribismo, al capitalizar este a su favor la ausencia del Estado en tan crucial momento.
La militarización de la vida civil se dio entonces desde la otra orilla, y a las Fuerzas Armadas se les vio asumir un papel omisivo, o cobarde, o… ¿de repliegue táctico?
Sea como fuere, estamos ante un fenómeno neoparamilitar que amenaza con crecer si no se le pone a tiempo su tatequieto, porque asume como propia la doctrina de la Seguridad Nacional que identifica en líderes populares y gente de izquierda al ‘enemigo interno’ que se debe destruir, como en efecto ha comenzado a ocurrir de nuevo.
Ya el editorial de El Espectador del 2 de abril (“Andan sueltos los jinetes de la muerte”) alertaba sobre el alto número de “asesinatos selectivos de defensores de derechos humanos, activistas de tierras y en general líderes de izquierda afines al proceso de paz”, mientras el alto comisionado para los Derechos Humanos, Todd Howland, advertía que “casi la mitad de estas personas están relacionadas con el Partido Comunista, la Marcha Patriótica o la UP”. Demasiada coincidencia, sin duda.
Resumen Latinoamericano
