‘La crisis institucional se profundiza, los cuestionamientos a los tres órganos son una prueba del estado en el que vive la nación panameña’
La incapacidad del conjunto de las instituciones del Estado para resolver la situación de crisis política, económica y social marca las condicionantes de Estado Fallido en el país.
La crisis institucional se profundiza, los cuestionamientos a los tres órganos son una prueba del estado en el que vive la nación panameña. El Ejecutivo no solo muestra ineptitud, lentitud e inoperancia, sino también pretende camuflar los diversos escándalos de corrupción que comienzan a salir en ministerios e instituciones; al igual que su posición sumisa frente a los grupos del poder económico.
Un Legislativo cada vez más deslegitimado y desgastado ante los escándalos que van desde escenas de boxeo, uso de los recursos del Estado para transportar sustancias ilícitas, sin independencia frente al Ejecutivo a cambio de impunidad y prebendas, sostenedores de un pacto de no agresión (investigación) entre Legislativo y Judicial, sometido al pacto de gobernabilidad de la partidocracia.
Un Órgano Judicial carcomido por los escándalos de venta y archivo de expedientes, por declaraciones de magistrados que demuestran la podredumbre que impera en la CSJ, con fallos y medidas cautelares altamente cuestionadas, donde no se investiga los involucrados en la corrupción allegados al Gobierno, donde impera la justicia selectiva y elitista, donde se permite la violación a los derechos humanos.
En esta crisis no escapa el Tribunal Electoral, organismos de seguridad, medios de comunicación social, gremios empresariales, la llamada sociedad civil (cuestionada por su adhesión al Gobierno) y la partidocracia. Es decir, institucionalmente para donde dirijamos la mirada encontramos más de lo mismo; para donde veamos la corrupción está extendida. No existen mecanismos de control confiables, de transparencia, de ética en el quehacer público.
En el marco de la crisis institucional aflora la sumisión de gobernantes y empresarios a la vorágine del capital extranjero, ante una burguesía parasitaria sin proyecto nacional, al decir de los sociólogos. Lo que está sucediendo con la ampliación del canal y la forma en que la Junta Directiva de la ACP ha enfrentado los reclamos, el atropello y las ineficiencias de Sacyr (GUPC), ha costado y costará millones de dólares al pueblo panameño. La ACP funciona como una república aparte, como un nuevo enclave, a favor de los intereses de los 115 ultramillonarios, los mismos que en su momento se opusieron a la lucha por nuestra soberanía y que acusaron a los luchadores sociales de maleantes, revoltosos, subversivos y comunistas.
El otro caso, el de Minera Panamá, que en su campaña de manipulación mediática cuenta con el apoyo de la cúpula empresarial, los mismos que se burlaron de los trabajadores en Minera Petaquilla, sin pagarles salarios, vacaciones y seguro social. Minera Panamá se opone a que los trabajadores panameños, quienes han pedido que Suntracs los represente, puedan defender sus derechos laborales (la Corte Suprema de Justicia falló a favor del Suntracs). Incumple las leyes laborales nacionales (como su antecesora, Minera Petaquilla), trafica con trabajadores extranjeros, les quita los pasaportes, viola sus derechos humanos y laborales (esclavitud en pleno siglo XXI). La empresa cree que vive en otra república, en un enclave, y desconoce las leyes y los tribunales nacionales, ante un Gobierno y Ministerio de Trabajo que se muestra sumiso, presionado y chantajeado por la empresa mafiosa.
Tal como he planteado en otras ocasiones: ‘Estamos convencidos de que no son los empresarios corruptos ni la ‘clase política’ hundida en el latrocinio quienes pueden guiar al país por nuevos senderos éticos, democráticos y de justicia social, pues son ellos —junto a sus socios de las corporaciones transnacionales— los grandes beneficiarios de un sistema jurídico-político moralmente pervertido, con el segundo peor índice de distribución de la riqueza en el continente y excluyente en lo socioeconómico y político’ (Frenadeso (2007).
Ante ello, el pueblo como soberano puede darse su propia normativa jurídica y, haciendo uso de su Poder Constituyente, recrear el Estado, puede convocar a una Asamblea Constituyente Originaria y Soberana, con plenos poderes para barrer con la podredumbre moral existente en los órganos de poder e instituciones de un Estado degenerado, acabar con la impunidad, recuperar los fondos y bienes robados al Estado y castigar a los corruptos y corruptores.
Por; Genaro López
SECRETARIO GENERAL DE CONUSI-FRENADESO.
http://kaosenlared.net/panama-signos-de-la-crisis-institucional/
