Campesinos con cáncer y niños con malformaciones a causa de la aspersión de glifosato y familiares de jóvenes a quienes el Ejército hizo pasar por bajas guerrilleras son parte de los efectos de la guerra contra las drogas.
Por Katalina Vásquez Guzmán
Las banderas de Estados Unidos ardían entre el fuego. “Yankees go home”, se escuchaba –como en los años sesenta– en las plazas de universidades públicas, mientras en los campos se volaron oleoductos y en las calles los protestantes incendiaban buses. Empezaba el año 2001 y, tras la aprobación del Plan Colombia en el Congreso de Estados Unidos siete meses atrás, se puso en marcha el resonado “paquete de ayuda” (US Aid Package) o Plan Colombia.
Mientras humo y llamas se desprendían de entre las estrellas blancas que simbolizan para tantos el sueño americano, en Washington y el Palacio de Nariño sonaban las copas y los aplausos por la intervención, ahora directa y amplia, de Estados Unidos en la solución de los problemas de esta nación.
En especial, el Plan se orientó, de acuerdo con el Departamento de Estado de Estados Unidos, en enfrentar los desafíos de Colombia en cuanto al narcotráfico, el fortalecimiento de “los pilares democráticos de la sociedad colombiana” y la reactivación de la economía. Para entonces, el paramilitarismo se extendía a lo largo del país, entre paisajes de todo tipo donde las guerrillas sumaban ya más de treinta años de presencia y poderío.
El cultivo de la hoja de coca, la producción de cocaína y el tráfico de la misma se incrementaba en la región, mientras la demanda entre los norteamericanos iba en aumento.
La guerra contra las drogas fue entonces la razón que Estados Unidos acuñó al Plan que, desde entonces, le otorgó a Colombia 10 mil millones de dólares. Se anunciaba que los recursos serían destinados a fumigar los cultivos de coca, al fortalecimiento de la Fuerza Pública, a atenuar el desplazamiento forzado y la violación de los Derechos Humanos, y a implementar proyectos que consolidaran la economía campesina.
De acuerdo con las voces críticas de la época, el propósito de la potencia mundial era financiar y arreciar en lucha anticomunista, persiguiendo a sangre y fuego a las guerrillas, así como atacar el pensamiento crítico y los movimientos sociales que, desde finales de los años noventa, denunciaban la incursión del paramilitarismo en ciudades y zonas rurales de la mano de militares y policías colombianos.
Según el Colectivo José Alvear Restrepo, bajo el nombre de Plan Colombia se empezó a trazar una estrategia no solo para Colombia sino para la región andina Sur, lo que sería el primer paso de lo que Bush llamó más adelante Iniciativa Regional Andina (IRA) “y que no es más que una estrategia para crear en la región andina las condiciones políticas y militares adecuadas para la implementación progresiva de la Alianza de Libre Comercio para la Américas (ALCA)”.
Esta semana pasada, cuando se cumplieron quince años del Plan Colombia, en la Casa Blanca rechinaron una vez más los cristales mientras los presidentes, sus comisiones y las reinas de belleza brindaron por el aniversario. En las zonas más empobrecidas de Colombia, los campesinos con cáncer a causa de la aspersión de glifosato que solo hasta el año pasado se suspendieron, los niños con malformaciones y los familiares de jóvenes a quienes el Ejército hizo pasar por guerrilleros para sumar “bajas” y obtener réditos, mostraban la cara no amable del paquete de intervención de la USA más poderoso en la región andina.
Si bien el Plan Colombia fue presentado como un paquete integral, el destino fundamental fue el incremento de la capacidad bélica del Estado, tal como lo afirmaba el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo.
En la práctica, los dineros del Plan fueron usados en: movilidad aérea, erradicación de cultivos ilícitos, interdicción de drogas, entrenamiento y capacitación, inteligencia, y centros de entrenamiento y mantenimiento.
Hoy por hoy siete bases militares a lo largo y ancho de todo Colombia están ocupadas por militares de Estados Unidos, donde es posible identificarlos con sus uniformes e insignias como ocurre en el municipio de Tumaco, Nariño (Sur) a donde llegó directamente para dar indicaciones a militares americanos y colombianos el embajador de Estados Unidos, tras la voladura del oleoducto de petróleo por parte de las FARC que dejó a la población sin suministro de agua durante semanas, provocando además la peor tragedia ambiental conocida en la región del mar Pacífico.
Tumaco, Buenaventura, los Llanos Orientales, la Amazonia, Antioquia, Cauca y otras zonas de Colombia vivieron, y aún hoy con la incursión armada de la Fuerza Pública colombiana con dineros, tecnología y personal de EE.UU., las consecuencias de años sin tregua donde las balas acaban con la vida de la población civil que queda en medio del fuego cruzado en nombre de la guerra contra las drogas. Esos mismos territorios muestran que, contrario a las aspiraciones del Plan, los cultivos de coca y la producción de cocaína persisten en la región, mientras los campesinos continúan sin amplias opciones distintas de la ilegalidad para realizar sus proyectos de vida.
En Plan Colombia ha sido el pilar de la relación de Colombia con Estados Unidos y, aunque los escépticos son muchos desde antes de que comenzara su implementación, a 15 años de su inicio las cifras hablan: Según la Oficina en Washington sobre América latina, la estrategia de aspersión con glifosato de más de 1,6 millones de hectáreas en Colombia no funcionó. En 2014, se dio un aumento de los cultivos al pasar de 48 mil a 69 mil hectáreas, de acuerdo con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.
“En lo que parece una perfecta contradicción con los objetivos del proyecto, durante los primeros ocho años del Plan Colombia hubo un marcado incremento en el número de víctimas del conflicto interno colombiano”, relata un artículo de la BBC publicado esta semana que agrega que “aunque es cierto que el Plan Colombia destinó recursos económicos que contribuyeron al trabajo de organizaciones de derechos humanos, también existe el argumento de que hubo un aumento del riesgo para defensores de DD.HH. por la militarización que la iniciativa trajo aparejada”.
Sean cuales fueren los resultados, críticas y bondades del Plan Colombia, lo cierto es que en sus quince años Estados Unidos reafirmó la inversión en este país, y Colombia lo recibió con beneplácito. Ahora, según la secretaria de estado Roberta Jacobson, la idea es “redirigir” los esfuerzos de sus recursos a la implementación de la paz.
Ahora la Casa Blanca expresa que quiere aportar 450 millones de dólares para el “posconflicto” en Colombia, como le han empezado a llamar al momento que siga a la firma del acuerdo final del Proceso de Paz entre las FARC y el gobierno colombiano y que, de cumplirse lo que espera el equipo de Juan Manuel Santos, se daría en el próximo mes de marzo.
Barack Obama dijo que estar muy orgulloso de anunciar un nuevo capítulo en la alianza de Colombia y Estados Unidos “y la vamos a llamar Paz Colombia”, en la cual, expresó, van a respaldar la protección de los derechos de las víctimas enfatizando en que Colombia es su mayor aliado en el hemisferio occidental con el cual, si se ha dado la mano en la guerra, también lo hará hacia la paz.
fuente: Página 12
