Ficha de la Interpol del sacerdote italoargentino Franco Reverberi. EM
El vacío legal facilita la impunidad de prófugos de la dictadura argentina como el sacerdote italoargentino Franco Reverberi" Italia se está convirtiendo en un refugio de torturadores"
Roma@monicabernabe1
Hasta cuatro testimonios identificaron al sacerdote italoargentino Franco Reverberi como el capellán del ejército que asistía a las sesiones de tortura en los calabozos de la denominada Casa Departamental, en la localidad argentina de San Rafael, durante la dictadura de Jorge Videla.
El 15 de noviembre de 2012, el juzgado federal de San Rafael ordenó la detención inmediata del cura por negarse a declarar ante el tribunal por su presunta implicación en las torturas, y solicitó a Italia su extradición a Argentina, ya que Reverberi vive ahora en un pueblecito cerca de Parma.
Y ahí sigue, porque la Justicia italiana rechazó la extradición del capellán.
¿Por qué? Aunque suene surrealista, el delito de tortura no existe en el código penal italiano, y el de lesiones ya prescribió. Los hechos que se imputan al sacerdote ocurrieron en 1976, y el delito de lesiones vencía a los 22 años y seis meses. Ahora ya es tarde para juzgarlo."Italia se está convirtiendo en un refugio de torturadores", lamentan fuentes oficiales de la embajada argentina en Roma, que prefieren mantener el anonimato.
La legación diplomática recurrió al Tribunal Supremo de Casación italiano la sentencia dictada por la Corte de Apelación de Bolonia que denegaba la entrega del cura, y también ha solicitado extraditar a otros dos militares italoargentinos por la misma razón.
Pero, en todos los casos, se ha topado con el mismo muro: un vacío legal inaudito.
El Parlamento italiano lleva siglos discutiendo un borrador de ley para introducir el delito de tortura en el código penal, sin que los partidos lleguen a un consenso, ni se produzcan avances significativos. "Existe gran presión de los sindicatos policiales. Consideran que introducir el delito de tortura supone criminalizar a las fuerzas de seguridad", explica Patrizio Gonnella, presidente de la asociación Antigone, impulsora de una campaña por el reconocimiento de la tortura como delito, en la que participa Amnistía Internacional.
El padre Reverberi, de 78 años, vive ahora en Sorbolo, un plácido pueblo situado a una decena de kilómetros de Parma, en el norte de Italia. Allí es una persona respetada. Es el párroco que se encarga de las confesiones y también oficia algunas misas. Reside en una habitación en la rectoría, justo detrás de la iglesia."El domingo es el peor día para encontrarlo porque está en misión.
Va de una aldea a otra, lo invitan a comer las familias, no tiene teléfono móvil y regresa tarde por la noche", explicó a esta periodista otro párroco de la iglesia, Aldino Arcari, para asegurar que era imposible localizar al padre Reverberi en Sorbolo el domingo pasado. "No sé qué ocurrió en Argentina. Sólo sé que la última vez que un periodista vino a preguntarle por ello se puso violeta", añade el cura, sin dar más explicación.
En el pueblo nadie quiere hablar. Tres personas que conversan ante la iglesia tras la misa callan de golpe cuando se les pregunta si saben que la Justicia argentina reclama a Reverberi. "No, no lo sabemos", acaba respondiendo uno con cara de circunstancias. "¿Cómo puedes decir eso? ¡Acabamos de tomar la comunión!", exclama una señora escandalizada. "Bueno, sí, lo sabemos. Pero eso ya es una historia pasada. No lo extraditaron", justifica un tercero. "El padre Reverberi es una persona buena y tranquila. No lo podemos juzgar por lo que hizo en el pasado. Dios dirá", concluye.
Pero para la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) de San Rafael no se trata de una historia pasada. La organización argentina ya ha enviado dos cartas al Papa Francisco solicitando que interceda en el caso. En la primera recibió acuse de recibo. En la segunda, ni eso. "Reverberi llegó a declarar ante el tribunal de San Rafael en 2010", explica por teléfono desde Argentina Silvana Yomaha, secretaria coordinadora de la APDH.
"Varios testigos lo identificaron y entonces es cuando escapó", detalla. La asociación no entiende que el cura pueda vivir tranquilamente en Italia y nadie haga nada. "Todo el mundo recurre al Papa como si él lo pudiera solucionar todo", se defiende el portavoz del Vaticano, el padre Federico Lombardi. "Si la Justicia italiana no lo ha extraditado, ¿qué podemos hacer?".
Arturo Salerni, uno de los abogados contratados por la embajada argentina, intentó conseguir la extradición apelando a las normas de carácter internacional firmadas por Italia, como la Convención de la ONU contra la tortura. Pero ni por ésas. "Es necesaria una ley que convierta la prohibición internacional de la tortura en un delito", afirma la sentencia del Tribunal Supremo de Casación.
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos condenó al Gobierno italiano en abril del año pasado a indemnizar con 45.000 euros a Arnaldo Cestaro por haber sido víctima de tortura por parte de las fuerzas del orden italianas durante la celebración del G-8 en Génova en 2001 y no haber conseguido Justicia en Italia.
Existen casos similares en el país. Roma está indemnizando directamente a estas supuestas víctimas para evitar que recurran a Estrasburgo.
Publicado por Casapueblos - AEDD en 0:14
