FERNANDO RAVSBERG / Público.es – Los antecedentes de la “crisis migratoria” provocada por la presencia de unos 3000 cubanos en Costa Rica hay que buscarlos en la campaña desatada en los EEUU contra la Ley de Ajuste, legislación que, desde hace medio siglo, les da residencia a todos los ciudadanos de Cuba que pisen suelo estadounidense.
Piden hoy su derogación incluso los medios de prensa de La Florida y los políticos cubano-americanos, quienes en el pasado fueron sus más acérrimos defensores.
El Sun Sentinel hizo sonar la alarma con una serie de reportajes donde “descubrían” que los cubanos no son refugiados políticos sino emigrantes económicos. Además revelan datos donde se demuestra que la comunidad cubanoamericana no es tan “exitosa” como se había dicho hasta ahora. Por el contrario destacan en las estafas millonarias al seguro médico, en el tráfico de marihuana y en un sinnúmero de delitos más.
Inmediatamente el Nuevo Herald, el mayor periódico del anticastrismo de Miami, lanza un editorial reclamando cambios a la Ley de Ajuste y una cadena hispana de TV de los EEUU muestra la ruta que están usando los cubanos para viajar desde Ecuador hasta la frontera estadounidense.
A la par, políticos cubano-americanos como el senador y precandidato republicano a la presidencia, Marco Rubio, caen en la cuenta de que “cuando tienes personas que llegan a Estados Unidos y, al día siguiente de cumplir el año, viajan a Cuba 15 veces al año, 12 veces, 10 veces, 8 veces, no parece que estuvieran huyendo de la opresión”.
Paradójicamente, el anticastrista Marco Rubio coincide con la Cancillería de Cuba: “estos ciudadanos son víctimas de la politización del tema migratorio por parte del Gobierno de los EEUU, la Ley de Ajuste y, en particular, de la llamada política ‘pies secos, pies mojados’, la cual confiere a los cubanos un tratamiento diferenciado y único en el mundo, al admitirlos de forma inmediata y automática, sin importar las vías y medios que utilizan, incluso si llegan de manera ilegal a su territorio”.
El último año unos 30 mil cubanos habían hecho la ruta Ecuador-Colombia-Panamá-Costa Rica-Nicaragua-Honduras-Guatemala-México y todos esos gobiernos miraban hacia otro lado. El aumento de la emigración se produjo por la sospecha de que el restablecimiento de las relaciones entre Cuba y los EEUU pondría fin a la Ley de Ajuste.
El propio Sun Sentinel revela la historia de personas que se acogen a la ley y regresan a Cuba a vivir de sus beneficios.
Es Costa Rica –el más fiel aliado de EEUU en Centroamérica- la que provoca la crisis al visibilizar “la procesión”. Primero negándose a que unos 1500 cubanos atraviesen su frontera desde Panamá para, apenas unos días después, les facilita el traslado hacia el territorio de Nicaragua, país aliado de Cuba que se niega a permitir el paso de los cubanos, argumentando que se trata de una emigración ilegal.
El presidente costarricense propone crear un “corredor humanitario”, para que los cubanos recorran toda Centroamérica y México. El carácter humanitario de la propuesta queda en entredicho cuando excluye a los cientos de miles de ciudadanos de otros países que hacen la misma ruta y tienen el mismo destino.
Aun así, resultó sorprendente que un gobierno tan amigo de Washington proponga la creación de una alianza regional con el único fin de entrar emigrantes ilegales a los EEUU. Pero la mayor sorpresa fue el silencio del gobierno estadounidense.
Suponiendo que Washington no haya protestado porque esté de acuerdo con la entrada de decenas de miles de emigrantes cubanos, podrían trasladarlos en aviones o en un barco desde Costa Rica, evadiendo así la frontera nicaragüense y a las mafias traficantes de personas que operan en toda la región. Sin embargo, hasta ahora el gobierno de los EEUU sigue apartado de los encuentros regionales donde se discute el tema.
La crisis se inicia apenas dos semanas antes de que las delegaciones de La Habana y Washington se sienten a hablar de los temas migratorios bilaterales.
El gobierno cubano es un viejo enemigo de la Ley de Ajuste, según su óptica es un fuerte incentivo para que los cubanos arriesguen sus vidas.
El Departamento de Estado ha prometido no derogar esa legislación pero está sintiendo la presión de la prensa, de los políticos anticastristas y del ambiente anti-inmigrante que prevalece en el país. La “crisis” de Costa Rica podría ser el colofón “dramático” que justificara el cambio.
