(PL) Multimillonarias indemnizaciones económicas solicitaron las víctimas de espionaje telefónico ilegal bajo la administración de Ricardo Martinelli (2009-2014), que de aprobarse deberá asumirlas el Estado, publicó hoy el diario La Estrella.
Los dirigentes del Partido Revolucionario Democrático (PRD) Balbina Herrera y Mitchell Doens reclaman 30 y 20 millones de dólares en compensaciones, respectivamente, mientras el periodista del diario La Prensa Ruben Polanco solicitó cinco millones, todas incluidas en la petición del magistrado fiscal actuante.
Estos querellantes son parte de los 13 que presentaron demandas contra el expresidente, que en su calidad de diputado centroamericano, debe ser investigado y juzgado por la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que nombró a los letrados Harry Díaz como fiscal y a Jerónimo Mejías como Juez de Garantías, ambos titulares del órgano.
La primera acusación contra Martinelli, de las 12 causas en manos de la CSJ, incluye una petición de 21 años de cárcel y apertura de juicio por los supuestos delitos de inviolabilidad del secreto y derecho a la intimidad en el caso de las escuchas telefónicas a opositores, a través del Consejo de Seguridad Nacional.
Pero la defensa del exmandatario intentó deshacer el auto acusatorio alegando procedimientos violados, y al no proceder, tratan de inhabilitar a Díaz bajo el supuesto de una enemistad con el jefe del equipo de abogados, Rogelio Cruz, el mismo que defendió en Panamá al terrorista de origen cubano Luis Posada Carriles.
El pleno de la CSJ rechazó la petición y señaló deslealtad en el defensor que no presentó poder de representación, e intenta por esa vía promover la nulidad del expediente con una nueva solicitud contra el magistrado fiscal de la causa, con alegatos de violación de los derechos y garantías constitucionales de su defendido.
Los artilugios legales para retrasar procesos o intentar deslegitimar a fiscales y jueces es la estrategia que sigue el “ejército” de 14 abogados nombrados por Martinelli, quienes constantemente se presentan en medios de difusión con acusaciones de violación del “debido proceso”, y “persecución política”.
El expresidente es señalado en varias investigaciones por corrupción, y por referencias periodísticas, la de mayores pruebas documentales está relacionada con lavado de dinero y uso de información privilegiada para compra de acciones a través de la casa de valores Financial Pacific.
Esta semana otra investigación inició de oficio la Fiscalía, tras denuncias del diario La Prensa de la participación de Martinelli y sus hijos Ricardo y Luis Enrique en el negocio hidroeléctrico, mediante supuestas irregularidades y empleo de dinero ilegal.
