Millones de dólares desaparecieron de los fondos reservados del cobre a través de cientos de operaciones fraudulentas realizadas por algunos milicos entre 2010-2014. El ejército reconoce $ 8 mil millones, pero faltan más. CTC realiza denuncia legal
El llamado “Milicogate” corresponde al desfalco realizado por miembros del ejército de fondos de la Ley Reservada del Cobre, cuyas primeras luces de alarma estallaron el 2 de abril de 2014. No obstante, los desfalcos habrían comenzado en 2010, cuando iniciaba su regencia presidencial el empresario Piñera, prolongándose hasta marzo del año pasado. Dichas operaciones, que inicialmente involucraron $ 103 millones, ascenderían en la actualidad a ¡Miles de millones de pesos!
En un principio, era la justicia (¿?) militar la que seguía la pista a estos robos masivos de platas de todos los chilenos. Sin embargo, ante la evidente engañifa que significaba que los milicos se investigaran unos a otros, con rangos y estructuras de obediencia que obviamente tergiversan el asunto, ello obligó a traspasar la causa a la justicia civil; específicamente, al 7° Tribunal de Garantía de la Región Metropolitana.
Ante ésta última instancia, el pasado miércoles 30, el ejército chileno reconoció nada menos que $ 8 mil millones en facturas fraudulentas pagadas a la empresa Power-Ti. Se trata de trabajos computacionales que nunca fueron realizados y que fueron girados al Comando de Bienestar por dicha empresa, la cual los factorizó en el sistema bancario.
Algo de Historia Reciente
Si volvemos un poco atrás, a enero pasado, recién entonces fue cuando el ejército denunció las defraudaciones a la Fiscalía Centro Norte, al Consejo de Defensa del Estado y al SII. Y fue sólo después de esta tardía denuncia, que el retirado mayor del ejército Mauricio Lazcano Silva, ex jefe del Comando de Bienestar de la institución, se autodenunció por haber emitido facturas falsas y aceptar coimas por $ 6 mil millones. Quien pagaba dichas ‘gratificaciones’ era la empresa Power-Ti, la cual, de tal forma, lograba adjudicarse licitaciones de software para el ejército.
De acuerdo a la investigación, Power-Ti hizo durante dos años facturas a nombre del ejército por sumas entre los 400 y 500 millones de pesos por servicios informáticos ficticios. Una vez que los documentos eran firmados por Lazcano, la empresa iba a seis distintos factorings de entidades bancarias, como Scotiabank y BCI, para que les pagaran, los que llamaban al responsable, que era el mismo mayor y quien aprobaba la estafa. El Ministerio Público logró recuperar 46 boletas desde los factorings, pero aún quedan decenas en manos de los bancos. En su confesión, el milico Lazcano -un émulo de Penta- explicó que preparó dos licitaciones en las que asesoró a Power-Ti, infringiendo sus deberes como funcionario público.
Pasa el tiempo y en mayo, el fiscal de alta complejidad José Morales, quien lleva la causa, detalla la forma de actuar en este caso por parte de los formalizados, Lazcano y los dueños de Power-Ti Claudio Marín y Eduardo Olmedo: "hay dos tipos de ilícitos: unos que son en calidad de funcionario público, en los cuales lo que hacían estas personas era, en el marco de ciertas licitaciones en el Comando de Bienestar del Ejército, se le pagaba por esta empresa al señor Lazcano para efectos de asegurar que éstas fueran efectivamente adjudicadas a la empresa Power-Ti S.A., y luego esta empresa, a su vez, le pagaba al señor Lazcano parte de los montos que recibía del Fisco de Chile". Morales agregó que "en cuanto a los delitos de estafa, lo que hacían estas personas era que simulaban facturas falsas como verdaderas".
El tribunal determinó por esa fecha un plazo de seis meses para el cierre de la investigación.
En la investigación llevaba a cabo por Fiscalía también figuran otros delincuentes de verde, que proceden a robar a través de la empresa ‘palo blanco’ Frasim: un coronel a cargo de la Tesorería del Estado Mayor, Clovis Montero, se declaró principal responsable de la substracción de dineros públicos de dimensiones aún desconocidas. Junto con este oficial, también se encuentra detenido por los robos el cabo Juan Carlos Cruz. Hasta el que fuera tesorero del ejército, el retirado general Samuel Poblete, está metido en el asunto, luego que Montero le entregara un vale vista de la empresa contratista Frasim, para que lo ‘lavara’. Y así.
La Ley Reservada del Cobre o la ‘Llave’ del Robo Legal
Si ustedes buscan ‘Ley Reservada del Cobre’ en internet, encontraran lo siguiente: “LEY Nº 13196, DE 1958. LA PRESENTE LEY TIENE EL CARÁCTER DE RESERVADA Y POR CONSIGUIENTE, SU TEXTO HA SIDO PUBLICADO EN UNA EDICIÓN RESTRINGIDA DEL DIARIO OFICIAL.”
De lo anterior, es fácil darse cuenta que tanto secretismo, con grandes sumas de verdes billetes en manos de inescrupulosos uniformados y civiles de los cuerpos armados, da para todo. Para la compra de armas modernas que nadie necesita o pidió, pero que hace más ricos a los fabricantes y traficantes de armas; para engrosar los sueldos y beneficios para la oficialidad de las diversas ramas de las FF.AA., y de paso para sus familias; para pagarle la defensa legal a tantos infelices que mataron, desaparecieron y torturaron a buenos chilenos; para la riqueza de Pinochet y su bastarda familia; para pagar favores a los civiles amigos de los milicos, y un largo etc.
El problema de fondo no es solo la millonaria defraudación fiscal, probablemente la mayor en lo que va de esta falsa democracia, sino la absoluta falta de control de la sociedad civil y sus instancias sobre lo que hacen las FF.AA. con las entradas provenientes de la Ley Reservada del Cobre.
Ahora, si bien la mentada ley existía hasta 1973, antes de esa fecha no se conocieron desfalcos o defraudaciones, las que arreciaron luego del golpe del 11 de septiembre, cuando las FFAA se convierten en un poder político-militar por encima de cualquier autoridad política de elección popular y quedando ello refrendado en la constitución del “80.
Ergo, el “Milicogate” es un conjunto de delitos llevados a cabo por uniformados, los que tienen a su disposición una caja que no responde al escrutinio de la sociedad civil y que, como tantas otras situaciones heredadas de la dictadura cívico-militar, los gobiernos de ésta democracia gorila han mantenido y consentido.
Aquella ley Reservada del Cobre, de hecho, establece que un 10% de las ventas de Codelco deben ir a la compra de armas, con un piso anual de US$ 150 millones.
Los recursos deben ser gastados en partes iguales entre las tres ramas de la defensa, bajo estricta reserva. Por ello, la mayoría de la población ignora que pese a gastar unos US$ 600 a 900 millones anuales en los últimos gobiernos, las FF.AA. poseen un excedente de unos US$ 4.500 millones sin gastar y que las autoridades no pueden destinar a proyectos sociales.
Hasta 2025, Chile destinará otros US$ 700 a 900 millones anuales a la compra de armas, unos 5.000 a 6.000 millones pesos al cambio actual. A ese monto hay que agregar otros US$ 500 millones para adquisición de municiones.
Es decir, unos US$ 5.500 millones en cada período presidencial, en promedio. Con esos fondos se podría financiar completamente la reforma educacional o construir 20 hospitales, totalmente equipados.
También construir 300 mil viviendas de 1000 UF para familias de bajos recursos en dos gobiernos, acabando con los campamentos en el país.
Las nuevas adquisiciones, por cierto, se suman a los US$ 9.136 millones gastados ya entre 1990 y 2012, que permitieron adquirir cazabombarderos F-16, submarinos Scorpene y cientos de tanques Leopard, entre otros equipamientos de guerra. A futuro, los planes de compras de las innecesarias armas buscan mejorar la movilidad y la capacidad de fuego de las distintas ramas de la defensa, sobre todo tras las enormes fallas operativas de los ‘valientes soldados’ frente al terremoto del 27F de 2010.
Pero, para que vean que en este colosal robo no sólo tienen que ver los de la derecha política y los milicos que usufructúan del billete derivado de la famosa ley 13.196, digamos que en agosto pasado se supo que en los gobiernos de Lagos, el primero de Bachelet y el del Tatán Piraña se autorizaron inversiones secretas en armas por, al menos, US$ 1.458 millones, entre 2005 y 2014, a favor del ejército chileno con fondos de la Ley Reservada del Cobre.
Se abre también todo un capítulo sobre las bárbaras cifras invertidas en armas y equipamiento militar que evidencian que, sin tener conflictos bélicos potenciales ad portas, Chile se ha embarcado en una carrera armamentista desenfrenada, restándose con ello aportes substanciales a lo que debiera haber sido una política de inversión en un desarrollo económico nacional orientado a resolver las necesidades de las grandes mayorías nacionales.
CTC Denuncia Malversación de Platas de Todos l@s Chilen@s
Este viernes 2, la Confederación de Trabajadores del Cobre (CTC) interpuso una denuncia por malversación y defraude de recursos fiscales otorgados a las FFAA mediante la Ley Reservada del Cobre. Expresaban con dicha acción su malestar ante los cientos de operaciones fraudulentas, además de un sinfín de documentos que actualmente se encuentran en poder de la Justicia Militar.
Al respecto, el presidente de la CTC, Manuel Ahumada, sostuvo que “los trabajadores contratistas y subcontratistas representamos 2/3 de la fuerza laboral de Codelco y a quienes efectivamente producimos y extraemos esta riqueza, que es de todos los chilenos y que es parte del patrimonio y soberanía económica que tiene el país. Por tanto, nos parece impresentable que en una institución -tan rigurosa como debiera ser las Fuerzas Armadas- se generen estos desfalcos y defraudación al fisco, sobre todo por el rol que le compete a esta institución en la defensa de la soberanía del país”.
Falta aún que las diversas organizaciones del campo popular tomen como una bandera fundamental de lucha la Renacionalización del metal rojo, así como la exigencia de la derogación de la maldita ley que reserva el 10% de sus ventas a los milicos.
¡QUE LA HISTORIA NOS ACLARE EL PENSAMIENTO!
¡SÓLO LA LUCHA Y LA UNIDAD NOS HARÁN LIBRES!
Colectivo Acción Directa – Chile
