A pesar de lo grandes destapes de corrupción en todas las instituciones del Estado, las movilizaciones ciudadanas exigiendo el castigo a los corruptos y la depuración del sistema político, las múltiples detenciones de funcionarios delincuentes, las solicitudes de antejuicios contra el Presidente (por fin formalmente declarado el cabecilla de una red del crimen organizado) y varios congresistas y aspirantes a cargos de elección popular (el caso del vicepresidenciable cabecilla de una red de lavado de dinero cuando fungía como presidente del Banco de Guatemala es muy revelador), las violaciones a la ley electoral y de partidos políticos, el juicio pendiente contra la ex vicepresidenta (que finalmente ha sido capturada), y un largo etcétera; la prepotencia y la impunidad reinan supremas aniquilando cualquier semblanza de un pretendido orden institucional.
Guatemala es un lugar de enormes contrastes, de encantos naturales y vestigios del pasado que dejan estupefacto a cualquiera, pero también de imágenes de desolación y crimines contra la naturaleza que espantan; de riqueza y abundancia en manos de pocos que contrastan con la miseria y el hambre de las mayorías; de megamansiones y zonas residenciales exclusivas propias de los países más ricos del mundo, pero también de ciudades miserias pobladas de covachas y donde malviven millones de desahuciados -marca distintiva de países del llamado tercer mundo; de clases privilegiadas que ostentan mil y un diplomas de estudios superiores que sin embargo, contrastan con el analfabetismo de una gran parte de su población.
Todas estas flagrantes contradicciones aunque no únicas a Guatemala, si la definen como una nación en franco atraso, donde la democracia es solo una palabra en letra muerta.
Y es precisamente en este punto, el de la democracia guatemalteca, o, “democracia a la chapina”, donde actualmente estamos presenciando un espectáculo político cuyos autores le dan un matiz de lo absurdo, inconcebible e irracional, que uno llega a pensar, no sin razón, que esto únicamente sucede en un país inverosímil como Guatemala.
Es increíble que en medio de semejante crisis política como la que se vive en estos días en el país, todos los involucrados en ella, principalmente aquellos imputados de graves actos de ilegalidad actúen con tanta desfachatez y torpeza inmunes a todo, como si creyeran que están investidos de un poder sobrenatural que rebasa cualquier cuestionamiento a su abuso de autoridad. Están por encima de todo, de la ley y de la voluntad popular. Es algo así como ser los dueños de un Estado criminal intocable construido por ellos y para su uso exclusivo.
Esa es la realidad actual de Guatemala, donde a pesar de lo grandes destapes de corrupción en todas las instituciones del Estado, las movilizaciones ciudadanas exigiendo el castigo a los corruptos y la depuración del sistema político, las múltiples detenciones de funcionarios delincuentes, las solicitudes de antejuicios contra el presidente (ya formalmente declarado el cabecilla de una red del crimen organizado) y varios congresistas y aspirantes a cargos de elección popular (el caso del vicepresidenciable cabecilla de una red de lavado de dinero cuando fungía como presidente del BANGUAT es muy revelador), las violaciones a la ley electoral y de partidos políticos, el juicio pendiente contra la ex vicepresidenta (que finalmente ha sido capturada), y un largo etcétera; la prepotencia y la impunidad reinan supremas aniquilando cualquier semblanza de un pretendido orden institucional.
En cualquier otro país, aun en aquellos con frágiles instituciones democráticas, una crisis política similar ya habría provocado el colapso total del gobierno, y los culpables ya estarían siendo procesados penalmente, en otros casos hasta pasados por las armas por traición a la patria, pero no en Guatemala.
Y la razón de esto -que no tiene nada que ver con la existencia de un Estado de derecho robusto capaz de contener una crisis de esta magnitud- por increíble que parezca, es la existencia de un Estado mafioso debidamente fraguado y concebido para la realización de todo tipo de actividades criminales, como el fraude aduanero, lavado de dinero, narcotráfico, tráfico de influencias, nepotismo, plazas fantasmas, etc., etc.
Pero el Estado mafioso no solo ha servido al crimen organizado -institucionandolo- sino que también ha institucionalizado la protección y la impunidad de los criminales que medran en sus entrañas.
En Guatemala se persigue y se castiga con saña a los delincuentes de baja monta, sin embargo a los grandes saqueadores de las arcas del Estado, se les protege. Los bufetes de la impunidad interponen recursos de amparo a nombre de ellos. Los jueces de las altas cortes obstaculizan la aplicación de la ley, y hasta frenan las tibias reformas a la ley electoral y de partidos políticos.
El Congreso engaveta el antejuicio contra el Presidente burlándose y limpiándose el trasero con el pueblo y sus manifestaciones pacíficas. La vicepresidenta antes de ser detenida y en prisión se la pasaba en su casa conduciendo sus acostumbrados “negocios”.
El Tribunal Supremo Electoral ha emitido varias prohibiciones contra candidatos y partidos políticos por violaciones a la ley pero nadie le hace caso.
Las elecciones están a la vuelta de la esquina y todos los interesados en mantener el sistema político corrupto se apresuran para que se lleven a cabo, aun y cuando proliferen candidatos de dudosa reputación y en muchos casos con nexos con el narcotráfico y el crimen organizado. Con justa razón un gran segmento de la población harta con el sistema político corrupto, reclama la cancelación de las elecciones pues en estas condiciones no se pueden llevar a cabo.
Sin embargo, los defensores de oficio del inexistente orden institucional aducen que son la única salida viable a la crisis política, cuando es más que evidente que las elecciones son un proceso viciado, una farsa antidemocrática impregnada de corrupción, que no puede conducir a ninguna solución ya que como resultado tendremos que se legitimará una vez más a la misma clase política corrupta que se ha apoderado del Estado y todas sus instituciones en un ciclo que no parece terminar.
Resulta hasta grotesco el solo hecho de pensar que a estas alturas del estallido de la crisis se insista en que las elecciones son la única vía para salir de ella y preservar el orden institucional. Un acto de verdad grotesco.
Cuando de lo que en realidad se trata es de conservar las estructuras que sustentan el sistema político antidemocrático y criminal, el mismo que ha manipulado leyes, instaurado el abuso de poder y la impunidad como forma de gobierno y subvertido la democracia al grado de volverla un circo de lo absurdo que se repite cada cuatro años.
Durante más de medio siglo la farsa de la democracia guatemalteca ha sido el medio del que se han servido la oligarquía, los militares, los políticos en alianza con el crimen organizado para perpetuarse en el poder y mantener a sangre y fuego su condición de la clase más privilegiada en el expolio de la cosa pública.
Es precisamente la preservación de ese orden de cosas el que de manera manifiesta le cierra las puertas a toda posibilidad de que exista de un sistema político democrático, justo y sobre todo transparente, y que atienda las necesidades más urgentes de la población, tal y como se ha venido demandando en el seno de las movilizaciones ciudadanas desde el estallido de la crisis gubernamental.
Con justa razón sectores de ciudadanos conscientes demandan la cancelación de las elecciones, porque en estas condiciones, a pesar de lo que opinen los defensores del llamado orden institucional, no se pueden llevar a cabo.
Desafortunadamente para el pueblo de Guatemala que merece algo mejor, las cartas están echadas y quienes manejan los hilos del poder están a punto de salirse con la suya una vez más convenciendo con propuestas espurias a los votantes que de buena gana desfilaran hacia el matadero.
Sin embargo, no todo está perdido y una de las lecciones a tomar en cuenta es que, la vía pacífica y democrática, si bien fundamentales como medio de presión en sus fases iniciales, al final resultan inefectivas contra un poder recalcitrante debidamente estructurado y que cuenta con todos los recursos para capear el temporal, a no ser, que la frustración y el rechazo popular se transforme en una lucha que adquiera la fuerza y la determinación de asestarle golpes donde más le duele al enemigo.
Publicado por La Cuna del Sol
USA.