La Justicia española investiga por primera vez si la monarquía marroquí cometió genocidio durante la ocupación del Sáhara Occidental, una acusación establecida por un auto del juez Pablo Ruz que pide además el procesamiento de mandos militares y civiles del país magrebí.
El abogado de las víctimas de la ocupación ha anunciado que ampliará la acusación tras investigar un bombardeo con napalm y fósforo sobre un campamento saharaui.
Un forense consiguió localizar e identificar en pleno desierto los restos de saharauis desaparecidos durante más de tres décadas.
Mahmud Selma es uno de los protagonistas del primer auto de procesamiento a marroquíes por genocidio contra el pueblo saharaui.
Su historia empieza en 1976, durante la ocupación del Sáhara Occidental. Solo tenía tres años cuando su padre y su hermano desaparecieron. Más de tres décadas después se produjo el milagro.
"En 2013, a finales de febrero, un pastor estaba dando de comer a su ganado en la misma zona de Amgala y encontró unos restos dispersos de personas y al acercarse había como unas fosas. Entonces avisó a los beduinos que estaban en la zona", relató Selma a RT.
El hallazgo de los restos del hermano y del padre de Selma junto a otras seis personas es la prueba fundamental de la investigación.
Se trata de la primera vez en la historia del pueblo saharaui que se ha podido identificar a detenidos desaparecidos, una tarea encabezada por el médico forense Francisco Etxeberria, que destaca la dificultad de los trabajos.
Los especialistas solo dispusieron de seis días para explorar una zona desértica y concampos de minas. Sin embargo, al excavar se encontraron con la sorpresa de que algunos de los cadáveres conservaban el documento de identidad español.
"Fue muy impresionante. No estamos acostumbrados a que cuando vayamos a hacer la identificación de la persona, vaya a tener un documento que le acredite y menos cuando nos alejamos en el tiempo", comentó Etxeberria.
Los saharauis encontrados son ciudadanos españoles asesinados, y España, según el auto judicial, es doblemente responsable.
El juez Ruz recuerda que a efectos de la justicia nacional e internacional, la descolonización fue fallida. El Sáhara Occidental, por tanto, sigue siendo la última colonia africana.
"Es un auto muy importante porque es la primera vez que se establece una verdad judicial y en esa verdad judicial, en el auto de procesamiento, el juez Ruz va desgranando todos los antecedentes de lo que pasa (…) desde que España abandona el Sáhara Occidental. Y a partir de ahí narra una serie de hechos, una serie de masacres que se produjeron contra ciudadanos saharauis y las califica de genocidio", afirmó Manuel Ollé, abogado de las familias de víctimas saharauis.
Juan Soroeta, experto en derecho internacional, comentó que "en la calificación jurídica puede ser discutible si es un crimen de genocidio o no, pero lo que no hay ninguna duda es que son crímenes de guerra de lesa humanidad".
"Son bombardeos contra la población civil, indefensa. Contra la población que huía, que aprovechaba la noche para moverse y que cuando salía el sol tenía que esconderse para no ser objeto de esos ataques", destacó Soroeta.
Los citados bombardeos son el siguiente paso en la causa saharaui abierta en la Audiencia Nacional.
Manuel Ollé ya ha expresado su intención de ampliar la investigación enviando documentación sobre el bombardeo con napalm y fósforo que sufrió la población saharaui de Um Draiga. Según los supervivientes, solo aquel 18 de febrero fallecieron 200 personas.
"Nosotros hemos contabilizado que, al menos en 1976, durante el desplazamiento de la población ha habido más de 2.000 víctimas mortales, la mayoría, lamentablemente, madres y niños", relató Abdeslan Omar, presidente de una asociación de familiares de presos y desaparecidos saharauis.
Para Marruecos estos hechos afectan a un periodo histórico muy particular y a circunstanciasespecíficas ligadas a hostilidades armadas de otra época.
Rabat asegura que todo responde a una instrumentalización política, por lo que hasta la fecha las autoridades marroquíes no han colaborado en las órdenes de detención internacional dictadas desde la Audiencia Nacional española.
Un pulso que sin embargo, desde la arena del desierto, están dispuestas a disputar las víctimas.
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