Pablo Gonzalez

El revisionismo ucraniano y el síndrome Mauthausen


El 5 de mayo de 1945, fuerzas de la 11ª División Acorazada del Ejército de los Estados Unidos entraron en el campo de Mauthausen, en Austria. 

Encima de la puerta de entrada al campo, abandonado algunos días antes por los nazis, los presos republicanos españoles habían colocado una enorme pancarta de saludo a las fuerzas aliadas: “LOS ESPAÑOLES ANTIFASCISTAS SALUDAN A LAS FUERZAS LIBERADORAS”. 

En medio de la pancarta, tres banderas, la estadounidense y la británica, y justo en medio de ellas, la de Unión Soviética. Era su forma de agradecer a las potencias que habían vencido a la Alemania nazi.

En su Atlas del Holocausto, Martin Gilbert revela que, además de judíos, gitanos, homosexuales, testigos de Jehová y prisioneros de guerra soviéticos, los nazis habían incluido a los republicanos españoles entre los grupos sociales o nacionales a exterminar en el campo de Mauthausen. De los miles de prisioneros españoles que llegaron al campo, apenas algo más de 800 consiguieron sobrevivir.

En una entrevista concedida al periodista Luis Díez el pasado día 4 de mayo, la hija del asturiano Víctor Cueto, uno de los supervivientes de Mauthausen, comentaba que Franco les privó de la nacionalidad para evitar su vuelta a España. “Yo nací apátrida, y si no hubiese sido por los estadounidenses que dijeron: “No nos movemos de aquí hasta que no se resuelva la cuestión de la nacionalidad de los supervivientes”, no habría podido adquirir la nacionalidad austriaca”, le comentaba Silvia Dinhof-Cueto al periodista.

Tras luchar al lado del ejército francés contra los nazis, Víctor Cueto fue enviado en 1940 al campo de Mauthausen. Aquel mismo año, Stepan Bandera, con el apoyo de Mykola Lebed, Roman Shukevych y Yaroslav Stetsko, conformaba en la Polonia ocupada una facción que acabaría consolidándose como la principal fuerza política del nacionalismo ucraniano de orientación ultraderechista, la OUN-B. Según el autor Tadeusz Piotrowski, en su libro sobre el Holocausto en Polonia, el 19 de abril de 1940, tanto la facción de Bandera como la de Melnyk acordaron declarar su lealtad al Tercer Reich. Lo hicieron ante Hans Frank, el Gobernador nazi de la Polonia ocupada.

A pesar de la oposición de Hitler o Rosenberg a la restauración del Estado ucraniano en 1941, las profundas conexiones nazis de la OUN-B volverían a emerger a finales de los años 40. El apoyo de la jerarquía nazi del Ministerio del Reich para los Territorios Orientales Ocupados, el llamado Ministerio del Este, resultaría clave para el enganche de las organizaciones ultraderechistas ucranianas en la estrategia anticomunista de los servicios secretos occidentales. En especial a través del Bloque Antibolchevique de Naciones de Stetsko (ABN en sus siglas inglesas), los antiguos subordinados de Alfred Rosenberg en el Ministerio, Theodor Oberlander y Gerhard von Mende, volverían a colocar a sus aliados anticomunistas en el tablero de la política anti-soviética y anti-rusa.

Desde ahí, y a través de Stetsko, el movimiento nacionalista ucraniano apoyaría a cualquiera que quisiera acabar con las fuerzas de izquierda opuestas a su visión opresiva del mundo. Poco importa que fuera en la lejana China nacionalista de Chiang-Kai-shek o en la lucha contra movimientos católicos progresistas en América Latina.

Las organizaciones vinculadas a la OUN-B han tratado de ocultar su siniestro pasado de colaboración con las fuerzas del nazismo, apelando a la persecución posterior a los sucesos de Lviv de 1941. Lo que nunca podrán conseguir, sin embargo, es borrar las huellas de su activa colaboración con aquel régimen de Franco que se negó a aliviar las penurias de los republicanos españoles en los campos de concentración nazis. La vinculación de Yaroslav Stetsko con personalidades e instituciones del periodo franquista está más que acreditada. También lo está el control que llegó a ejercer la OUN-B sobre las emisiones en ucraniano de Radio Nacional de España.

La reciente aprobación por la Rada ucraniana de cuatro normas legislativas que buscan alejar para siempre a Ucrania de su pasado soviético tiene mucho que ver con los hechos señalados. Esas normas jurídicas pretenden reescribir la historia de la Segunda Guerra Mundial, rehabilitar a organizaciones colaboracionistas como la OUN, la UPA o el Bloque Anticomunista de Naciones y liquidar la presencia organizada del movimiento comunista en Ucrania con la excusa de la lucha contra los totalitarismos, nazi o comunista.

Basta con leer los nombres de los proponentes de la legislación anti-nazi y anti-comunista, entre ellos el convencido y violento ultraderechista Igor Mosiychuk, para renunciar a la tentación de realizar un análisis sereno y detenido de los nuevos textos. ¿Qué sentido tendría recordar, por ejemplo, que no sólo la URSS entró en guerra en 1941 con la Alemania nazi? Estados Unidos tampoco se unió a los aliados hasta diciembre de aquel año.

Tal sentido sólo podría encontrarse en caso de una verdadera voluntad de reencontrarse con la historia, la libertad y la democracia. 

Pero no hay pretensión jurídica democrática alguna en la nueva legislación ucraniana. Su única intención real es institucionalizar las ideas de uno de los movimientos nacionalistas más reaccionarios de la historia reciente de Europa como principal fuente de identidad y de legitimación del actual régimen en el poder en Kiev, convirtiendo a ese nacionalismo en ideología de Estado. 

La expulsión de la comunidad política del movimiento que más se había enfrentado a él, el comunista, no es sino un ejemplo del revanchismo de este nacionalismo y de su necesidad de hacer desaparecer de la vida tanto política como social, en ocasiones hasta de la propia vida misma (casos Dolgov, Buzina y tantos otros), a sus enemigos.

Igor Mosiychuk haciendo gala de la parafernalia parafascista ucraniana: bandera del Pravy Sektor y camiseta de los Patriotas de Ucrania, un grupo vinculado a la llamada Asamblea Social-Nacionalista de Ucrania. 

El nombre lo dice todo aunque se escriba al revés.

Esta intolerancia frente al opositor, incluso tras 25 años de post-comunismo que han convertido al Partido Comunista de Ucrania en una fuerza minoritaria, delata a quien la impulsa, poniendo de relieve su carácter anti-democrático y represivo. El carácter autoritario, cuando no totalitario, de la nueva legislación queda reflejado con la máxima claridad en el artículo 6 de la norma que rehabilita a organizaciones como la OUN o la ABN. El artículo dice lo siguiente:

La responsabilidad de la violación de la legislación sobre el status de los combatientes por la independencia de Ucrania en el siglo XX

Los ciudadanos de Ucrania, los extranjeros y personas sin ciudadanía que, mostrando públicamente desprecio por las personas mencionadas en el artículo 1 de esta ley, impiden el ejercicio de los derechos de los combatientes por la independencia de Ucrania asumen responsabilidad de acuerdo con la legislación vigente de Ucrania.

La negación pública de la legitimidad de la lucha por la independencia de Ucrania en el siglo XX es un insulto reconocido a la memoria de los luchadores por la independencia de Ucrania en el siglo XX, equivalente a un desprecio al pueblo ucraniano, y es ilegal.

No se puede cambiar la historia pero sí es posible adoptar una posición digna ante ella.

 Las personas que se han opuesto al fascismo y al nazismo, en especial aquellas que lo han hecho desde convicciones democráticas, jamás podrán aceptar el contenido de un artículo que supone callarse ante la falsificación de la verdad, dando carta de naturaleza democrática a la lucha de organizaciones reaccionarias, violentas y peligrosas como las lideradas por Yaroslav Stetsko. 

El nacionalismo ucraniano no puede negar a nadie, tampoco a sus propios ciudadanos, el derecho a mantener públicamente su opinión.

Los gobiernos europeos pueden expresar su disconformidad ante este tipo de atropellos jurídicos y personarse en la defensa de cualquiera de sus ciudadanos perseguidos por las leyes revisionistas y autoritarias del Estado de Ucrania. O pueden callar, mirar a otro lado y compartir en su fuero interno, o incluso de manera expresa, la aplicación de las leyes represivas.

 Como hizo Franco con los republicanos españoles de Mauthausen.

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