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Francia ya tiene su "patriot act" a cuenta del ataque a "charlie hebdo"


Los atentados de falsa bandera son una manera fácil de aprobar todo tipo de leyes y adoptar las más peregrinas medidas. 

Lo único que hay que hacer es agitar los Media con titulares y manipular las investigaciones, como en el 11-S o el 11-M. 

En España el atentado de Charlie Hebdo propició la aprobación de un pacto de estado antiyihaidista aprobado a la carrera por los partidos más corruptos, PP y PSOE, la Ley Orgánica de Seguridad Nacional, anteproyecto de enero de 2015, Ley de Protección Civil de diciembre de 2014 y el asentamiento de la Ley Mordaza.

Los sucesos tipo falsa bandera, como el ataque Charlie Hebdo, sirven a los gobiernos para justificar las políticas indignantes y procedimientos represivos que de otro modo serían injustificables e inaceptables. 

La supuesta amenaza que el terrorismo representa a las naciones occidentales sirve para muchos despropósitos. 

Después del 11-S fue utilizado para justificar la toma del poder del gobierno en muchas áreas, y en los últimos años es la piedra angular que justifica el aumento de las prácticas de ciberespionaje por parte de países como Estados Unidos, Inglaterra y ahora Francia.

El proyecto del gobierno socialista francés, aprobado ayer por el Consejo de Ministros, supuestamente tiene como objetivo proporcionar “un marco jurídico global” a los agentes secretos en sus actividades intrusivas en la vida privada de los ciudadanos con un claro enfoque en ” los principios y propósitos “, dice el proyecto de ley.

En aplicación de dicha normativa, los servicios secretos podrán infiltrarse y monitorear "legalmente", utilizando diversas técnicas de espionaje, a “terroristas potenciales” [nuevo termino inventado ex profeso] con una a simple autorización administrativa, o sin ella en caso de emergencia o riesgo inminente,según un proyecto de ley revelado por el diario francés “Le Figaro”. Este proyecto de ley apesta a la versión estadounidense del Pratiotic Act que ya están en vigor.

En concreto, los espías pueden acceder a conexiones de datos o interceptar comunicaciones, tales como llamadas telefónicas y mensajes de correo electrónico con una autorización administrativa sencilla, sin necesidad de obtener la aprobación del tribunal.

Eso incluye a escuchar a través de los receptores IMSI como ordenadores o dispositivos móviles; la instalación de GPS en los vehículos para seguir su movimiento; interceptación de todo tipo de comunicaciones incluso cifrada queridos y la colocación de micrófonos y cámaras.



Una de las peculiaridades del proyecto de ley es que los operadores de telecomunicaciones y proveedores de Internet están obligados a ampliar el período de retención de las conexiones de datos de uno a cinco años y los deberán comunicar a los servicios secretos que lo soliciten.

Tal como se describe anteriormente, el nuevo proyecto de ley francés es una copia directa de las políticas utilizadas por la Agencia de Seguridad Nacional NSA que se están normalizando como “legales” en Francia.

El proyecto de ley también permite la “recolección inmediata” de los datos de los sospechosos, y cualquier otra cosa que ofrezca pistas a los espías como conversaciones cifradas u otro tipo de información.

Más allá de este procedimiento contencioso, los servicios secretos deben destruir la información recogida dentro de los doce meses, y después de cinco años si se encuentran las conexiones entre datos.[Para que no quede rastro de las operaciones encubiertas ni pruebas que podrían poner en aprietos a muchos políticos.] Controlando lo incontrolable

Los redactores establecieron una lista “limitada” de razones que justifican el uso de “técnicas especiales” contra los ciudadanos. Entre ellas se encuentran la defensa nacional, los intereses extranjeros, la política económica o científica, la prevención del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva, así como la violencia que perturba la paz pública. Lo que en la práctica se convierte en una lista ilimitada.

Como ocurre con la legislación adoptada en otros países europeos y en Estados Unidos, el problema con este tipo de propuestas es que, debido a sus grandes rasgos, se le da al gobierno la capacidad de interpretar el texto de múltiples maneras, en modo de acomodar lo que quiera para enmarcar dentro de los límites de la ley.

Concentración de poder

La autorización para adoptar estos procedimientos puede ser solicitada por los Ministros de Defensa, Interior y Finanzas y están sujetos a la dirección y aprobación del Primer Ministro. De nuevo, como en el caso de los estadounidenses, el Parlamento francés está concentrando cada vez más poder en una figura política y menos en el propio órgano legislativo. Recordemos que Francia es el país europeo más centralizado. Según el proyecto, el jefe de gobierno y otras autoridades también deberán ser informadas cuando los servicios secretos lancen una operación por razones de urgencia por “amenaza inminente o un riesgo muy alto que le impida llevar a cabo la operación más tarde.”

El proyecto de ley prevé la creación de una Comisión Nacional para el Control de Técnicas de Información (CNCTI) delante de los cuales serán los jueces del Consejo de Estado y la Corte Suprema y los parlamentarios asesorados por especialistas ingenieros, abogados, informáticos y de codificación.

El CNCTI, que reemplaza a otro órgano creado en 1991, “recomienda” la interrupción de cualquier técnica que se utilice para espiar si se considera irregular [es decir ninguna], y puede someterse al Consejo de Estado, que en última instancia podría ordenar la destrucción de los elementos obtenidos.

Como sucedió en el Reino Unido y en los Estados Unidos, los eventos de bandera falsa, como el ataque Charlie Hebdo sirven muy bien para los gobiernos para justificar las políticas y procedimientos escandalosos que de otro modo serían injustificables e inaceptables. 

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