A finales del año pasado el periodista Daniel Coronell denunció que el excomisionado de Paz Luis Carlos Restrepo habría hecho una millonaria contratación, a través del Fondo de Programas Especiales para la Paz, con el empresario Henry Acosta, quien facilitaba en ese entonces acercamientos entre el gobierno de Álvaro Uribe y las Farc.
En su momento, Restrepo explicó que estos contratos eran para invertir en comunidades del Valle, en aras de crear confianza con la guerrilla y abrir el camino del diálogo.
El Fondo vuelve a ser motivo de controversia esta semana, cuando el hoy senador Álvaro Uribe publicó una serie de contratos de la Oficina del Alto Comisionado de Paz con medios de comunicación, Ongs y con personas que abiertamente apoyan el proceso de paz.
En la mayoría de los casos, estos contratos son para labores de difusión, pedagogía o asesoría especializada, así como el grupo de trabajo de esa oficina.
Este Fondo es una dependencia creada en 1997 y adscrita al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, que tiene por objeto financiar “programas de paz encaminados a fomentar la reincorporación a la vida civil de grupos alzados en armas, que demuestren su voluntad de incorporarse a la vida civil mediante su desmovilización y la dejación de armas", y su uso es discrecional por parte del Alto Comisionado.
Algo que es necesario, pues las gestiones de paz requieren recursos, discreción y asesorías múltiples.
Durante los dos gobiernos de Uribe, en los que se desmovilizaron las autodefensas y se exploró la posibilidad de una negociación con las guerrillas, el Fondo también tuvo profusas contrataciones, algunas de ellas bastante curiosas.
En la página web del Fondo reposa un escueto informe económico sobre la desmovilización de la Compañía Cacica La Gaitana de las Farc, por 81´885.169 pesos, casi todos gastados en alojamiento, transporte y vestuario.
Hoy está probado que esta fue una desmovilización ficticia, hecha con fines de propaganda engañosa, y en la que incluso se cometieron delitos, y es por la que justamente está siendo judicializado el excomisionado Restrepo.
Luis Carlos Restrepo, excomisionado de Paz del gobierno Uribe, durante la desmovilización de la compañía Cacica La Gaitana. Foto: archivo Semana.
También consta que los acercamientos con el Eln, para un proceso de paz que se frustró, le costaron a ese Fondo 1.203 millones de pesos, la mayoría de ellos (700) en transporte aéreo.
El hoy senador José Obdulio Gaviria tuvo contratos de siete millones mensuales, con cargo a un convenio de cooperación, para “adelantar investigación, sustentación, análisis y preparación previa de documentos destinados a la divulgación pública”.
Aeronaves
Una revisión a los pagos directos realizados entre enero de 2003 y agosto de 2012, muestra cómo algunos contratistas de aquellas épocas habían sido cuestionados por sus supuestos nexos con el narcotráfico y grupos paramilitares.
Una de las empresas de helicópteros que más pagos directos recibió por sus servicios de transporte aéreo fue la firma Rio Sur Ltda, cuyo representante legal y gerente según registro de las bases de datos RUES y de la Superintendencia de Sociedades es Luis Ignacio Stein.
De acuerdo con los registros consultados esta firma facturó entre 2003 y 2011 cerca de 1.442 millones de pesos por servicios de transporte aéreo prestados a la Oficina del Alto Comisionado para la Paz.
El 9 de enero del año de 2014, cuando aún estaba vigente un cese el fuego temporal de las Farc, un helicóptero de propiedad de la Sociedad Aeronáutica de Santander, firma cuyo gerente también es Stein, se fue a tierra en zona rural del municipio de Anorí, nordeste de Antioquia, muriendo sus cinco ocupantes, cuatro militares y un sacerdote.
Al instante, el expresidente Uribe difundió por Twitter fotos de partes del motor, intentando demostrar que la guerrilla lo había tumbado.
En ese momento se supo que el helicóptero estaba implicado en una investigación adelantada desde 2008 por la Fiscalía 26 Especializada de la Unidad Nacional para la Extinción del Derecho de Dominio y contra el Lavado de Activos.
En desarrollo del proceso número 7507 D.E. decretó la medida cautelar de embargo y secuestro del 100% de las acciones de la Sociedad Aeronáutica de Santander S.A..
La decisión le fue notificada a la Cámara de Comercio de Medellín mediante el oficio No. 15828 que ordenó registrar la medida, la cual se hizo efectiva el 27 de octubre de 2009.
Los directivos de la empresa investigada instauraron una acción de cumplimiento ante el Tribunal Administrativo de Antioquia contra la Fiscalía 26 Especializada para revertir la decisión. En fallo del 20 de marzo de 2013, les fue rechazada tras considerar que ese no era el mecanismo adecuado para resolver la situación.
Con dineros del Fondo de Programas Especiales para la Paz, a través de pagos directos, también se cancelaron servicios de transporte aéreo a Helicargo S.A., según consta en los registros. En total, realizó siete viajes en 2004 por los que facturó 85 millones de pesos y otro más en 2006, por el que cobró 3 millones 508 mil pesos.
Esta empresa de servicios aéreos, particularmente en helicópteros, pertenece a Luis Guillermo Ángel Restrepo, más conocido como ‘Guillo Ángel’, un polémico empresario ligado a actividades de narcotráfico en tiempos del Cartel de Medellín y quien ha sido mencionado en diversas versiones libres de paramilitares como “amigo” de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), aunque la justicia no ha podido demostrarle nada.
Una tercera empresa aérea que prestó servicios al gobierno nacional y fue pagada con dineros del Fondo de Programas Especiales para la Paz fue Vertical de Aviación, firma que recibió por 25 servicios de vuelo, entre 2003 y 2009 cerca de 1.272 millones de pesos.
Esta empresa ha estado bajo sospecha de las autoridades norteamericanas que tienen reportes que se refieren a posibles vínculos con actividades ilícitas desde 1994, época en la cual Vertical de Aviación se llamaba Helitaxi. No obstante sus directivos han negado cualquier relación con negocios ilegales y han reivindicado la licitud de sus actividades.
Otros detalles
La revisión de los gastos de este Fondo arroja detalles que llaman la atención. Uno de ellos involucra a Mauricio Nicolás Sánchez Molano, quien el 24 de agosto de 2004 prestó el servicio de alquiler del vehículo de placas CJE-969, una Toyota Prado VX, de nivel III de blindaje, “por instrucciones del Alto Comisionado para la Paz”.
Pero lo que parecía un servicio simple, se convirtió luego en un rentable negocio para Sánchez Molano, pues pasó a administrar un contrato con el antiguo Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) por 512 millones de pesos firmado del 10 de abril de 2006, y cuyo objeto fue el arrendamiento de 12 vehículos blindados por 4 meses.
La idea era reforzar el parque automotor para proteger a una serie de personajes públicos, políticos todos ellos, que por sus condiciones necesitaban de un esquema de seguridad. Lo que se supo después es que los vehículos tenían problemas de certificación y eran subarrendados.
Otra empresa que aparece en los listados de del Fondo y que prestó servicios de seguridad es Control Total Ltda, liquidada después de que las autoridades determinaran que su representante legal, Juan Felipe Sierra, estaba involucrado con grupos armados ilegales, específicamente con los llamados ‘Urabeños’, cargo que él aceptó ante la justicia y por el que fue condenado, junto con Guillermo Valencia Cossio, exdirector de Fiscalías de Medellín.
Los servicios pagados por este Fondo a Control Total, antes de que estallara todo ese escándalo, se centraron en atender con escoltas y carros blindados, ente marzo y septiembre de 2004, así como en septiembre de 2007, a los jefes desmovilizados del Bloque Cacique Nutibara.
Por esos servicios recibió poco más de 1.200 millones de pesos.
