PROCESO.COM.MX - (apro).- Las peticiones de investigación de las actividades petroleras por parte de la Comisión de Cooperación Ambiental (CEC, por sus siglas en inglés) de América del Norte se han vuelto más complicadas, debido a que Canadá, Estados Unidos y México se han aliado para impedir su avance.
De esa forma, posibles solicitudes de individuos u organizaciones de las tres naciones sobre exploración y explotación de crudo en aguas profundas o de gas shale o de lutitas, parecen estar condenadas al fracaso.
Las tres naciones se coaligaron este mes para derrotar la posibilidad de que la CEC abra un “expediente de hechos” a Canadá por la contaminación hídrica generada por los estanques de lixiviación del aprovechamiento de arenas bituminosas en el norte de la región de Alberta, caso presentado en 2010.
En la Resolución 15-01 del pasado 27 de enero, consultada por Apro, el Consejo de la Comisión decidió instruir al Secretariado para que no abra un “expediente de hechos” contra Canadá y publicar los argumentos de los países para votar en contra.
En sus razonamientos, Canadá y México arguyeron que el 31 de enero de 2014, Canadá dio aviso al Secretariado de que el ciudadano canadiense Anthony Boschmann había presentado una denuncia ante la Corte Provincial de Alberta para solicitar audiencias sobre el tema.
Y las peticiones ante la CEC no pueden avanzar si pende algún procedimiento judicial o administrativo en los tribunales nacionales.
Estados Unidos no consideró que el caso Boschmann constituya un proceso judicial pendiente, pero aceptó que el Secretariado debió haber mostrado cautela y abstenerse de continuar con el procedimiento ante la indicación canadiense.
Por Canadá firmó el documento Dan McDougall; por México, Enrique Lendo, titular de la Unidad Coordinadora de Asuntos Internacionales de la Secretaría de Medio Ambiente (Semarnat), y por Estados Unidos, Jane Nishida.
El Consejo para la Defensa de los Recursos Naturales (NRDC, por sus siglas en inglés), Defensa Ambiental de Canadá (EDC, también por sus siglas en inglés) y tres ciudadanos de las provincias de Alberta, Saskatchewan y Territorios del Noroeste, pidieron a la CEC, el 13 de abril de 2010, que analizara la apertura de una investigación para determinar si Canadá viola su Ley Federal de Pesquerías por fallar en la prevención de fugas de embalses de relaves en ríos y cuencas cercanas en la parte norte de Alberta.
La subsección 36(3) de la Ley Federal canadiense de Pesquerías establece una prohibición para el depósito de sustancias dañinas en aguas pobladas por peces. Empero, el caso Boschmann está legalmente cerrado en cortes canadienses, por lo que no se justificaría la decisión de las tres naciones.
Para Dale Marshall, administrador de Programas Nacionales de EDC, es difícil de explicar el alineamiento entre Canadá y México. “Se podría pensar que si ese voto se dirige contra el gobierno mexicano por temas de contaminación petrolera, el gobierno canadiense votaría con México. Es posible que haya un acuerdo no escrito entre los países para no perjudicarse entre ellos. Se alinean los intereses políticos”, señala el experto a Apro.
En el expediente SEM-10-002, los peticionarios acusan que el gobierno canadiense no ha enjuiciado a ninguna compañía por la contaminación del agua superficial ni ha procurado regulaciones para gestionar las fugas de las lagunas.
Canadá “ha sabido del problema por años”, asegura.
En diciembre de 2008, EDC publicó un reporte en el que estimó por primera vez la magnitud de la polución de las fugas, a partir de los datos de las empresas contenidos en las evaluaciones ambientales. Desde esa fecha, varios reportes científicos han corroborado el impacto negativo de esa actividad petrolera.
La solicitud cita al menos cuatro incidentes de contaminación.
Los embalses de relaves, estanques o lagunas de decantación cubren más de 176 kilómetros cuadrados y contienen una mezcla nociva de agua, arcilla y químicos, residuos derivados de la obtención del carburante. Los residuos provienen de la extracción de bitumen de las arenas bituminosas situadas en la parte norte de Alberta. Generalmente miden 130 kilómetros cuadrados, con un volumen de 720 mil litros.
Los depósitos contienen sustancias que afectan a los peces, como amoniaco, benceno, petróleo, toluenos, arsénico y cobre, entre otros.
Los estanques son construidos con los materiales que las empresas obtienen de las minas de la zona.
“Siempre intervienen intereses de los tres estados. Se privilegian intereses gubernamentales que mediatizan acciones sociales, ambientales o colectivas”, analiza Ramón Ojeda Mestre, presidente del Centro de Estudios Integrales para la Innovación del Territorio, en una entrevista con Apro.
La CEC, creada por un capítulo paralelo al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (NAFTA, por sus siglas en inglés), puede recomendar investigaciones a fondo si considera que las quejas están sustentadas, pero no puede obligar a los países a actuar, pues sus fallos no son vinculantes.
El esquema deja en manos de los ministros de Ambiente de los tres socios del NAFTA, vigente desde 1994, la decisión de proceder con la pesquisa, lo cual refleja las connotaciones políticas y económicas de esas posturas. Para proceder a realizar una investigación, dos de los tres países deben votar a favor.
El Consejo de la CEC tenía hasta 60 días hábiles para votar la decisión. El plazo se venció el 27 de octubre sin que haya explicado la razón del retraso.
“No parece ser una instancia adecuada, pues opera según criterios políticos. No toma decisiones vinculantes y quienes deciden son los ministros de Ambiente. No es el órgano idóneo para enfrentar esta situación. Los intereses de los Ejecutivos siguen estando en promover la industria petrolera, pese a los costos sociales y ambientales”, critica Aroa de la Fuente, investigadora del área de Presupuestos y Políticas Públicas del Centro de Análisis e Investigación Fundar.
El pasado 29 de julio el Secretariado de la CEC, comandado por Irasema Coronado, recomendó al Consejo del ente respaldar la investigación sobre Canadá.
“La investigación permitiría al público un mejor entendimiento de la estrategia de cumplimiento de la autoridad ambiental canadiense y las acciones relativas a los estanques”, argumentó la sugerencia firmada por Coronado y según la cual permanecen abiertas incógnitas centrales sobre el cumplimiento de la ley canadiense en Alberta.
México ha votado al lado de Canadá en cada petición de la CEC durante los últimos 20 años. En 2014, el representante mexicano se alineó con Canadá para rechazar dos “expedientes de hechos” que habrían investigado al gobierno de ese país. Al mismo tiempo, el delegado mexicano votó dos veces al lado de Canadá a favor de una investigación sobre las prácticas mexicanas.
Las motivaciones de esta alianza no son claras. Los votos de México podrían servir para tomar “decisiones futuras en relación con México o resultar en otras formas de presión política”, comentó Jennifer Skene en el blog de NRDC.
En septiembre de 2014, Canadá y México votaron al unísono para frenar una investigación de la CEC sobre las granjas de salmón canadienses.
El Consejo ya rebasó el plazo que tenía para pronunciarse sobre la petición de un “expediente de hechos” –presentada por 11 organizaciones ambientalistas el 11 de abril de 2013– en contra de México por el desarrollo turístico en la zona del Golfo de California.
El 5 de septiembre último el Secretariado de la CEC recomendó el inicio de la investigación.
Para Skene el fallo provee la evidencia de que “los miembros del NAFTA están permitiendo que la CEC, como tantas otras provisiones ambientales en tratados comerciales, caiga en la obsolescencia”.
Marshall sostiene que si los gobiernos continúan votando en contra de la CEC, “es justo decir que la comisión se vuelve cada vez más inútil”.
Para los solicitantes quedan las opciones de volver a presentar el caso ante la Comisión o proseguir la lucha en los tribunales canadienses.
