REUTERS - El gobierno argentino aseguró este viernes que el senador estadounidense, Marco Rubio, pretende interferir en los asuntos internos del país sudamericano al proponer una investigación internacional sobre la muerte de un fiscal, quien denunció sin fundamentos a la presidenta Cristina Fernández.
El jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, calificó a Rubio de tener una “visión imperial” que desconoce el principio de autodeterminación de los pueblos y lo acusó de representar a la “más recalcitrante derecha republicana” de Estados Unidos.
“La República Argentina es un país autónomo, soberano e independiente (…) Considero que, como siempre, las declaraciones del senador Rubio constituyen verdaderamente agravios gratuitos e infundados hacia un país soberano”, dijo Capitanich en una conferencia de prensa.
El fiscal argentino Alberto Nisman apareció muerto con un disparo en la cabeza y un arma a su lado hace 10 días, en un caso que conmocionó a la opinión pública y que sigue sin esclarecerse. Al día siguiente, el funcionario judicial debía presentar ante legisladores la inconsistente denuncia ya hecha pública contra la presidenta Fernández y su canciller, Héctor Timerman, a quienes acusó de buscar encubrir a los acusados iraníes de un atentado terrorista ocurrido hace 20 años.
El Gobierno restó importancia a la posibilidad de que la muerte de Nisman se tratara de un suicidio, la principal hipótesis de los investigadores, y acusó a agentes de inteligencia desplazados del servicio de haber instigado su muerte o, incluso, de asesinarlo.
Los últimos resultados de los peritajes difundidos el viernes por la fiscalía mostraron que el ADN encontrado en la ropa, los cartuchos y el arma que estaba junto a Nisman era únicamente del fiscal, lo que apoya la hipótesis del suicidio.
Ante la conmoción, el senador Rubio (reconocido por su rechazo a los gobiernos progresistas latinoamericanos) escribió una carta al secretario de Estado estadounidense, John Kerry, para pedirle que el caso del fiscal Nisman tenga “una investigación independiente, asistida internacionalmente.
El caso de Nisman disparó amplias dudas sobre el funcionamiento de la central de inteligencia de Argentina, que llevaron a la presidenta Fernández a enviar al Congreso un proyecto de ley para disolverla y crear una nueva agencia bajo control de la procuraduría.
Distintas fuentes dijeron a Reuters que un sector de la agencia de inteligencia se enemistó con el Gobierno hace dos años, cuando se firmó un acuerdo oficial con Irán para investigar el ataque terrorista que en 1994 dejó 85 muertos en Buenos Aires.
Los agentes disidentes rechazaban la negociación con Irán porque, según una fuente del Gobierno y organismos de derechos humanos, podía afectar el vínculo cercano que tenían con los servicios de Estados Unidos e Israel.
El viernes, en su retorno a la Casa de Gobierno tras su rehabilitación por una fractura de tobillo, la presidenta Cristina Fernández relacionó el caso de la muerte de Nisman con “conflictos externos”.
“No permitamos que nos traigan acá conflictos que están causando desolación, muerte y agobio de otros pueblos (…) no traigamos el drama y la tragedia de otras regiones remotas del mundo donde se matan, donde se torturan, donde se tiran bombas y misiles, donde se amenazan con el exterminio entre los unos y los otros”, dijo Fernández en un discurso por cadena nacional.
