Telefónica ha remitido al juez de Palma José Castro toda la documentación relativa a una transferencia de doce millones de euros realizada a una cuenta de una empresa situada en Ucrania y cuyo titular aseguró que iban dirigidos realmente a Iñaki Urdangarin.
Sin embargo, Telefónica asegura que dos personas suplantaron la identidad de dos de sus apoderados y ordenaron esa transferencia. Cuando se dieron cuenta ordenaron la cancelación al ver visos de una posible estafa.
En la documentación entregada al magistrado, a la que ha tenido acceso El Confidencial, Telefónica explica que en la entidad Caja Sol se solicitó la transferencia por importe de doce millones de euros en nombre de Telefónica “y por persona que suplantaba la identidad de Juan José Gómez Migueláñez y Eloy Paredes (apoderados de la compañía) en favor de Rim Tur LTD” en su cuenta bancaria de Kiev. “Telefónicamente se le indicó a la entidad bancaria -que había solicitado autorización- que procediese a paralizar dicha supuesta orden por sospecharse que se trataba de una tentativa de estafa”, sostiene Telefónica.
Castro había requerido toda la información antes de interrogar mañana al testigo, Juan José López Ribes, -que se encuentra actualmente en prisión- que aseguró que le había llegado ese dinero a su cuenta por error, movimiento que le causó graves perjuicios económicos. Fuentes de la investigación aseguran que esta persona no tiene credibilidad y busca algún tipo de interés.
En el correo electrónico que remite Telefónica a Caja Sol el 7 de diciembre de 2007 señala que “ante el posible origen fraudulento de la solicitud de transferencia, por el presente les instamos para que, con carácter inmediato, procedan a la retrocesión de la operación que, insistimos, en ningún momento ha autorizado Telefónica SA efectuando en nuestra cuenta el abono, con la misma fecha valor, de aquellas cantidades que indebidamente hubieran cargado en la misma”.
Es más, ante estos hechos, Telefónica interpuso una denuncia en la Policía que dio lugar a la incoación de un procedimiento en los Juzgados de Instrucción número 37 de Madrid. Por otro lado, López Ribes interpuso una demanda en Barcelona contra Telefónica por los daños ocasionados por esa transferencia y les reclamaba 548.000 euros. No se personó ante el Decanato y perdió la demanda, por lo que la compañía presidida por César Aliertareclamó 7.741 euros por la ejecución y 1.200 euros de intereses y costas.
Entre la documentación, Telefónica también remite a Castro todos los burofax remitidos por el abogado de López Ribes a Eduardo Zaplana -exministro y miembro del consejo de la compañía en ese momento-, y al director de la asesoría jurídica Enrique Medina y la respuesta de éste indicando que Telefónica no se considera causante de ningún perjuicio que Lopez Ribes alegaba haber sufrido, sino víctima del mismo.
