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Traducido del inglés para Rebelión por Sinfo Fernández.
Desde el 11 de septiembre de 2001, las políticas de Washington en Oriente Medio no han sido sino una nefasta comedia imperial de errores y un progresivo espectáculo de cómo se le puede ir dando de lado a una superpotencia.
En este drama, apenas percibido por los medios estadounidenses, Egipto, el aliado clave del tío Sam en el mundo árabe, al igual que Arabia Saudí, le ha vuelto en gran medida la espalda a la administración Obama. Como tantos otros antiguos estados clientelistas de EEUU por todo el bien llamado “arco de inestabilidad”, Egipto ha emprendido un tumultuoso viaje: de la autocracia a la democracia a una forma regurgitada del régimen y la represión militar, haciendo que su aliado de cuatro décadas parezca estar fuera de onda.
Egipto sigue siendo uno de los principales receptores de la ayuda exterior estadounidense porque el Pentágono sigue mimando al ejército egipcio con avanzados aviones de combate, helicópteros, misiles y tanques. Entre enero de 2011 y mayo de 2014, Egipto emprendió una revolución democrática, impulsada por un movimiento popular que derrocó al régimen del Presidente Hosni Mubarak. Egipto disfrutó de un breve encuentro amoroso con la democracia antes de sufrir la contrarrevolución antidemocrática pergeñada por sus generales. En todo este proceso, ¿cuál ha sido la aportación de la última superpotencia del planeta a la hora de moldear la historia del país más populoso en la estratégica zona de Oriente Medio? Ninguna. No obstante su “generosidad” hacia El Cairo, Washington se ha visto reducido al papel de espectador impotente.
Teniendo en cuenta el tiempo que EEUU lleva siendo el puntal principal de Egipto, las burocracias del Departamento de Estado y del Pentágono deberían haber sido capaces de construir un almacén de entendimiento acerca de todo lo relativo a la Tierra de los Faraones. Su fracaso en tal objetivo, junto con una sorprendente falta de familiaridad por parte de dos administraciones con la reciente historia del país, ha llevado a la humillante marginación de EEUU en Egipto. Es un rompecabezas aún sin articular, aunque es un indicador de cómo desde Kabul a Bonn, desde Bagdad a Río de Janeiro, hay muchas elites gobernantes que ya no se sienten en la obligación de tener que escuchar lo que dice Washington.
Un ejército tan inamovible como las pirámides
Desde 1952, cuando un grupo de oficiales nacionalistas del ejército puso fin a la monarquía probritánica, el ejército de Egipto ha ido siempre ocupando el asiento del conductor. Desde Gamal Abdul Naser hasta Hosni Mubarak, sus gobernantes eran comandantes militares. Y si en febrero de 2011, una mayoría de los miembros del Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas (CSFA) abandonó a Mubarak, fue sólo para impedirle que pasara la presidencia en su 83 cumpleaños a su hijo Gamal. Las políticas neoliberales aplicadas desde 2004 en adelante por el gobierno de Mubarak a instancias de ese hijo empresario, hicieron que el CSFA se temiera que podía estar sentenciada la participación del ejército en el sector público de la economía y sus extendidas sociedades públicas y privadas.
Engordado por el patronazgo de los sucesivos presidentes militares, el complejo industrial-militar ha crecido enormemente. Su contribución al producto interior bruto (PIB), aunque es un secreto de estado, podría llegar hasta el 40%, cifra sin parangón en la región. Los ejecutivos jefes de las 55 mayores compañías egipcias, que contribuyen con la tercera parte de ese PIB, son antiguos generales.
Al trabajar con el ministerio del interior, que controla la fuerza policial nacional, las unidades paramilitares y las agencias de la inteligencia civil, el CSFA (presidido por el General Abdel Fatah el-Sisi, que hace doblete como ministro de defensa) pudo manipular el movimiento de protesta contra el popularmente elegido Presidente Muhammad Mursi, de la Hermandad Musulmana (HM). Esa campaña alcanzó su crescendo el 30 de junio de 2013. Tres días después, el CSFA derrocó a Mursi, manteniéndole en prisión desde entonces.
Los generales dieron su golpe en un momento en el que, según el Pew Research Center (con sede en Washington), el 63% de los egipcios tenía una visión favorable de la HM, el 52% ratificaba al Partido el Partido de la Libertad y la Justicia y el 53% apoyaba a Mursi, que había ganado la presidencia un año antes con el 52% de los votos.
Washington pierde terreno
Cabe destacar que los funcionarios de la administración Obama no entendieron que los generales, junto con el Ministro del Interior Muhammad Ibrahim, fueron los principales impulsores de la campaña de Tamarod (“rebelión” en árabe), lanzada el 22 de abril de 2013. Se urgía a los egipcios a firmar una petición dirigida a Mursi que era a la vez simplista y populista. “Porque no hemos recuperado la seguridad, porque los pobres no tienen espacio, porque no tengo dignidad en mi propio país…”, se leía en parte del texto, “… no te queremos ya”, y pedían elecciones presidenciales de inmediato. En poco más de dos meses, los organizadores afirmaron que habían conseguido 22,1 millones de firmas, lo que representaba el 85% de los que habían participado en las elecciones presidenciales de 2012. Nunca se hizo público dónde se almacenaron esos millones de peticiones individualmente firmadas, ni tampoco ninguna organización independiente pudo verificar su existencia o cifras.
A medida que la campaña de Tamarod cobraba impulso, la policía secreta del ministerio del interior la infiltró, al igual que hicieron los partidarios de Mubarak, mientras iban restableciéndose otros elementos del estado policial de la era Mubarak. Empezaron a circular informes de que los compinches del derrocado presidente estaban proporcionando fondos para la campaña. Las oficinas por toda la nación de Egipcios Libres –un partido fundado por Naguib Sawiri, un empresario cercano a Mubarak, que aportó 2.500 millones de dólares para la campaña- se abrieron a los organizadores de Tamarod. Sawiri pagó también un video musical promocional que se reprodujo repetidamente en ONTV, un canal de televisión de su propiedad. Además, dejó que su periódico, Al Masry Al Yaun, se utilizara como vehículo de la campaña.
En el período previo a la manifestación masiva en la icónica Plaza Tahrir de El Cairo el 30 de junio, el primer aniversario del gobierno de Mursi, los cortes de electricidad eran cada vez más frecuentes y había grandes carencias de combustible. Un policía desapareció misteriosamente de las calles, la tasa del crimen se disparó. Todo esto atizó los sentimientos anti-Mursi, manipulados al parecer con precisión militar por quienes tramaron el golpe.
Ben Hubbard y David D. Kirpatrick, del New York Times, aportaron pruebas de la meticulosa preparación del golpe, especialmente por parte del ministerio del interior, en un informe titulado “Sudden Improvements in Egypt Suggest a Campaign to Undermine Morsi” [“Mejoras repentinas en Egipto sugieren una campaña para socavar a Mursi”]. Citaban a Ahmad Nabawi, un administrador de una gasolinera de El Cairo, diciendo que había escuchado varias explicaciones sobre la crisis de gas: fallos técnicos en las instalaciones de los almacenes, llegada de gas de baja calidad del extranjero y un acaparamiento excesivo por parte de la gente. Pero puso en contexto lo sucedido de esta forma: “Nos fuimos una noche a dormir y, al despertarnos al día siguiente, la crisis había desaparecido”, y lo mismo pasó con Mursi. No resulta sorprendente que de todos los ministros del gobierno Mursi, el Ministro del Interior Ibrahim fuera el único que siguió en el gabinete interino nombrado por los generales.
“Haciendo la vista gorda”
Al principio, el Presidente Obama evitó llamar “golpe” militar a lo ocurrido en Egipto. En cambio, habló vagamente de “acciones militares” para permanecer en el lado correcto del Acta de Asistencia Exterior por la que el Congreso prohibía la ayuda exterior a “cualquier país cuyo jefe de gobierno electo hubiera sido depuesto por un golpe militar o por un decreto”.
A una semana del golpe, con Mursi y los primeros de miles de seguidores de la HM arrojados tras las rejas, el CSFA dejó de lado a los candidatos de Tamarod, que se quedaron lamentándose de que los generales, violando su promesa, no les habían consultado sobre la hoja de ruta para la normalización. Tras haber llevado el caballo de Tamarod hasta el poder total, el CSFA ya no sabía qué hacer con él. Cuando los seguidores de Mursi organizaron sentadas pacíficas en dos plazas de El Cairo, la junta militar ya no pudo soportar la visión de decenas de miles de egipcios desafiando tranquilamente su arbitraria voluntad. Esperaron a que pasara el mes sagrado del Ramadán y los tres días de la fiesta del Eid ul Fitr antes de mover ficha. El 14 de agosto, las tropas del ministerio del interior masacraron a casi 1000 manifestantes mientras desalojaban las dos plazas.
“Nuestra tradicional cooperación no puede proseguir como si nada cuando se está matando a civiles en las calles y se están arrollando los derechos”, dijo Obama. Sin embargo, al final, lo único que hizo fue cancelar los ejercicios militares conjuntos anuales con Egipto fijados para septiembre y suspender el envío de cuatro aviones de combate F-16 a la fuerza aérea egipcia. A los generales, como mucho, todo esto les importó bien poco.
La impotencia de Washington ante un estado clientelista con una economía en caída libre fue como poco sorprendente. Los funcionarios del Pentágono, por ejemplo, revelaron que desde la “destitución del Sr. Mursi”, el Secretario de Defensa Chuck Hagel había tenido quince conversaciones telefónicas con el líder del golpe, el General Sisi, rogándole que “cambiara de rumbo”, todo en vano.
Cinco semanas después, el disloque entre Washington y El Cairo era vergonzosamente evidente. El 23 de septiembre, el Tribunal de El Cairo para Asuntos Urgentes ordenó que se disolviera la Hermandad Musulmana, con sus 85 años de historia. En un discurso ante la Asamblea General de la ONU al día siguiente, el Presidente Obama afirmó que, al destituir a Mursi, el ejército egipcio había “respondido a los deseos de millones de egipcios que creían que la revolución había tomado un camino equivocado”. Después formuló tan sólo alguna crítica simbólica al afirmar que el nuevo gobierno militar había “tomado decisiones inconsistentes con una democracia inclusiva” y que el futuro apoyo estadounidense “iba a depender del progreso de Egipto en la búsqueda de una senda más democrática”.
El General Sisi se quedó impávido ante esas declaraciones. En una entrevista de prensa del 9 de octubre, advirtió que no iba a tolerar presiones de Washington “ya fuera a través de acciones directas o indirectas”. Ya había habido una señal de que las leves críticas del tío Sam se estaban diluyendo. Un día antes, la portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, Caitlin Hayden, afirmó que las informaciones acerca de que iba a cortarse la ayuda militar a Egipto eran “falsas”.
A principios de noviembre, llegaron las inequívocas dóciles palabras del Secretario de Estado John Kerry: “La hoja de ruta [a la democracia], bajo nuestro punto de vista, está desarrollándose bien”,dijo en una conferencia de prensa, cuando se encontraba junto a su homólogo egipcio Nabil Fahmi durante una escala sorpresa en El Cairo. “Hay cuestiones planteadas sobre algún que otro aspecto, pero el Ministro de Exteriores Fahmi me ha asegurado una y otra vez que van a intentarlo todo y que están dispuestos a cumplir con esa decisión particular y esa ruta [la democrática].
Los generales ponen de patitas en la calle al movimiento laico prodemocracia
Fahmi y Kerry estaban examinando esa “ruta” democrática desde perspectivas diferentes. Tres semanas después, el presidente designado por los militares, Adly Mansur, aprobaba una nueva ley que prácticamente prohibía el derecho a protestar. Esta ley concedía al ministro del interior o a los altos mandos policiales un poder que sólo había tenido antes el poder judicial. El ministro o sus subordinados podrían ahora cancelar, aplazar o cambiar el lugar de las protestas para las que los organizadores habían antes recibido permiso de la policía local. Los grupos por los derechos humanos y las organizaciones laicas señalaron que la Ley de Protestas de 2013 era reminiscencia de las políticas represivas de Mubarak. Washington se quedó callado. Dos días después, los críticos de la ley organizaron una manifestación en El Cairo que fue dispersada violentamente por la policía. Docenas de activistas, incluyendo los cofundadores del Movimiento de Jóvenes del 6 de abril, Ahmed Maher y Muhammad Adel, los actores fundamentales de las protestas de la Plaza Tahrir contra Mubarak, fueron arrestados. Maher y Adel fueron sentenciados cada uno a tres años de cárcel.
Tras el golpe, el número de presos aumentó exponencialmente, llegando al menos a 16.000 en ocho meses, incluyendo a casi 3.000 miembros importantes o de nivel medio de la Hermandad. (Estimaciones no oficiales sitúan la cifra total en 22.000). Cuando se demostró que ya no tenían más espacio para hacinar a 40 presos en una celda típica en las cárceles hechas a medida, muchos miembros de la Hermandad, detenidos sin acusación alguna, tuvieron que permanecer durante meses en los calabozos de las comisarías o en prisiones improvisadas levantadas en campos de entrenamiento de la policía donde las palizas eran habituales.
Los 846 egipcios que perdieron la vida en la revolución por la democracia que acabó con el régimen autoritario de Mubarak se vieron superados por los casi 3.000 asesinados en las series brutales de medidas represivas puestas en marcha tras el golpe, según los grupos por los derechos humanos.
Las sentencias de los fundadores del Movimiento de Jóvenes del 6 de Abril –que a través de su campaña en los medios sociales había jugado un papel tan fundamental a la hora de desencadenar las manifestaciones anti-Mubarak- auguraban algo aún mucho peor. El 28 de abril de 2014, el Tribunal de El Cairo para Asuntos Urgentes prohibió el movimiento laico por la democracia, basándose en una demanda de un abogado que postulaba que habían “empañado la imagen” de Egipto y conspirado con partidos extranjeros. Con este conjunto de actos, el régimen posterior al golpe retrasó el reloj almubarakismo sin Mubarak.
Estableciendo el record mundial de sentencias masivas de muerte
En ese mismo día de abril, en la sureña ciudad egipcia de Minya, el juez Said Elgazar rompió su propio record mundial de sentencias de muerte, 529, conseguido un mes antes (en un juicio que duró menos de una hora), recomendando la pena de muerte para 683 egipcios, incluido el dirigente de los Hermanos Musulmanes Mohammed Badie. Los acusados fueron imputados de atacar una comisaría en Minya que acabó con la muerte de un policía. De los acusados, el 60% no se encontraba en Minya el día del asalto. A los abogados defensores se les impidió que cumplieran con su tarea durante los dos días que duró el juicio.
Elgazar fue un ejemplo exageradamente grotesco de un proceso judicial típico de la época de Mubarak donde no parecía haber reconciliación alguna con un inicio de democracia. Lo que sí demostró fue que había demasiada disposición a volver a la junta militar aterrorizando incluso a quienes pensaban protestar por el gobierno de los generales. Un portavoz del Departamento de Estado de EEUU llamó “desmesurado” al primer juicio del juez. Pero, como siempre, el gobierno apoyado por el ejército en El Cairo permaneció inconmovible. El Departamento de Justicia egipcio advirtió que “los comentarios sobre los veredictos judiciales son inaceptables, vengan de partes internas o externas, porque representan una seria transgresión contra la independencia del poder judicial”.
Cuando se produjo la segunda sentencia masiva de muertes, Kerry murmuró que “en el proceso y sistema judiciales egipcios se están produciendo decisiones alarmantes que nos plantean serios retos. Sus acciones, y no sus palabras, marcarán la diferencia”. Un desafiante Nabil Fahmi respondió defendiendo las sentencias por haber sido dictadas por un poder judicial independiente, “completamente independiente del gobierno”.
Una respuesta previsible ante el brutal aplastamiento por la junta militar de la Hermandad Musulmana, que en las anteriores décadas se había comprometido a participar en una democracia multipartidista, fue el incremento de las filas de los grupos militantes yihadíes. De estos grupos, Ansar Bait al-Muqdus (“Ayudantes de Jerusalén”), con base en la Península del Sinaí y vinculado a Al-Qaida, era el más amplio. Después del golpe, consiguió nuevos miembros y sus ataques terroristas se extendieron por todo el oeste egipcio del Canal de Suez.
El pasado diciembre, una bomba detonada por sus operativos junto a los cuarteles de la policía en la ciudad de Mansura, en el Delta del Nilo, mató a 16 agentes de policía. El gobierno interino, culpando en cambio a la Hermandad, la clasificó como “organización terrorista”, aunque Ansar había reclamado la responsabilidad del ataque. Al atribuir la condición de terrorista a la Hermandad, los generales se dieron a sí mismos carta blanca para intensificar aún más la supresión despiadada de la misma.
A la vez que el CSFA proseguía con su implacable cruzada contra la Hermandad y se reestablecía como poder gobernante en Egipto, hizo una concesión a la administración Obama. Presentó una nueva constitución al haber suspendido la anterior, que había sido redactada por una asamblea constituyente elegida por el pueblo. Los generales designaron un comité de cincuenta miembros, cuidadosamente seleccionados, para enmendar el suspendido documento. Entre esos cincuenta integrantes, sólo dos provenían de los grupos islamistas que habían ganado conjuntamente las dos terceras partes del voto popular en las primeras elecciones libres celebradas en Egipto.
Como era de prever, el documento resultante favorecía al ejército. Estipulaba que el ministro de defensa debía ser un militar en ejercicio y que, ante determinados delitos, los civiles serían sometidos a juicio por tribunales militares. Se prohibió la formación de partidos políticos basados en la religión, raza, género o geografía, y a ninguno se le permitiría tener una rama paramilitar. El documento fue firmado por el presidente interino a primeros de diciembre. A mediados de enero se celebró un referéndum nacional, bajo estrictas medidas de seguridad, con 160.000 soldados y más de 200.000 policías desplegados por las calles de toda la nación. El resultado: 98,1% de los votos a favor. (Un referéndum sobre la constitución de 2012 durante la presidencia de Mursi había conseguido el respaldo del 64% de los votantes.)
La farsa de esta actuación pareció escapárseles a los políticos en Washington. Kerry habló alegremente del gobierno designado por el CSFA comprometiéndose en “un proceso de transición que amplía los derechos democráticos y conduce a un gobierno inclusivo dirigido por civiles a través de unas elecciones libres y justas”.
En ese momento, el apoyo diplomático y financiero de los estados del Golfo ricos en petróleo gobernados por monarquía autocráticas estaba siendo fundamental para el régimen militar en El Cairo. Inmediatamente después del golpe, Arabia Saudí, Kuwait y los Emiratos Árabes Unidos derramaron 12.000 millones de dólares en las casi vacías arcas egipcias. A finales de enero de 2014, Arabia Saudí y los EAU añadieron 5.800 millones de dólares más. Esto ayudó a Sisi a mandar a paseo las presiones de Washington y a monopolizar el poder a su antojo.
El hombre fuerte como salvador
Para entonces, enormes fotografías y retratos del General Sisi se habían convertido en un elemento común en las calles de El Cairo y otras ciudades importantes. El 27 de enero, el presidente interino Mansur promovió a Sisi a mariscal de campo. A continuación, ese mismo día, el CSFA lo nominó para la presidencia. En los medios estatales, así como en la mayoría de los de propiedad privada, empezaron a aparecer toda una serie de historias respaldando a Sisi y vendiendo los beneficios de un liderazgo militar fuerte.
El plan original de Sisi de anunciar su candidatura el 11 de febrero, el tercer aniversario de la dimisión forzada de Mubarak, se topó con un inesperado obstáculo. El 7 de febrero, Al Watan, un periódico que apoya al régimen militar y que tiene vínculos desde hace mucho tiempo con el establishment de la seguridad, publicaba una bochornosa primera página en la que situaba la fortuna de Sisi en 30 millones de libras egipcias (4.200 millones de dólares). A los pocos minutos de su aparición, funcionarios del estado contactaron con el propietario del periódico, Magdy El Galad, exigiéndole que lo retirara en el acto. Y así lo hizo.
Sisi continuó colocando a sus secuaces en puestos clave en las fuerzas armadas, incluyendo la inteligencia militar. El 26 de marzo, dimitió del ejército y se declaró candidato independiente. Sin embargo, como reveló Alaa Al Aswany, un destacado escritor y comentarista, los altos comandantes militares siguieron realizando para él importantes tareas. No había nada claro en absoluto en tales elecciones, señalaba Aswany. La mayoría del resto de los potenciales candidatos a la presidencia había llegado a una conclusión similar: que era inútil entrar en la carrera electoral. Hamdin Sabahi, un político laico de centro-izquierda, fue la única excepción.
A pesar de la incesante propaganda en los medios privados y estatales retratando a Sisi como el futuro salvador de Egipto, las cosas no le fueron nada bien. Que iba a ser coronado como el último Faraón era un hecho. Lo único que no se sabía era: ¿Cuántos egipcios se molestarían en participar en el orquestado ejercicio?
La concurrencia fue tan escasa el 26 de mayo, el primer día de los dos días de elecciones, que el pánico se adueñó del gobierno, que declaró día de fiesta el día siguiente. Además, el ministerio de justicia advirtió que se iba a multar a quienes no fueran a votar. Las autoridades suspendieron los billetes de tren para animar a los votantes a acudir a los colegios electorales. Los presentadores de TV y los famosos de los medios regañaron y arremetieron contra los ciudadanos por su apatía, mientras les instaban a correr hacia sus colegios electorales locales. Altavoces enormes situados sobre furgonetas patrullaban por las barriadas de las ciudades alternando las estridentes exhortaciones a votar con canciones de alabanza hacia el ejército. Al Azhar, la más alta autoridad islámica en la tierra, declaraba que no ir a votar era “desobedecer a la nación”. El papa Tawadros, cabeza de la iglesia cristiana copta de Egipto, cuyos miembros forman el 10% de la población, apareció en la televisión estatal instando a los votantes a depositar sus votos.
El ex mariscal de campo había exigido una participación del 80% de los 56 millones de votantes del país. Sin embargo, incluso extendiendo las elecciones a un tercer día y de la campaña a todos los niveles para apuntalar los votos, los colegios electorales aparecían vacíos por todo el país. La participación anunciada oficialmente del 47,5% no se la creyó casi nadie. Sabahi describió la cifra “como un insulto a la inteligencia de los egipcios”. Pero a Sisi se le dio oficialmente el 96,1% de los votos, el 3% a Sabahi. El portavoz de la Alianza Nacional para la Defensa de la Legitimidad cifró la participación de los votantes en un 10-12%. La participación en las primeras elecciones presidenciales libres y justas, celebradas en junio de 2012 sin los inacabables exhortos de los presentadores de televisión y los líderes religiosos, fue del 52%.
Entre los dirigentes regionales y mundiales que telefonearon a Sisi para felicitarle por su aplastante triunfo electoral estuvo el Presidente ruso Vladimir Putin. No hubo ninguna llamada por parte del Presidente Obama.
Para Washington, que sigue siendo tan generoso en sus dádivas a la República Árabe de Egipto y a su ejército, ir a la zaga del Oso Ruso apoyando al último hombre fuerte sobre el Nilo debería tildarse sin reservas de humillación. Con su antigua esfera de influencia por los suelos, la última superpotencia ha sido decisivamente marginada por su aliado árabe clave en la región.
Dilip Hiro, colaborador habitual de TomDispatch, ha escrito 34 libros, entre ellos “After Empire: The Birth of a Multipolar World”. El más reciente es “A Comprehensive Dictionary of the Middle East”.
