Dos reportajes publicados por El País nos traen la cruda realidad de Costa Rica y Honduras al que los carteles de la droga han expoliado su seguridad y asediado sus instituciones.
El Informe de Desarrollo Humano presentado el lunes por el PNUD en Managua nos da el panorama general de América Latina, pero, estos artículos nos dan los ejemplos de los problemas descritos en el reporte de Naciones Unidas.
El caso más dramático es el de Honduras que, según el IDH, registra la más alta tasa de crímenes cometidos por cada cien mil habitantes.
Desde este ángulo, Nicaragua es un país “atípico” al que sólo separa, por fronteras formales, de dos de los países más violentos de la Tierra, incluyendo a El Salvador.
Nicaragua ha dejado atrás por una nariz a la vecina Costa Rica, en el séptimo lugar, mientras conserva un orondo sexto puesto en el continente americano.
Honduras anunció que “blindará sus mares y completará el escudo contra el narco” que opera en nuestro rostro en la Costa Moskitia, en el Caribe norte, del que parece haber sido expulsado u obligado a tomar otras rutas, lejos de nuestras tierras, como lo dijo recientemente el jefe del Ejército de Nicaragua.
En su tarea de blindaje, los hondureños cuentan con el apoyo de corbetas de los Estados Unidos y el involucramiento pleno del ejército hondureño de ese país que está recibiendo cuantioso material militar para modernizar sus alas y sus fuerzas de tierra.
Honduras se dotó recientemente de una polémica ley que le permitirá autorizar a sus Fuerzas Armadas, “el derribo de aeronaves civiles sospechosas de contrabando de estupefacientes” y que esperan extender a sus mares con la capacidad para “interceptar cualquier embarcación sobre la que exista suspicacia de que esté involucrada en operaciones del narcotráfico”.
Preocupación
Al respecto, los nicaragüenses debemos aplaudir esas medidas, pero también analizarlas. ¿Por qué? Porque “las autoridades militares y policiales hondureñas podrán ejecutar tareas de persuasión, visita, inspección, derecho de persecución, inmovilización o detención de “toda embarcación propulsada o no u objeto que, sin ser embarcación, sea razonablemente sospechosa de infringir o infrinja normas nacionales e internacionales”, según el proyecto de ley enviado por la bancada de mayoría parlamentaria del oficialista Partido Nacional al Congreso Nacional de Honduras.
Recordemos que ahora Nicaragua tiene un mar mucho más grande que proteger, por mandato del fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya, lo que incluye más barcos pesqueros faenando –incluyendo los de Colombia, Jamaica y otras nacionalidades que se han acogido al nuevo mapa nicaragüense-, naves turísticas y comerciales pasando por este territorio.
El diputado David Chávez, del Partido Nacional y presidente de la Comisión de Seguridad y Defensa del Congreso, dijo a El País que, “el 80% de la droga que entra a Honduras lo hace por mar. El tema del agua es complejo y lo que se busca es regular la jurisdicción netamente de aguas hondureñas”.
Narcoviolencia
Según el diario, “la conflictiva región oriental caribeña de Honduras se había convertido en los últimos años en una base clave de narco-mafias mexicanas y colombianas en alianza con poderosas redes locales y, según el Comando Sur, de unas 900 toneladas de cocaína que al año han pasado por Centroamérica y el Caribe, cerca del 80% se ha traficado por Honduras hacia México y Estados Unidos”.
Además, la narco-violencia en este país es causante del 80% de los homicidios. Cifras del Observatorio de la Violencia de la estatal Universidad Nacional Autónoma de Honduras mostraron que ese país, uno de los más violentos del mundo, cerró 2013 con 79 homicidios por cada 100 mil habitantes, con un total de 6.757 asesinatos.
El promedio por cada 100 mil había oscila entre 85 y 92 en años recientes.
Ticos en problemas
La vecina y apacible Costa Rica es un terreno más preocupante para Nicaragua, porque la droga que llega o pasa por suelo nacional proviene de este país casi invariablemente.
El corresponsal de El País, en San José, escribió lo siguiente: “Las autoridades judiciales de Costa Rica han tenido que enfrentarse a un panorama que creían que les era ajeno: la sospecha de que una juez de la provincia caribeña de Limón cobró casi 40.000 dólares de un narcotraficante para dejarle libre. La implicada ha sido detenida.
Y las instituciones judiciales de este país, que hasta ahora se creían fuertes – han visto cómo se evidenciaba que el crimen organizado se ha colado en el Poder Judicial y cómo ya ha llegado a gobiernos locales y policías”.
Hace una semana, el gobierno salvadoreño admitió que las maras habían invadido la Policía y algunos ministerios vinculados con la seguridad.
Esta vez es la “perfecta” Costa Rica, la que acusa recibo de la penetración de los carteles en su sistema judicial.
“En una dimensión que todavía se puede afrontar, el narcotráfico está penetrando en el Poder Judicial”, dijo a la prensa local el magistrado Paul Rueda.
“El narcotráfico ha empezado a filtrarse, pero no ha tomado al Poder Judicial; son casos aislados”, ha advertido el fiscal general de la República, Jorge Chavarría.
