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DAVID BROOKS / LA JORNADA – La semana pasada se confirmó oficialmente: ésta es la mejor democracia que el dinero puede comprar.
El humorista Andy Borowitz, de The New Yorker, resumió la noticia así: Por una decisión de cinco contra cuatro, la Suprema Corte de Estados Unidos defendió hoy el derecho de los estadunidenses más ricos de adueñarse del gobierno de Estados Unidos.
El problema es que su formulación no es tan satírica ni exagerada con fines humorísticos, sino que reporta los hechos de manera bastante precisa.
El miércoles pasado la Suprema Corte de Estados Unidos emitió un fallo en el caso McCutcheon v. Federal Exchange Commission en el que anuló limitaciones sobre el monto agregado total que un individuo puede donar a candidatos políticos, partidos y comités políticos.
El fallo escrito por el presidente de la Corte, John Roberts, argumenta que esta decisión está basada en la libertad de expresión.
Rechazó que llevaría a la corrupción del proceso electoral, y afirma que se anulan los límites impuestos por la ley actual, ya que “el único tipo de corrupción que el Congreso puede abordar es la corrupción quid pro quo” y no si esas donaciones otorgan mayor acceso o influencia política.
“La línea entre corrupción quid pro quo y la influencia general tiene que ser respetada para salvaguardar derechos básicos de la Primera Enmienda (libertad de expresión)”.
El juez agregó que los límites existentes sobre donaciones totales son inaceptables porque afectan el derecho de un individuo de participar en el debate público a través de la expresión política y la asociación política.
Ese argumento, advierten expertos, puede poner en peligro casi cualquier regulación de financiamiento de campañas, por considerarla una violación de la libertad de expresión garantizada por la Constitución.
El Congreso impulsó leyes en respuesta al escándalo de Watergate en los años 70 y limitó a un máximo de 5 mil 200 dólares el monto con el que un individuo puede contribuir a un candidato federal, y también limitó el monto de contribuciones totales de un individuo a todo candidato y partido político para contiendas federales a un máximo agregado de 123 mil 200 dólares por cada ciclo electoral de dos años.
El nuevo fallo, aunque mantiene el límite sobre donaciones de un individuo a un candidato particular, anula el límite del monto agregado total que un individuo puede contribuir a candidatos federales, partidos, comités electorales y otras instancias.
Con ello, un donante individual ahora podrá contribuir hasta 3.6 millones de dólares por ciclo electoral, aunque otros argumentan, incluso otro juez de la Suprema Corte que votó en contra, que el límite realmente es lo infinito.
El New York Times afirmó en su editorial que con este fallo la Suprema Corte continúa su cruzada para desmantelar todas las barreras al poder distorsionador del dinero en la política estadunidense.
Agregó que gracias a esta decisión, “los intereses de los muy pocos estadunidenses más ricos –los cuales difieren significativamente de los de la mayoría– ahora obtendrán mayor consideración de los legisladores”.
Robert Reich, ex secretario del Trabajo y analista socioeconómico, escribió que con el fallo se anulan efectivamente los montos que los más ricos pueden donar al proceso político y que eso, vinculado a la creciente desigualdad económica, permitirá que los más ricos compren votos para reducir sus impuestos, reciban rescates y subsidios públicos y puedan desregular sus negocios para que se vuelvan aún más ricos y así comprar más votos.
La corrupción nutre más corrupción.
Señala que hoy día los 400 estadunidenses más ricos tienen más riqueza que los 150 millones de estadunidenses más pobres, el 1 por ciento más rico es dueño de más del 35 por ciento de los bienes privados del país y captó 95 por ciento de las ganancias económicas desde el inicio de la recuperación en 2009.
Éstos, dice, ahora tendrán aún más poder para manipular el sistema político.
Robert Weisman, presidente de Public Citizen, organización nacional de defensa de derechos ciudadanos y protección del consumidor, afirmó que la primera enmienda nunca tuvo la intención de otorgar un megáfono gigantesco a los más ricos para que griten sobre el resto de nosotros.
Concluyó: esto no es democracia.
Es plutocracia.
El fallo ignora la opinión de las grandes mayorías, o sea, el demos en democracia: una encuesta de Gallup encontró en junio pasado que 8 de cada 10 estadunidenses favorecen limitar el dinero que candidatos legislativos federales pueden obtener y usar en sus campañas; otras registran que por lo menos dos tercios o más apoyan poner límites al gran dinero en la política.
El fallo continúa la tendencia de esta Suprema Corte a anular restricciones sobre intereses ricos.
En 2010, en otro fallo conocido como Citizens United, la Corte anuló límites a los montos que las empresas podrían contribuir para influir –de manera independiente– en elecciones federales, sobre el principio de que esas contribuciones son protegidas por la libertad de expresión.
Con ello, la elección federal de 2012 marcó nuevo récord como la más cara en la historia.
Ahora el dinero es lo equivalente a la libertad de expresión en el sistema político-electoral.
Tal vez es hora de solicitar una reunión de emergencia de la Organización de Estados Americanos para evaluar si Estados Unidos está violando la Carta Democrática, o tal vez Unasur podría enviar una misión de observación y asesoría a Estados Unidos, o incluso la ONU y hasta la OTAN –¿por qué no?– deberían evaluar si se requiere de sus servicios para rescatar el sistema político-electoral democrático de Estados Unidos.
Mientras tanto, aquí se realiza una gran subasta muy exclusiva de la democracia a los postores más ricos.
La Jornada
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