El nuevo Gobierno de Ucrania ha acusado a las fuerzas especiales Bérkut de estar detrás del tiroteo que dejó decenas de manifestantes muertos en Kiev el pasado febrero, acontecimiento que precedió al golpe de Estado en el país.
El propio Gobierno reveló las conclusiones de la investigación durante una rueda del ministro del Interior en funciones, Arsén Avákov, este jueves.
Sin embargo, el ministro no abordó ningún caso de agresión contra la Policía pese a que la pesquisa estaba dividida en cuatro partes para determinar los detalles de todos los episodios violentos.
Avákov rechazó la solicitud de un periodista de comentar los ataques de francotiradores contra ambas partes del conflicto.
En este primer informe desde aquel acontecimiento sangriento, el ministro responsabilizó de la violencia además de a los Bérkut, a los subordinados del expresidente Víktor Yanukóvich, incluido el exministro del Interior, así como a las milicias leales a Yanukóvich.
En la lista de los responsables entró también Rusia, que, según las conclusiones de la investigación, proporcionó armas y envió a 26 miembros de servicios de seguridad a Ucrania.
Avákov subrayó que dispone de fotografías y vídeos, que calificó de pruebas fehacientes.
Entre las pruebas el ministro mencionó que de las 17 personas que fallecieron el pasado 20 de febrero alrededor de las 11 de la mañana, ocho fueron asesinadas por una misma arma. En las últimas horas han sido detenidos 12 exmiembros de los Bérkut.
Reacciones
Rusia reaccionó al informe diciendo que estas declaraciones caerán en la conciencia de quienes las hacen.
"Esas declaraciones contradicen a una enorme cantidad de testimonios", comentó el canciller ruso, Serguéi Lavrov.
"Partimos del principio de que la verdad se debe establecer de manera transparente y en toda plenitud", agregó Lavrov.
Rusia declaró reiteradamente que los responsables de la violencia son los grupos armados de manifestantes liderados por el movimiento ultranacionalista Sector Derecho, y con una posible colaboración de algunas embajadas extranjeras.
La semana pasada el representante permanente de Rusia ante la ONU, Vitali Churkin, afirmó en una sesión de la Asamblea General dedicada a la crisis ucraniana que los francotiradores de Kiev dispararon contra los manifestantes y los agentes de la Policía desde una sede controlada por los activistas de Maidán, el mismo edificio que albergaba la embajada de EE.UU.Washington desmintió esta declaración.
Cabe mencionar que desde el inicio se le propuso al nuevo Gobierno de Ucrania la participación de observadores internacionales en la investigación, algo que el Gobierno rechazó.
A principios de marzo se filtró un diálogo entre el ministro de Asuntos Exteriores de Estonia, Urmas Paet, y la jefa de la diplomacia de la Unión Europea, Catherine Ashton, que confirma que los francotiradores de Kiev fueron contratados por la oposición.
Hasta que no haya un auténtico Estado de derecho en Ucrania y hasta que una autoridad judicial competente no investigue los crímenes, este tipo de informes quedan en entredicho Funcionarios del Servicio de Seguridad ucranianos interceptaron la conversación telefónica en la que los políticos intercambiaban sus impresiones sobre los recientes acontecimientos en Ucrania.
Según el ministro de Estonia, las pruebas que le mostraron evidencian el hecho de que tanto los manifestantes como los agentes de la Policía fueron asesinados por los mismos francotiradores.
Según el analista internacional, Carlos Martínez, la investigación de los tiroteos en Kiev pierde credibilidad ya que no ha sido realizada por una autoridad judicial independiente ni una organización internacional con prestigio, sino por un Gobierno que llegó al poder mediante la violencia.
"Hasta que no haya un auténtico Estado de derecho en Ucrania y hasta que una autoridad judicial competente no investigue los crímenes, este tipo de informes quedan en entredicho y más cuando no se proporciona ningún tipo de prueba junto a las conclusiones que establece", dijo el analista.
Mientras tanto, la Fiscalía General de Ucrania cerró las causas penales contra los líderes de la oposición incoadas en febrero pasado por actuar para derrocar el poder.
