PERCY ALVARADO – Air Canadá anunció la suspensión de sus vuelos con destino a Caracas, hasta nuevo aviso, mediante un escueto comunicado, arguyendo motivos de seguridad para sus vuelos, “ante las constantes protestas que se vive en Venezuela”.
El último vuelo partió de Toronto el día sábado 15 de marzo y de Caracas el día domingo 16 de marzo de 2014.
En el trasfondo de esta decisión, no sorpresiva por supuesto, está la presión del gobierno canadiense, el que desde hace tiempo se ha involucrado en la guerra sucia contra el gobierno bolivariano.
Cínicamente, Air Canada expresa que seguirá monitoreando la situación y evaluando el reinicio de sus vuelos en el momento en que exista un clima de paz en Venezuela. ¿Será que espera a la caída del gobierno de Nicolás Maduro?
La respuesta del presidente Nicolás Maduro no se hizo esperar y hoy y rompió sus acuerdos con Air Canada.
El propio ministro de Transporte Acuático y Aéreo venezolano, el general Hebert García Plaza, dijo sobre esta decisión: “Tengo que informarles, así se lo informé a Air Canada, que esa suspensión no es suspensión de los vuelos, es prácticamente una suspensión de los acuerdos Acuerdo de Servicios Aéreos (ASA)”.
Air Canada, según Wikipedia, es la aerolínea nacional de Canadá y tiene su centro de operaciones en el aeropuerto Internacional Pierre Elliott Trudeau de Montreal, Quebec, en Canadá. Entre los socios regionales de Air Canada se encuentran Air Canada Jazz, Exploits Valley Air Services, Air Georgian y Central Mountain Air.
No existe la menor de las dudas de que la maniobra de Air Canadá está en consonancia con la política del gobierno canadiense hacia Venezuela. Al respecto, existe un largo historial de críticas manipuladas contra la Revolución Bolivariana, las que se han acentuado durante el gobierno de Maduro.
Canadá, junto a EE UU, ha sido un portavoz de la guerra mediática anti bolivariana y un sostén para la derecha venezolana.
Canadá, junto a EE UU y Panamá quedaron aislados en la OEA, en el presente mes, cuando trataron de acusar al gobierno de Maduro por los brotes de violencia fascista que han tenido lugar en Venezuela. Ni la realización de una reunión de Cancilleres para abordar el tema, ni el envío de una comisión de observadores, fueron aprobados por el pleno de embajadores.
El 19 de febrero de este año, el gobierno canadiense se confabuló con la Casa Blanca, durante una reunión del Consejo Permanente de la OEA para cuestionar a Venezuela en relación con el tema de los derechos de expresión y libre asociación.
La mala fe de Canadá se puso de manifiesto al incluir este tema al finalizar la reunión e incorporándolo como “Otros Asuntos”. Fue, sin dudas, una puñalada trapera urdida por el canciller canadiense John Baird, en confabulación con la embajadora estadounidense Carmen Lomellin.
Un tiempo antes, en octubre del 2013, varios miembros de la derecha venezolana e integrantes de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), encabezados por Ramón Guillermo Aveledo, fueron recibidos por parlamentarios y altos funcionarios del gobierno canadiense, entre los que se encontraban el director general para América Latina de la cancillería canadiense, Henri Paul Normandin; así como otros funcionarios del servicio exterior canadiense.
Varios parlamentarios como Marc Garneau, Elizabeth May, Dean Allison, Paul Dewar, Hélène Laverdière, Jean Francois Fortin y Randy Hoback, presidente del grupo Parlaméricas, así como David Anderson, secretario parlamentario del Primer Ministro Stephen Harper, fueron anfitriones de la representación de la MUD, integrada también por la diputada Delsa Solórzano y Edmundo González Urrutia.
Fuentes anónimas destacaron varios encuentros de Aveledo con los servicios de inteligencia de Canadá. En los mismos se analizaron distintas formas de cooperación encubiertas para llevar a cabo planes desestabilizadores contra el gobierno venezolano.
Uno de los centros de atención del espionaje canadiense fueron informaciones sobre el Centro Estratégico de Seguridad y Protección de la Patria (CESSPA), así como información sensible sobre las FANB y su capacidad militar.
Un tiempo antes, en enero de 2013, Canadá intentó usar la OEA para atacar a Venezuela en materia de derechos humanos. En este sentido, el embajador canadiense, Allan Culham, sugirió que la OEA examinara in situ la situación política venezolana, en momentos en que el presidente Chávez se encontraba bajo tratamiento en Cuba.
¿Qué derecho tiene Canadá a criticar a Venezuela en materia de derechos humanos cuando su tejado es de vidrio? Conocidas son las torturas a prisioneros no canadienses en el extranjero; la discriminación racial existente en el país; las denuncias por uso excesivo de la fuerza; los asesinatos y desapariciones de mujeres aborígenes; la encarcelación prolongada de personas olvidados por la burocracia gubernamental; entrega de prisioneros a otras naciones a sabiendas que serán torturadas; asesinatos frecuentes a manos de la policía por el uso de armas de electrochoque, entre otras violaciones.
El gobierno de Harper ha sido acusado en octubre pasado por la Asociación de Libertades Civiles de la Columbia Británica, por el descarado espionaje ilegal que realiza al Centro de Seguridad de Telecomunicaciones de Canadá (CSTC) a sus ciudadanos, violando su privacidad y derechos constitucionales.
Canadá también permitió el asesinato de alrededor de 800 mujeres originarias asesinadas y desaparecidas en los últimos 50 años, según lo denunció Cheryl Maloney, presidenta de una asociación femenina de la provincia de Nova Scotia.
Las empresas mineras canadienses cometen atrocidades por doquier, incluidos asesinatos como el de Mariano Abarca Roblero en noviembre de 2009, miembro de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA) y realizado vilmente en el municipio de Chicomuselo, en Chiapas, México, cuyas denuncias fueron hechas llegar a las autoridades canadienses y que fueron presentadas ante ellas por nueve organizaciones canadienses, sin que los querellantes hayan obtenido respuesta alguna. Fue una burda burla a la Ley sobre Corrupción de Funcionarios Públicos Extranjeros en Canadá, criticada por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
El pasado 10 de Marzo de 2014 las organizaciones que hace cuatro años presentaron la denuncia, entre ellas Atlantic Regional Solidarity Network, Comité pour les droits humains en Amérique latine (CDHAL), Common Frontiers-Canada, Council of Canadians, L’Entraide missionnaire, MiningWatch Canada, Coalition Québécoise Sur les impacts Socio-environnmentaux des transnationales en Amérique latine (QUISETAL), Social Justice Committee of Montreal y United Steelworkers, denunciaron la desatención a su denuncia por parte del gobierno de Canadá.
La denuncia sobre el contubernio del gobierno de Canadá en actividades de espionaje masivo, mediante la colaboración entre el Communications Security Establishment Canadá (CSEC) y la NSA norteamericana, es una prueba más de la doble moral del gobierno de Canadá. Snowden dio a conocer estos hechos a fines del 2013.
Otro bochornoso capítulo de la inmoralidad en materia de derechos humanos por parte de Canadá fue la denuncia de que los servicios de seguridad de Canadá, RCMP y CSIC, han colaborado con el Mossad israelí en el espionaje a ciudadanos canadienses, dentro y fuera de su país.
Mucho podría escribirse sobre el odio del gobierno conservador de Canadá contra la Revolución Bolivariana. Este nuevo capítulo demuestra su falta de escrúpulos en la manipulación del tema de los derechos humanos, su confabulación como estado terrorista con la vecina potencia imperial y su activa participación en los planes desestabilizadores contra Venezuela.
Que ese criminal gobierno, generador de violencia contra sus propios ciudadanos, quien ordenó a Air Canada a suspender sus vuelos a la patria de Bolívar, como un deliberado acto de desestabilización.
