Gral. Ramírez, jefe de FF.MM. / ABC Color |
Paraguay. En las Fuerzas Armadas (FF.AA.) existen varios oficiales con antecedentes que ocupan cargos importantes.
La institución armada, como otras entidades públicas, no se destaca por ser ejemplo en dejar de lado a los que fueron procesados e inclusive encarcelados por actos de corrupción.
La permanencia en puestos de privilegio de militares con antecedentes, posición que además les asegura continuar ascendiendo en la carrera profesional, molesta a muchos oficiales que aseguran contar con la “foja de servicio limpia”, pero que se sienten relegados.
Entre los uniformados con “legajos sucios” está el actual jefe de Estado Mayor de la Armada, contralmirante Antonio W. Vallejos Abadíe. Este fue procesado y condenado con otras personas por contrabando de combustible en Pilar ocurrido en el 2006.
La fiscal en lo penal de Pilar, Carmen Isabel Bogado Ledesma, incluyó a Vallejos Abadíe en su investigación de presunto “hecho punible contra la propiedad (hurto) y hecho punible contra la restitución de bienes (reducción)”, según dice el expediente judicial.
La investigación terminó en una condena leve al militar que consistió en la donación de equipos informáticos a la fiscalía de Pilar, según los datos.
El Cnel. Tomás Insfrán, director general de personal del Comando en Jefe, fue condenado por la Justicia Miliar con otros uniformados por el caso CIMOE y estuvo en la prisión castrense de Viñas Cue. En junio de 2010 se denunció que varios oficiales les robaban el sobresueldo a instructores del CIMOE, de Tropas Especiales del Ejército (TEE).
Otro que fue procesado es el Cnel. Aldo Delio Mercado Larramendia, actual director de personal del Ejército. La Justicia Militar lo incluyó en una investigación por sustracción de dos fusiles M16 con seis cargadores ocurrida años atrás en el destacamento militar N° 1 de Pedro Juan Caballero. Las armas no fueron recuperadas, según fuentes militares.
El actual jefe del Comando de Institutos Aeronáuticos de Enseñanza (Ciaere), de la Fuerza Aérea Paraguaya (FAP), Cnel. Dante G. Samaniego León, en enero de 2011 cobró un total de G. 102.957.774 en concepto de gastos de representación y bonificación porque había sido designado agregado aeronáutico de la Embajada paraguaya en Brasil.
Sin embargo, pese a recibir el dinero, seguía siendo director de recursos humanos en el Ministerio de Defensa. La secretaría luego informó que el oficial devolvió el dinero cobrado de manera irregular.
Al frente de la Dimabel y el Registro Nacional de Armas (Renar), respectivamente, siguen el Gral. de División Carlos Alberto Campos Krauer y el Cnel. Óscar Villagra, pese a que ambas instituciones fueron afectadas en el caso del tráfico de armas y municiones compradas por la Corte Suprema de Justicia.
Recursos para escabullirse
Los militares habitualmente encuentran varias formas para escabullirse de los problemas judiciales. Una de ellas es el pase a retiro. Los coroneles Ramón de la Cruz Martínez, del caso Cimoe; Gustavo A. Díaz Stelatto, procesado por la Justicia Militar por la existencia de soldados “fantasma” en el Regimiento de Caballería Nº 2 Cnel. Felipe Toledo (RC-2), con asiento en Pilar, se salvaron porque pasaron a retiro.
A esto hay que agregar la poca eficacia de la Justicia Militar, sospechada siempre de injerencias o protección a militares.
http://www.trincheradepatriotas.com/2014/03/paraguay-militares-con-antecedentes.html