Durante su visita a Iraq el pasado 14 de enero, el Secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, expresó su preocupación por la situación tan deteriorada de la seguridad en Iraq.
En esta conferencia de prensa conjunta con el primer ministro iraquí Nuri al-Maliki, Ki-moon apeló a todos los dirigentes políticos a “[…] Ir a las causas intrínsecas del problema” y pidió “[…]Cohesión política y diálogo político con todas las partes”.
Ban Ki-mooon fue inmediatamente contestado por al-Maliki quien declaró: “[…] Rechazamos hablar de diálogo en al-Anbar porque nosotros no hablamos con Al Qaeda [referencia a nuestra nota]. Dicho así, se entiende que en la provincia de al-Anbar no hay absolutamente nadie con quien merezca la pena hablar.
De este modo, Maliki recurre de nuevo a su retórica habitual de acusar a los habitantes de al-Anbar de ser terroristas, a pesar del hecho de que sus ciudadanos, junto con los de otras cinco provincias, se llevan manifestando de manera pacífica desde diciembre de 2012. Las declaraciones de Maliki pretenden, obviamente, legitimar la brutal campaña militar de corte sectario contra los manifestantes que está llevando a cabo.
La pregunta es la siguiente: ¿El cerco a la ciudad, el bombardeo, los violentos ataques militares contra Faluya y Ramadi (provincia de Al Anbar) pondrán fin a los actos terroristas y a los frecuentes coches bomba en los mercados, cafés y mezquitas que se producen en diversas provincias iraquíes? ¿El tan cacareado comodín de la ‘guerra contra el terrorismo’ en al-Anbar pondrá fin al endémico sufrimiento de los iraquíes? Difícil.
Las explosiones continúan sin parar en muchas ciudades, incluso a pesar del asalto militar de las tropas de Maliki contra Faluya y al-Anbar, y a pesar de las innumerables declaraciones oficiales sobre la detención y el asesinato de los “emires de Al Qaeda”, así como de miembros del Estado Islámico de Iraq y Siria (ISIS en sus siglas en inglés). El acrónimo en árabe de esta organización es Daaish, que resulta cómico porque en dialecto bagdadí es una palabra cercana a ‘dagash’ que significa ‘falso’.
Lo que Maliki prefiere ignorar y lo que Ban Ki-moon ha señalado es precisamente lo que los manifestantes reclaman desde el inicio y todos a una: buscar las causas de los problemas.
En el caso de Iraq estas causas son el sectarismo, la corrupción, la carencia de servicios básicos, la violación de los derechos humanos, el aumento del desempleo y las bandas organizadas y milicias que han florecido bajo el gobierno cleptócrático.
El gobierno de Maliki ha cosechado alrededor de 100 mil millones de dólares al año con el petróleo nacional. Esta cantidad supone unos 20.000 dólares al año para cada familia iraquí estándar compuesta por siete miembros, pero los iraquíes carecen de lo básico. La riqueza nacional de Iraq se despilfarra o directamente se roba, lo que ha ilustrado Transparencia internacional así: “[…]
La malversación extendida, las adquisiciones fraudulentas, el blanqueo de dinero, el contrabando de petróleo y los sobornos burocráticos generalizados han provocado que el país se sitúe entre los primeros de la lista de países corruptos, lo que incita a la violencia política y dificulta la creación de un Estado efectivo que provea los servicios necesarios”.
El terrorismo se desarrolla gracias a la corrupción oficial, ya que cualquier alto cargo tiene un precio por dejar de usar un coche oficial o por evitar una condena. Los propios altos cargospagan también para mantener sus puestos además de pagar por adquirirlo.
El régimen de Maliki culpa de todos los actos terroristas a Al Qaeda, y recientemente a Daaish [Al Sham]. Sin embargo, los iraquíes sospechan de una diversidad de actores en función de dónde y cuándo se comete un acto terrorista, y entre estos actores sospechan del propio régimen de Maliki, de los mandos de la seguridad del Estado, que luchan por incrementar su financiación, y de los mandos que borran pruebas, queman documentos y eliminan rivales.Además, Al Maliki elige selectivamente dejar de lado la mención de las propias milicias del régimen: Asaib Ahl al-Haq, Hezbolá Iraquí, las Brigadas del Badr y facciones del Ejército del Mahdi y del Ejército de Mohtar.
El líder del Ejército de Mohtar ha fanfarroneado en la cadena Bagdadiya TV sobre su responsabilidad en varios atentados. Pese a ello, no se ha llevado a cabo ninguna investigación y no se le ha detenido. Tampoco aparece mención alguna sobre las Fuerzas especiales iraquíes heredadas de la ocupación, entrenadas específicamente por el Coronel James Steele ―que actúa bajo el mando de John Negroponte, embajador estadounidense―, ahora adscrito directamente a la oficina de Maliki.
Por encima de todo esto no hay ninguna mención a la plétora de agentes extranjeros de operaciones especiales, empresas de seguridad privada y redes organizadas de asesinos profesionales, algunos de los cuales, según creen muchos iraquíes, están protegidos por el régimen, a la sombra de la mayor embajada estadounidense del mundo, situada en una fortificada zona verde de Bagdad.
A esta lista hay que añadir a Irán y la utilización que hace del suelo iraquí como campo de batalla para jugar con Estados Unidos o para hacer sentir su presencia en la subasta regional.
La alianza política de al-Maliki, originalmente nombrado por el régimen estadounidense de la ocupación, y llevada a cabo por los mismos actores a pesar de la mentira de un proceso electoral, que es un completo fracaso y lleva al país de un desastre a otro; un proceso político basado en cuotas étnico-sectarias; un proceso que es el monstruo de Frankestein creado y alimentado por Estados Unidos y Reino Unido para poner en práctica el divide y vencerás y posicionarse ellos mismos como árbitros indispensables de la contienda.
No obstante, como todos los monstruos sin raíces y los gobernantes serviles y opresivos que navegan entre sus amos, el frankestein ha crecido sin el control de su creador y ha sembrado la semilla de la división y el odio.
Las riñas entre los políticos —que ellos mismos en al-watan (en casa) se llaman ‘compañeros’—, se ha convertido en algunos casos en sangrientos enfrentamientos, como cuando las fuerzas de seguridad asaltaron la casa del diputado Ahmed al-Alwani en Ramadi, asalto que acabó con el asesinato de su hermano y de cinco guardias.
De acuerdo con la actual ley iraquí, hay tipificados 48 delitos que son susceptibles de aplicación de la pena de muerte. Los hombres, al igual que las mujeres, son ejecutados en un número sin precedente. 169 personas fueron ejecutadas solo en 2013, el mayor número desde el inicio de la invasión anglo-estadounidense de Iraq en 2003, lo que coloca a Iraq en el tercer puesto en ejecuciones detrás de China e Irán. El sistema judicial iraquí está “[…]
Tremendamente viciado como para justificar siquiera la aplicación de la pena de muerte, por no hablar de las decenas de ejecuciones que se realizan a la vez”, declara Navi Pillay, responsable de derechos humanos de Naciones Unidas, al tiempo que advierte que la pena de muerte socava el trabajo para reducir la violencia y crear una sociedad más estable.
La tortura, los abusos sexuales, las amenazas de secuestro y los secuestros que se producen son delitos que, de manera frecuente, sufren los detenidos sin importar su sexo.
Además de los crímenes perpetrados contra el pueblo iraquí, Estados Unidos proporciona armas y equipamiento militar al régimen de Maliki, lo que incita a su militarización y a la violencia incontrolable contra la población civil.
Los propios iraquíes creen que no hay futuro sin una soberanía política y económica absoluta, sin igualdad entre la ciudadanía y sin que se respeten los Derechos Humanos. De otra forma, la locura de la venganza prevalecerá.
*Haifa Zangana, escritora exiliada iraquí, ha publicado numerosas novelas todas sobre Iraq. Es miembro de la Red Internacional contra la Ocupación, de la que también forma parte la CEOSI. De ella se puede leer en IraqSolidaridad diversos textos traducidos al español.
Tomado de Iraq Solidaridad
Texto original disponible en inglés aquí.
