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| Penélope Townsley, la Supervisora de Elecciones de Miami-Dade. |
La división de elecciones del Gobernador de la Florida, Rick Scott, ha hecho pública una opinión que hará que el fraude electoral sea más difícil de descubrir reporta The Miami Herald.
Y en el Condado de Miami Dade, el área de mayores irregularidades en cuanto a votos ausentes, la supervisora de elecciones que solicitó la opinión, está ansiosa por seguir la recomendación.
En la opinión emitida el18 de noviembre, la Directora de la División de Elecciones, Maria I. Mathews, escribió que los supervisores condales de elecciones pueden ocultar las direcciones públicas de Protocolo de Internet (IP por sus siglas en inglés) que identifican el origen de las solicitudes de boletas de votación ausente.
Penélope Townsley, la Supervisora de Elecciones de Miami-Dade, planea mantener las direcciones de IP en secreto.
Si esta medida hubiese sido aplicada a principios del año, el Miami Herald no hubiese podido conducir una investigación que llevó al encarcelamiento del antiguo jefe de personal del Congresista Demócrata de Miami Joe García.
Mathews escribió que si los supervisores electorales consideran que las direcciones de IP son información “necesaria” para mantener los registros de boletas de votación ausente, como ha sido el caso en los meses recientes, entonces las direcciones están exoneradas de ser reveladas al público – con una notable excepción.
Los partidos políticos, los comités, los candidatos y sus campañas – la misma gente que en el pasado ha cometido fraude – aun tendrá acceso a la información.
Ese también será el caso para los administradores electorales, los miembros de campañas políticas y para los votantes que deseen obtener registros de sus propias boletas. Pero no así el público.
Brittany Lesser, una vocera de la división de elecciones, indicó en una declaración el viernes que cada condado tiene flexibilidad para escoger que información revelará – lo cual esencialmente le dejaría la decisión final a Miami-Dade.
“A los Supervisores Electorales elegidos localmente debe dárseles la flexibilidad necesaria para capturar el fraude, al tiempo que manejan las elecciones dentro de sus propias comunidades”, dijo Lesser.
Bárbara Petersen, presidente de la First Amendment Foundation (Fundación para la Primera Enmienda), una organización apoyada por varios periódicos del estado, criticó la exención de los registros públicos citada por la división de elecciones, calificándola de demasiado amplia.
“Básicamente, lo que están haciendo es decidir caso por caso lo que será o no exento”.
A principios de este año, la Fundación luchó contra una medida aprobada por la Legislatura, que cerraba el acceso del público a las direcciones de correo electrónico de los votantes. El gobernador aprobó la legislación.
La opinión emitida por el departamento de elecciones el mes pasado fue en respuesta a una pregunta de Townsley, la supervisora de elecciones de Miami-Dade cuya oficina había cumplido con solicitudes de registros públicos que buscaban revelar las direcciones IP antes de que el Herald publicara su investigación en febrero.
La próxima vez que el periódico solicitó las direcciones IP, luego de que el jefe de personal del Congresista García renunciara a finales de mayo, el departamento de elecciones denegó la solicitud.
En una declaración el sábado, Townsley dijo que mantener las direcciones IP en secreto es parte de los procedimientos “mejorados” para verificar la legitimidad de los formularios en línea.
“Ya que la integridad de las solicitudes de boletas de votación ausente se han vuelto un problemas, como parte de nuestros procedimientos mejorados, las direcciones de IP, así como otra información personal, son recolectadas y analizadas para asegurarnos de que sólo aquellas solicitudes que se determine que no son sospechosas sean procesadas”, dijo.
Townsley es la única supervisora electoral en Florida que no es elegida por los votantes y trabaja para el Alcalde del Condado, Carlos Giménez.
El departamento dijo que continuará enviando las solicitudes sospechosas de boletas de votación a la oficina del fiscal estatal. Pero los fiscales inicialmente ignoraron las solicitudes el año pasado, antes de que el Herald lo reportara.
Desde entonces, los fiscales han investigado a otras dos campañas del sur de Florida por solicitar eléctricamente un alto numero de papeletas de votación ausente.
En agosto, dos ayudantes del Comisionado de Miami, Francis Suárez, fueron acusados de delitos menores y sentenciados a libertad bajo prueba. Suárez por consiguiente, se retiró de la contienda por la posición de alcalde de la Ciudad.
El reporte del Herald, publicado a principios del año, también descubrió que personas cometieron fraude al enviar solicitudes de boletas ausentes en el 2012 para votantes republicanos de la Florida en dos distritos de la Cámara de Representantes estatal. Pero esas solicitudes fueron ocultadas mediante el uso de direcciones IP extranjeras que la fiscalía insistió en no poder rastrear.
Sin embargo, la fiscalía sí rastreó las solicitudes que vinculadas a la campaña de Joe García.
Jeffrey García, el jefe de personal y consejero político del Congresista durante mucho tiempo, está cumpliendo una condena de 90 días de cárcel en el Centro Correccional Turner Guilford Knight, por dar directivas al equipo de campaña para solicitar eléctricamente mas de 1,800 boletas ausentes fraudulentas el año pasado.
El Herald vinculó cientos de esas solicitudes a dos direcciones de IP en Miami, lo cual llevó a la oficina de la fiscalía estatal a reabrir una investigación criminal. Los fiscales vincularos las direcciones a miembros del personal de la campaña de Joe García, John Estes y Giancarlo Sopo, cuyos casos permanecen pendientes.
Los miembros del personal mandaron las solicitudes en nombre de votantes demócratas que no sabían al respecto.
