La aspersión aérea es una medida ilegal e ilegítima que no ataca al narcotráfico sino a sus victimas y debe ser prohibida
(Documento en Inglés: Aerial Spraying Does Not Target The Narcotics Traffic. Its Targets Its Victims)
La obligación legal de prohibir las fumigaciones aéreas responde al deber del Estado de: Aplicar el Principio de Precaución y no arriesgar la salud pública y medio ambiente de los colombianos por falta de certeza científica.
(Documento en Inglés: Aerial Spraying Does Not Target The Narcotics Traffic. Its Targets Its Victims)
La obligación legal de prohibir las fumigaciones aéreas responde al deber del Estado de: Aplicar el Principio de Precaución y no arriesgar la salud pública y medio ambiente de los colombianos por falta de certeza científica.
Acogerse a la Sentencia No. C-176/94 que esboza la reserva de Colombia sobre la Convención de Viena de 1988 de no confundir coca con cocaína ni desconocer sus obligaciones con la Nación aplicando medidas de drogas que violen la Constitución Política. Honrar los protocolos, tratados y Convenciones Internacionales de DIH, DDHH y de no modificación ambiental (ENMOD) firmados por Colombia. Velar por no poner en riesgo el futuro comercial del agro colombiano. Sopesar los cuestionamientos sociales y económicos sobre la nula efectividad de esta medida y la necesidad de impedir el fortalecimiento del narcotráfico con el despojo al campesinado de sus tierras por cuenta del desplazamiento ocasionado por las fumigaciones.
Colombia es el único país del mundo que burla abiertamente la prohibición de asperjar sustancias químicas como medida de guerra.
Lo viene haciendo desde 1978 sustentando, en su lucha contra las drogas y en USA, la experimentación con un sinfín de sustancias químicas; algunas de ellas actualmente prohibidas. La aplicación de esta medida de guerra contra no combatientes viola el DIH. Los campesinos cultivadores no son actores armados sino víctimas del conflicto y narcotráfico, que se nutre de la pobreza del campo. Como bien lo señalan los informes de las propias instancias antinarcóticos, el lote promedio de coca es de 0.67 hectáreas y la rentabilidad neta de una hectárea de coca (USD292/mes) está por debajo del sueldo mínimo colombiano.
Las aspersiones aéreas son causal de desplazamiento: Los estudios revelan que “un tipo de expulsión gota a gota se deriva de las fumigaciones, que se han convertido en una de las principales causas de desplazamiento” que, a su vez, facilita el despojo de tierra y propicia la apertura de zonas de frontera para megaproyectos. Las fumigaciones también desplazan la biodiversidad a favor de un terreno propicio a los químicos OGM.
El uso de agroquímicos es funcional al negocio del narcotráfico. Los informes de la UNODC indican que el recorte en el uso de abonos químicos y agroquímicos ha contribuido a la disminución en la productividad de los cultivos de coca. Siendo así, no se entiende que el Estado colombiano no sólo facilite la venta y libertad de precios de estos químicos que propician la expansión de los monocultivos con usos ilícitos sino que además fumigue con estos mismos químicos con la pretensión de erradicar. ¿Qué no tendrá la fórmula para que se espere de ella lo contrario al efecto abono previsto?
Por lo anterior y otras consideraciones de peso, el Gobierno Santos debe: Posicionarse en la historia y proyectarse hacia el futuro absteniéndose de incluir la medida de erradicación aérea en el Estatuto de Drogas 2012. Declarar una moratoria en las fumigaciones el tiempo de llevar a cabo estudios científicos rigurosos e independientes sobre los impactos epidemiológicos, ambientales, sociales y económicos sobre el mercado de drogas por cuenta de las fumigaciones. Acogerse a la propuesta de la Unión Europea de evaluar los impactos de las fumigaciones bajo la supervisión de las Naciones Unidas y la Organización Panamericana de la Salud. Poner el tema de erradicación voluntaria en las Mesas de Terminación del Conflicto como medida de apoyo de las FARC-EP y ELN en el desmantelamiento del narcotráfico. Apelar a la Responsabilidad Internacional Compartida para articular socialmente la erradicación voluntaria con fórmulas productivas, de Comercio Justo y financieramente autosostenibles en el largo plazo.
MMMoreno diciembre 2012
Fuente: www.mamacoca.org
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Llaman a Santos, Obama y a la ONU a detener las fumigaciones aéreas con glifosato en ColombiaAgencia Prensa Rural / Domingo 27 de enero de 2013
Bogotá, 4 de diciembre 2012
Señor Ban Ki-moon
Secretario General de la Naciones Unidas
Nueva York
REF.: Aspersiones aéreas para la erradicación de cultivos con usos ilícitos en Colombia. Por violaciones de Convenciones y Tratados y contra los Derechos Humanos, daños a la salud e impactos ambientales ocasionados por las aspersiones aéreas con defoliantes y uso intensivo e indiscriminado de agroprecursores en Colombia, los abajo firmantes ciudadanos y Organizaciones Sociales, de Derechos Humanos, Reducción de Daños, Reforma a la Políticas de Drogas, Medio Ambiente y Paz solicitamos la mediación de las Naciones Unidas para que en Colombia:
1. Se declare de inmediato una moratoria en las fumigaciones mientras se llevan a cabo con autonomía los estudios científicos, epidemiológicos, de impacto ambiental y humanitario y socio-económicos necesarios para determinar sus efectos perversos y/o inocuidad.
2. Se retire la medida de aspersión aérea con químicos del Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos en el Estatuto de Droga presentado en el 2012 por el Ministerio de Justicia del Gobierno de Juan Manuel Santos para ser debatido a partir de marzo 2013 por ser ésta contraria a la normatividad vigente.
3. Se apliquen controles estrictos sobre la importación, producción y venta de agroquímicos por ser estos utilizados como agroprecursores para incrementar la productividad y extensión de los cultivos con usos ilícitos.
FIRMAR LA PETICIÓN:
FIRMAS:
NOMBRE/NAME IDENTIFICATIÓN/
ORGANIZATION E-MAIL /
PAÍS/COUNTRY IP/
FIRMA / SIGNATURE
PETICIÓN EN LÍNEA: http://www.mamacoca.org/cartaun/Car...
Carta anexa documentando las razones que motivan esta petición:
Bogotá, 4 de diciembre 2012
Señor Ban Ki-moon
Secretario General de la Naciones Unidas
Nueva York
Respetado Señor Ban Ki-moon,
Por consideraciones humanitarias y ante las múltiples quejas por daños a la salud y graves violaciones a derechos fundamentales, Derechos Humanos, DIH, normas ambientales, Constitución Nacional colombiana y reservas de Colombia frente a la Convención de Viena de 1988 , apelamos a Usted y por su conducto a las agencias de las Naciones Unidas que se ocupan de los derechos humanos, de los refugiados y los desplazados, de la protección ambiental y de la limitación de uso de armas químicas, para que se intervenga ante los gobiernos de Colombia y los Estados Unidos con el propósito de que se les conmine, obligue, a respetar las Convenciones, Tratados y Protocolos a lo cuales se han comprometido.
Una de las reservas esbozadas por Colombia a la Convención de Viena de 1988 sobre sustancias psicotrópicas, expresada en la Sentencia No. C-176/94 precisa que “el Estado colombiano debe reservarse para evaluar el impacto ecológico de las políticas contra el narcotráfico ya que la persecución del narcotráfico no puede traducirse en un desconocimiento de la obligación que tiene el Estado colombiano de proteger el medio ambiente, no sólo para las generaciones presentes sino también para las generaciones futuras.” Dicha sentencia obliga claramente al Estado colombiano a evaluar los daños y respetar la precedencia y superioridad normativa de las Convenciones, Tratados y Protocolos Internacionales de DDHH, DIH, ambientales ENMOD y Convención Sobre Armas Químicas (CAQ) como consagrados en las Constitución colombiana.
Las Naciones Unidas, Unión Europea e incluso los Congresos de Colombia y Estados Unidos han manifestado sus inquietudes sobre los efectos del programa de erradicación aérea con defoliantes. No obstante el Estado colombiano, con la insistencia y aval de los Estados Unidos, persiste en la aplicación de una Política claramente nociva y de comprobada ineficacia para los fines de erradicación propuestos. En su visita al Ecuador en el 2007, el Relator Especial de las Naciones Unidas certificó que “Existe evidencia creíble y fundamentada que la fumigación aérea con glifosato en la frontera colombo ecuatoriano ocasiona daños a la salud física de las personas que viven en Ecuador. En ocasiones la fumigación aérea se efectúa acompañada por helicópteros militares y esta experiencia puede ser atemorizante, en particular para los niños.
Colombia es el único país del mundo que burla abiertamente la prohibición de asperjar sustancias químicas como medida de guerra.
Lo viene haciendo desde 1978 sustentando, en su lucha contra las drogas y en USA, la experimentación con un sinfín de sustancias químicas; algunas de ellas actualmente prohibidas. La aplicación de esta medida de guerra contra no combatientes viola el DIH. Los campesinos cultivadores no son actores armados sino víctimas del conflicto y narcotráfico, que se nutre de la pobreza del campo. Como bien lo señalan los informes de las propias instancias antinarcóticos, el lote promedio de coca es de 0.67 hectáreas y la rentabilidad neta de una hectárea de coca (USD292/mes) está por debajo del sueldo mínimo colombiano.
Las aspersiones aéreas son causal de desplazamiento: Los estudios revelan que “un tipo de expulsión gota a gota se deriva de las fumigaciones, que se han convertido en una de las principales causas de desplazamiento” que, a su vez, facilita el despojo de tierra y propicia la apertura de zonas de frontera para megaproyectos. Las fumigaciones también desplazan la biodiversidad a favor de un terreno propicio a los químicos OGM.
El uso de agroquímicos es funcional al negocio del narcotráfico. Los informes de la UNODC indican que el recorte en el uso de abonos químicos y agroquímicos ha contribuido a la disminución en la productividad de los cultivos de coca. Siendo así, no se entiende que el Estado colombiano no sólo facilite la venta y libertad de precios de estos químicos que propician la expansión de los monocultivos con usos ilícitos sino que además fumigue con estos mismos químicos con la pretensión de erradicar. ¿Qué no tendrá la fórmula para que se espere de ella lo contrario al efecto abono previsto?
Por lo anterior y otras consideraciones de peso, el Gobierno Santos debe: Posicionarse en la historia y proyectarse hacia el futuro absteniéndose de incluir la medida de erradicación aérea en el Estatuto de Drogas 2012. Declarar una moratoria en las fumigaciones el tiempo de llevar a cabo estudios científicos rigurosos e independientes sobre los impactos epidemiológicos, ambientales, sociales y económicos sobre el mercado de drogas por cuenta de las fumigaciones. Acogerse a la propuesta de la Unión Europea de evaluar los impactos de las fumigaciones bajo la supervisión de las Naciones Unidas y la Organización Panamericana de la Salud. Poner el tema de erradicación voluntaria en las Mesas de Terminación del Conflicto como medida de apoyo de las FARC-EP y ELN en el desmantelamiento del narcotráfico. Apelar a la Responsabilidad Internacional Compartida para articular socialmente la erradicación voluntaria con fórmulas productivas, de Comercio Justo y financieramente autosostenibles en el largo plazo.
MMMoreno diciembre 2012
Fuente: www.mamacoca.org
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Llaman a Santos, Obama y a la ONU a detener las fumigaciones aéreas con glifosato en ColombiaAgencia Prensa Rural / Domingo 27 de enero de 2013
Bogotá, 4 de diciembre 2012
Señor Ban Ki-moon
Secretario General de la Naciones Unidas
Nueva York
REF.: Aspersiones aéreas para la erradicación de cultivos con usos ilícitos en Colombia. Por violaciones de Convenciones y Tratados y contra los Derechos Humanos, daños a la salud e impactos ambientales ocasionados por las aspersiones aéreas con defoliantes y uso intensivo e indiscriminado de agroprecursores en Colombia, los abajo firmantes ciudadanos y Organizaciones Sociales, de Derechos Humanos, Reducción de Daños, Reforma a la Políticas de Drogas, Medio Ambiente y Paz solicitamos la mediación de las Naciones Unidas para que en Colombia:
1. Se declare de inmediato una moratoria en las fumigaciones mientras se llevan a cabo con autonomía los estudios científicos, epidemiológicos, de impacto ambiental y humanitario y socio-económicos necesarios para determinar sus efectos perversos y/o inocuidad.
2. Se retire la medida de aspersión aérea con químicos del Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos en el Estatuto de Droga presentado en el 2012 por el Ministerio de Justicia del Gobierno de Juan Manuel Santos para ser debatido a partir de marzo 2013 por ser ésta contraria a la normatividad vigente.
3. Se apliquen controles estrictos sobre la importación, producción y venta de agroquímicos por ser estos utilizados como agroprecursores para incrementar la productividad y extensión de los cultivos con usos ilícitos.
FIRMAR LA PETICIÓN:
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NOMBRE/NAME IDENTIFICATIÓN/
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Carta anexa documentando las razones que motivan esta petición:
Bogotá, 4 de diciembre 2012
Señor Ban Ki-moon
Secretario General de la Naciones Unidas
Nueva York
Respetado Señor Ban Ki-moon,
Por consideraciones humanitarias y ante las múltiples quejas por daños a la salud y graves violaciones a derechos fundamentales, Derechos Humanos, DIH, normas ambientales, Constitución Nacional colombiana y reservas de Colombia frente a la Convención de Viena de 1988 , apelamos a Usted y por su conducto a las agencias de las Naciones Unidas que se ocupan de los derechos humanos, de los refugiados y los desplazados, de la protección ambiental y de la limitación de uso de armas químicas, para que se intervenga ante los gobiernos de Colombia y los Estados Unidos con el propósito de que se les conmine, obligue, a respetar las Convenciones, Tratados y Protocolos a lo cuales se han comprometido.
Una de las reservas esbozadas por Colombia a la Convención de Viena de 1988 sobre sustancias psicotrópicas, expresada en la Sentencia No. C-176/94 precisa que “el Estado colombiano debe reservarse para evaluar el impacto ecológico de las políticas contra el narcotráfico ya que la persecución del narcotráfico no puede traducirse en un desconocimiento de la obligación que tiene el Estado colombiano de proteger el medio ambiente, no sólo para las generaciones presentes sino también para las generaciones futuras.” Dicha sentencia obliga claramente al Estado colombiano a evaluar los daños y respetar la precedencia y superioridad normativa de las Convenciones, Tratados y Protocolos Internacionales de DDHH, DIH, ambientales ENMOD y Convención Sobre Armas Químicas (CAQ) como consagrados en las Constitución colombiana.
Las Naciones Unidas, Unión Europea e incluso los Congresos de Colombia y Estados Unidos han manifestado sus inquietudes sobre los efectos del programa de erradicación aérea con defoliantes. No obstante el Estado colombiano, con la insistencia y aval de los Estados Unidos, persiste en la aplicación de una Política claramente nociva y de comprobada ineficacia para los fines de erradicación propuestos. En su visita al Ecuador en el 2007, el Relator Especial de las Naciones Unidas certificó que “Existe evidencia creíble y fundamentada que la fumigación aérea con glifosato en la frontera colombo ecuatoriano ocasiona daños a la salud física de las personas que viven en Ecuador. En ocasiones la fumigación aérea se efectúa acompañada por helicópteros militares y esta experiencia puede ser atemorizante, en particular para los niños.
” La misma UNODC deja en claro que ni fumiga ni supervisa las fumigaciones. La Unión Europea lleva desde el 2001 advirtiendo a Colombia sobre sus dudas respecto a la efectividad de la medida y los riesgos potenciales de un impacto negativo de las aspersiones aéreas en la cooperación europea. Ha insistido en la necesidad de efectuar un monitoreo, ajeno a las autoridades colombianas y estadounidenses, bajo la supervisión de las Naciones Unidas y la Organización panamericana de la Salud.
Colombia es el único país del mundo en el que la aspersión aérea de potentes mezclas químicas es Política de Estado y medida de guerra. El papel protagónico de los Estados Unidos en la medida de fumigaciones en Colombia está claramente establecido por, entre otras, los documentos oficiales de ese gobierno. Desde 1978, el Estado colombiano se plegó al supuesto estadounidense de que la Guerra de la Drogas se podía librar con el “ataque de la oferta en la fuente” por medio de la aspersión de químicos en territorio extranjero, comenzando con el peligroso Paraquat.
Colombia es el único país del mundo en el que la aspersión aérea de potentes mezclas químicas es Política de Estado y medida de guerra. El papel protagónico de los Estados Unidos en la medida de fumigaciones en Colombia está claramente establecido por, entre otras, los documentos oficiales de ese gobierno. Desde 1978, el Estado colombiano se plegó al supuesto estadounidense de que la Guerra de la Drogas se podía librar con el “ataque de la oferta en la fuente” por medio de la aspersión de químicos en territorio extranjero, comenzando con el peligroso Paraquat.
En 1979 el Secretario de Salud y Bienestar (HEW), Joseph Califano, sometió un informe según el cual “..la fumigación de marihuana con paraquat probablemente ocasione serios daños a la salud de las personas que consuman marihuana fumigada” lo que obligó al abandono de Estados Unidos de su programa de aspersión aérea con Paraquat en México.
Esto, sin embargo, no impidió que Estados Unidos impusiera el Paraquat en Colombia en donde, por lo que se ha comprobado, se utilizó hasta 1997. Méjico dejó de fumigar y el uso aéreo de tóxico pulmonar Paraquat se encuentra hoy prohibido en el mundo.. Según un informe de 1997 de la Comisión de Estupefacientes (CND por su siglas en inglés), “en Colombia se ha fumigado con Garlon-4, 2,4-D- [el componente “mágico” del Agente Naranja] tebuthiuron and hexazinone, tetrabromofluorescein (Eosine Yellowish)” aunque esta última puede causar el amarillamiento de las hojas de la vegetación en aéreas adyacentes.
Las información pública-oficial que se tiene es que, desde 1984, lo que se aplica es Glifosato (Roundup Ultra) en una mezcla del peligroso surfactante POEA al cual se adicionan los coadyuvantes Cosmo-Flux 411Fy CosmoInD, con los que se busca cuadruplicar la acción corrosiva del Roundup. Sin embargo, la duda justificada sobre la mezcla con la que fumigan en Colombia existe.
Las información pública-oficial que se tiene es que, desde 1984, lo que se aplica es Glifosato (Roundup Ultra) en una mezcla del peligroso surfactante POEA al cual se adicionan los coadyuvantes Cosmo-Flux 411Fy CosmoInD, con los que se busca cuadruplicar la acción corrosiva del Roundup. Sin embargo, la duda justificada sobre la mezcla con la que fumigan en Colombia existe.
En 1988, la compañía Eli Lilly se rehusó a permitir el uso de su herbicida tebuthiuron para erradicación de la coca afirmando que se desconocían los efectos en ambientes tropicales y que temía todo tipo de demandas en su contra. Sin embargo, todo parece indicar que dicha sustancia ha sido asperjada en Colombia. Un FOIA de un documento de julio de 1997 de la CIA revela que, en concordancia con la experimentación en Perú y Panamá por el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, Colombia había aceptado “el “programa piloto para el uso del herbicida granular tebuthiuron en la erradicación de la coca”.
Aparentemente, otro químico con el que se ha experimentado es el Imazapyr, a cuyo uso son particularmente susceptibles las especies vegetales únicas y en peligro de extinción. Una reciente condena por el Consejo de Estado revela igualmente que no es cierto que en Colombia sólo se use glifosato desde 1984; revela que es cierto que las fumigaciones son efectivamente indiscriminadas y afectan todo a su alrededor.
Aparentemente, otro químico con el que se ha experimentado es el Imazapyr, a cuyo uso son particularmente susceptibles las especies vegetales únicas y en peligro de extinción. Una reciente condena por el Consejo de Estado revela igualmente que no es cierto que en Colombia sólo se use glifosato desde 1984; revela que es cierto que las fumigaciones son efectivamente indiscriminadas y afectan todo a su alrededor.
En enero de este año (2012) el Consejo de Estado condenó a la Nación por daños ocasionados a cultivos de pancoger y fuentes de agua y semovientes por fumigaciones con Gramaxone (Paraquat) en 1997. En el litigio en curso que opone Ecuador contra Colombia en la CIJ por las fumigaciones, el gobierno se negó a precisar la fórmula y concentración con la que se fumiga en Colombia. Según estudios efectuados en el 2001 por la agrónoma, bióloga y química Elsa Nivia, la formulación con que la que se fumiga en Colombia contiene concentraciones de glifosato 26 veces mayores que las recomendadas y utilizadas en otras partes.
Hoy, diciembre 2012, ya sabemos que lo importante —lo certificado por los Estados Unidos— es que el glifosato no sea un genérico chino sino de la Monsanto USA a razón de 12 litros/ha. Los Estados Unidos defiende su marca aduciendo que su Glifosato es “menos nocivo que la sal de mesa y la aspirina”. Los contratistas privados de Estados Unidos, la Dyncorp, informan que las operaciones de aspersión aérea no se efectúan cuando hay personas en los campos. Las fotos tomadas revelan todo lo contrario. Los informes de organizaciones sociales internacionales revelan que las comunidades no son advertidas de las operaciones ni mucho menos consultadas, en clara violación del Convenio 169 de la OIT. Lo que se constata es que, el uso de cualquier agrotóxico genera dependencia de parte de los agricultores a este producto en particular.
Hoy, diciembre 2012, ya sabemos que lo importante —lo certificado por los Estados Unidos— es que el glifosato no sea un genérico chino sino de la Monsanto USA a razón de 12 litros/ha. Los Estados Unidos defiende su marca aduciendo que su Glifosato es “menos nocivo que la sal de mesa y la aspirina”. Los contratistas privados de Estados Unidos, la Dyncorp, informan que las operaciones de aspersión aérea no se efectúan cuando hay personas en los campos. Las fotos tomadas revelan todo lo contrario. Los informes de organizaciones sociales internacionales revelan que las comunidades no son advertidas de las operaciones ni mucho menos consultadas, en clara violación del Convenio 169 de la OIT. Lo que se constata es que, el uso de cualquier agrotóxico genera dependencia de parte de los agricultores a este producto en particular.
Los suelos empapados con dicho pesticida son necesariamente susceptibles a la siembra de cultivos que le sean resistentes, en este caso los OGM con el glifosato ya incorporado de los cuales ya se han introducido 108,000 hectáreas en Colombia. También existe la preocupación de que estos genes con glifosato incorporado se vean transferidos a otros seres vivientes poniendo así en peligro la biodiversidad colombiana.
Los gobiernos de Colombia y Estados Unidos justifican la fumigación aduciendo que el narcotráfico contamina con sus precursores y que los pequeños cultivadores utilizan agroprecursores; con lo que se deduce que esto permite al Estado el derecho de ocasionar daños a la Nación entera. La literatura científica existente señala que el uso agrícola del glifosato puede generar daños crónicos a la salud y defectos genéticos cuando se administra en altas dosis y por periodos prolongados. En Colombia, donde el mismo campo puede ser fumigado hasta cuatro veces, y tras el vertimiento de millones de litros de glifosato, el riesgo de que esto suceda es extremadamente alto.
Los gobiernos de Colombia y Estados Unidos justifican la fumigación aduciendo que el narcotráfico contamina con sus precursores y que los pequeños cultivadores utilizan agroprecursores; con lo que se deduce que esto permite al Estado el derecho de ocasionar daños a la Nación entera. La literatura científica existente señala que el uso agrícola del glifosato puede generar daños crónicos a la salud y defectos genéticos cuando se administra en altas dosis y por periodos prolongados. En Colombia, donde el mismo campo puede ser fumigado hasta cuatro veces, y tras el vertimiento de millones de litros de glifosato, el riesgo de que esto suceda es extremadamente alto.
El glifosato ha sido asperjado por todo el país de forma indiscriminada y sería sorprendente que no hubiese destruido vegetación ajena a los cultivos con usos ilícitos y especies en peligro de extinción en particular los peces e invertebrados acuáticos que son los seres más susceptibles al glifosatos y sus formulaciones. En Alemania un estudio del 2012 encontró concentraciones de glifosato 5 a 20 veces superiores a los límites establecidos para el agua potable.
Los hallazgos de investigadores daneses según los cuales el glifosato penetra las aguas subterráneas y, contrario a lo que se pensaba, no se ve descompuesto por microrganismos al contacto con el suelo, lleva al gobierno danés a prohibir el uso del glifosato en el 2003. Informes de salud del 2009 del oriente del Venezuela señalan que, dada la alta incidencia de defectos genéticos solo comparable a las incidencias en Colombia, “una de las posibilidades para considerar sería el transporte fluvial de partículas tóxicas [de las fumigaciones] en las corrientes aéreas que fluyen de la Sierra Nevada de Santa Marta hacia el occidente de Venezuela.”
A pesar del sinfín de quejas por parte de las comunidades campesinas e indígenas no sólo sobre la perdida de cultivos de pancoger, contaminación de aguas, envenenamiento de ganado, abortos y defectos genéticos en animales y niños tras las operaciones de fumigación, sino asimismo de salpullidos, problemas respiratorios diarreas, bajo aumento de peso en los niños, derrames nasales y desordenes digestivos, entre otros, el hecho es que después de 34 años de fumigación ininterrumpida, los ciudadanos colombianos desconocemos qué mezclas, formulaciones y concentraciones, y cantidades han sido y están siendo asperjadas sobre nuestras gentes, territorios y fuentes de aguas. Descontando las advertencias previas y posteriores emitidas por el Instituto Nacional de Salud , el Instituto Nacional de Recursos Naturales , la Defensoría y numerosas organizaciones sociales y ambientales la información oficial sobre dónde y con qué fumigaron ente 1978 y 1995 es prácticamente inexistente.
Las cifras de la UNODC revelan que sólo en los últimos 16 años, entre 1995 y el 2011, los Estados Unidos y Colombia han fumigado más de 1,652,840 hectáreas de las 114 millones de hectáreas que conforman el total del territorio de 48 millones de colombianos. Aunque las advertencias científicas no han cesado, los gobiernos colombianos y estadounidenses persisten en esta fracasada y riesgosa medida aunque los únicos estudios que la avalan, y que datan solamente de 2005 y 2009 (27 y 31 años después de las primeras fumigaciones), fueron ambos efectuados por la CICAD, una comisión cuyas preocupaciones se centran en contener por todos los medios el abuso de drogas, que afecta aproximadamente entre 15 a 39 millones de los estimados 230,000,000 de usuarios voluntarios de todas las drogas a nivel mundial.
A pesar del sinfín de quejas por parte de las comunidades campesinas e indígenas no sólo sobre la perdida de cultivos de pancoger, contaminación de aguas, envenenamiento de ganado, abortos y defectos genéticos en animales y niños tras las operaciones de fumigación, sino asimismo de salpullidos, problemas respiratorios diarreas, bajo aumento de peso en los niños, derrames nasales y desordenes digestivos, entre otros, el hecho es que después de 34 años de fumigación ininterrumpida, los ciudadanos colombianos desconocemos qué mezclas, formulaciones y concentraciones, y cantidades han sido y están siendo asperjadas sobre nuestras gentes, territorios y fuentes de aguas. Descontando las advertencias previas y posteriores emitidas por el Instituto Nacional de Salud , el Instituto Nacional de Recursos Naturales , la Defensoría y numerosas organizaciones sociales y ambientales la información oficial sobre dónde y con qué fumigaron ente 1978 y 1995 es prácticamente inexistente.
Las cifras de la UNODC revelan que sólo en los últimos 16 años, entre 1995 y el 2011, los Estados Unidos y Colombia han fumigado más de 1,652,840 hectáreas de las 114 millones de hectáreas que conforman el total del territorio de 48 millones de colombianos. Aunque las advertencias científicas no han cesado, los gobiernos colombianos y estadounidenses persisten en esta fracasada y riesgosa medida aunque los únicos estudios que la avalan, y que datan solamente de 2005 y 2009 (27 y 31 años después de las primeras fumigaciones), fueron ambos efectuados por la CICAD, una comisión cuyas preocupaciones se centran en contener por todos los medios el abuso de drogas, que afecta aproximadamente entre 15 a 39 millones de los estimados 230,000,000 de usuarios voluntarios de todas las drogas a nivel mundial.
Consideramos que la afirmación de la CICAD de que los daños sanitarios y ambientales ocasionados por la aspersión aérea de glifosato son “insignificantes (“negligible”) no se compadece con la realidad que vivimos y constatamos a diario los colombianos. Suscita temor asimismo, en un mundo en pleno desfase químico, la propuesta del investigador a cargo de los estudios de la CICAD, Keith Solomon, de experimentar con nuevos agroprecursores para lo cual sugiere sus marcas Roundup Biactive, Silwet L-77 and Mixture B como “buenos candidatos para evaluación adicional”. Asimismo, no deja de ser inquietante el estudio en curso [2009-2014] por el Departamento de Agricultura de lo Estados Unidos dirigido a determinar la huella genética de la Coca para precisar los genotipos de la coca en Colombia.
La aspersión aérea es una de las primeras causas del crimen del desplazamiento interno forzado y del consecuente despojo de tierras campesinas por parte de los grupos armados al servicio de los narcoterratenientes. Contribuye al fortalecimiento del narcotráfico y control armado que ejerce sobre los cultivadores al desamparo del Estado.
La aspersión aérea es una de las primeras causas del crimen del desplazamiento interno forzado y del consecuente despojo de tierras campesinas por parte de los grupos armados al servicio de los narcoterratenientes. Contribuye al fortalecimiento del narcotráfico y control armado que ejerce sobre los cultivadores al desamparo del Estado.
Es una medida de Guerra de las Drogas aplicada en clara violación del DIH a campesinos desarmados que no son parte de las hostilidades; agrava no sólo las condiciones del campesinado en general sino también el conflicto interno. Estos campesinos no son parte del narcotráfico. Los campesinos que cultivan estas plantas llegan a esto por la falta de medios de subsistencia en un país cuya injustica social es comparable a la de países como Haití y Angola. Según la UNODC, la parcela promedio de coca es de 0.67 hectáreas. Si acaso llega a tener una hectárea, una familia de 4 tiene que vivir con menos de USD $294/mes, por debajo hasta del salario mínimo legal colombiano.
La UNODC constata asimismo que los recortes en el uso de agroprecursores, los mismos que usa el gobierno para fumigar con la pretensión de erradicar, han contribuido a reducciones recientes en la productividad de la coca.
Tanto los agroprecursores usados por los mismos cultivadores así como los utilizados por el Estado colombiano son altamente nocivos como bien lo señalan estudios pasados y recientes, entre otros el del Profesor Séralini de la Universidad de Caen [¿Todos Nosotros Conejillos de Indias- Tous Cobayes? 2012]. Las instancias oficiales y sociales de defensa de los DDHH y recursos naturales vienen advirtiendo al Gobierno colombiano desde antes y persistentemente después de las primeras fumigaciones sobre su obligación de precaución y responsabilidad por los daños ocasionados por su aplicación de sustancias químicas.
Consecuente con la ilegitimidad de esta medida, cuando las comunidades protestan, las acusan de ser aliadas de la guerrilla y el narcotráfico y, cuando se quejan por los daños ocasionados, quien recibe (sólo desde 2001) y resuelve las quejas es quien fumiga: “La Dirección Nacional de Estupefacientes y la Dirección Antinarcóticos de la Policía Nacional son las autoridades responsables de atender y tramitar las quejas presentadas.” [Res. 017 2001]
Las plantas de coca, amapola y marihuana no crecen orgánicamente en cualquier parte; para su expansión y productividad dependen de uso de agroquímicos fertilizantes y herbicidas.
Las plantas de coca, amapola y marihuana no crecen orgánicamente en cualquier parte; para su expansión y productividad dependen de uso de agroquímicos fertilizantes y herbicidas.
Sin consideración de que el intensivo e indiscriminado uso de agroprecursores está al origen de la expansión de los cultivos con fines ilícitos, las “Bases para el diseño de una política de precios de agroquímicos” del 2007 del Ministerio de Agricultura mantiene apenas en libertad vigilada los precios de estos agroprecursores. Consideramos que el gobierno de Juan Manuel Santos, en lugar de reducir el Impuesto de Valor Agregado (IVA) sobre fertilizantes y herbicidas químicos como hizo con la reciente Reforma Tributaria, debe tener presente el efecto expansivo que han tenido estos precursores en detrimento de la lucha contra las drogas.
Las primeras fumigaciones en Colombia se efectuaron en 1978 con el objetivo de erradicar 19,000 hectáreas de marihuana en una reserva uno de los ecosistemas más frágiles del Planeta [Declarada por la UNESCO como Reserva de la Biosfera y Patrimonio de la Humanidad en el año de 1979] cuando la coca en Colombia era poca y limitada a los usos sagrados y alimentarios de los Pueblos Indígenas y la amapola era una flor.
Hoy en día, tras la aplicación de millones y millones de litros de químicos afectados sobre todo el territorio nacional (incluso las reservas y parques nacionales), en Colombia hay plantadas 64,000 has de coca, 338 has de amapola y un número no censado de cultivos de cánnabis. Caben dudas justificadas sobre el rol de las propias fumigaciones, además de la pobreza y falta de alternativas voluntarias de erradicación, en la expansión de usos ilícitos en Colombia.
Hoy en día, tras la aplicación de millones y millones de litros de químicos afectados sobre todo el territorio nacional (incluso las reservas y parques nacionales), en Colombia hay plantadas 64,000 has de coca, 338 has de amapola y un número no censado de cultivos de cánnabis. Caben dudas justificadas sobre el rol de las propias fumigaciones, además de la pobreza y falta de alternativas voluntarias de erradicación, en la expansión de usos ilícitos en Colombia.
Como bien lo señalan las Cortes y las propuestas sociales y de las Comunidades, el Gobierno de Colombia debe y tiene que valorar el legado —de uno de los ecosistema mas biodiverso y frágil del mundo— emprendiendo un camino sostenible y productivo de erradicación no forzada de los cultivos a los que se da uso ilícito. Debe aprovechar los usos medicinales, alimenticios e industriales de la Hoja de Coca acatando el camino señalado por la Corte Constitucional “la hoja de coca podría tener formas de comercio alternativo legal que precisamente podrían evitar la extensión del narcotráfico.
” La medida de limitar la venta de productos de coca de las comunidades indígenas a sus territorios como lo pretende legislar el Estatuto de Droga del 2012 y como lo ha intentado hacer la Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE) por intervención extranjera es no sólo contraproducente y ajeno al sentido común sino claramente violatorio de la Declaración de las Naciones Unidas sobre el Derecho de los Pueblos Indígenas a la defensa de sus propias prioridades de desarrollo.
Hasta ahora las fumigaciones se han efectuado con la promulgación de normas y decretos que confirman a posteriori el derecho del Estado de aplicar esta medida que se dice contra el narcotráfico. Sin embargo, este año el Gobierno se propone convertir esta medida química en ley de la república por vía del Estatuto de Drogas que derogará la Ley 30 de 1986.
Hasta ahora las fumigaciones se han efectuado con la promulgación de normas y decretos que confirman a posteriori el derecho del Estado de aplicar esta medida que se dice contra el narcotráfico. Sin embargo, este año el Gobierno se propone convertir esta medida química en ley de la república por vía del Estatuto de Drogas que derogará la Ley 30 de 1986.
El Gobierno de Juan Manuel Santos debe aprender de los errores del pasado y abstenerse de incorporar las fumigaciones en el Estatuto de Drogas. Declarar una moratoria en las fumigaciones mientras se llevan a cabo estudios sobre las fumigaciones en sí (con consideraciones socioeconómicas de drogas pero no solamente) epidemiológicos, de impacto ambiental, humanitario y sobre el futuro comercial de Colombia para determinar con fundamentos científicos los daños o si efectivamente, como dice la CICAD, no los hay. Promover, en defensa de los intereses superiores de la Nación y de un mundo con orientación ambiental, fórmulas de erradicación sostenible de aquellos cultivos no dedicados a fines benéficos. Fórmulas que permitan a Colombia exigir la Corresponsabilidad y no intervención indebida de otros Estados frente a su deber de aprovechar y proteger sus recursos en aras del futuro sostenible y pacifico de toda la Humanidad.
Por todo lo anterior y otras consideraciones de peso, requerimos, por su intermedio respetado Sr. Ban Ki-moon, al gobierno de Juan Manuel Santos que se acoja a la normatividad vigente y, en aras del Principio de Precaución, la Convención sobre Diversidad Biológica, el Protocolo de Bioseguridad de Cartagena, la Declaración de Estocolmo de 1972 y Declaración de Río de 1992 sobre el Medio Ambiente Humano y Desarrollo Sostenible, se abstenga de proseguir por este camino hasta que no se estudie, diseñen y desarrollen alternativas de erradicación respetuosas de la calidad humana de los colombianos. Esperamos que el respaldo nacional e internacional, y el pronunciamiento de entidades internacionales a este llamado reciba la debida consideración de las instancias llamadas a velar por el respeto de los derechos y normatividad internacional y la atención del gobierno colombiano sobre las implicaciones humanitarias y para las Mesas de Dialogo para la Terminación del Conflicto de la actual práctica de fumigaciones que impacta la población civil indefensa.
Atentamente,
...
Con copia a:
• Presidente Juan Manuel Santos /E.S.D • Presidente Barack Obama • Programa de las Naciones Unidas para el Medioambiente –Leyes y Convenciones-DELC • Agencia de la ONU para los Refugiados ACNUR- Calle 113 #7-21 Torre A Of 6001 • Alta Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Vicepresidenta de la Comisión / Catherine Ashton • Organización Mundial de la Salud Colombia (OMS)/ Apartado Aéreo 253367 e-mail[at]col.ops-oms.org • Organización Panamericana de la Salud (OPS) Teofilo Monteiro Cra 7 #74-21 p.9 • Representante para Colombia de la UNODC /Bo Mathiasen • Corte Internacional de Justicia / La Haya • Corte Interamericana de Justicia /Costa Rica • Secretaría General de UNASUR /secretaria.general[at]unasursg.org • UNESCO United Nations Scientific, Educational and Cultural Organization Paris • Defensor del Pueblo de Colombia /Jorge Armando Otálora • Comisión Primera de la Cámara de Representantes de Colombia /German Navas Talero • Congreso de Colombia / Juan Manuel Galán • Congreso de los Estados Unidos /Congressman James McGovern (D –MA) • Ministerio de la Salud y Protección Social /Alejandro Gaviria • Ministerio de Justicia y del Derecho / Ruth Stella Correa • Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural /Juan Camilo Restrepo • Ministerio de Relaciones Exteriores /María Ángela Holguín • Ministro de Interior de Colombia/Fernando Carrillo Flórez • Ministerio de Comercio, Industria y Turismo /Sergio Diazgranados • Autoridad Noruega para el Desarrollo Internacional (NORAD) • Agencia Alemana de Cooperación Técnica (GIZ) /Daniel Brombacher • Mesas de Diálogo para la Terminación del Conflicto / • Comité Internacional de la Cruz Roja Colombia/ Jordi Curó Raich • Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD)/ Javier Sagredo • Keith Solomon -University of Guelph Canada
Notas:
http://treaties.un.org/Pages/ViewDe...
http://www.corteconstitucional.gov....
http://www.mamacoca.org/docs_de_bas...
Por todo lo anterior y otras consideraciones de peso, requerimos, por su intermedio respetado Sr. Ban Ki-moon, al gobierno de Juan Manuel Santos que se acoja a la normatividad vigente y, en aras del Principio de Precaución, la Convención sobre Diversidad Biológica, el Protocolo de Bioseguridad de Cartagena, la Declaración de Estocolmo de 1972 y Declaración de Río de 1992 sobre el Medio Ambiente Humano y Desarrollo Sostenible, se abstenga de proseguir por este camino hasta que no se estudie, diseñen y desarrollen alternativas de erradicación respetuosas de la calidad humana de los colombianos. Esperamos que el respaldo nacional e internacional, y el pronunciamiento de entidades internacionales a este llamado reciba la debida consideración de las instancias llamadas a velar por el respeto de los derechos y normatividad internacional y la atención del gobierno colombiano sobre las implicaciones humanitarias y para las Mesas de Dialogo para la Terminación del Conflicto de la actual práctica de fumigaciones que impacta la población civil indefensa.
Atentamente,
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Con copia a:
• Presidente Juan Manuel Santos /E.S.D • Presidente Barack Obama • Programa de las Naciones Unidas para el Medioambiente –Leyes y Convenciones-DELC • Agencia de la ONU para los Refugiados ACNUR- Calle 113 #7-21 Torre A Of 6001 • Alta Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Vicepresidenta de la Comisión / Catherine Ashton • Organización Mundial de la Salud Colombia (OMS)/ Apartado Aéreo 253367 e-mail[at]col.ops-oms.org • Organización Panamericana de la Salud (OPS) Teofilo Monteiro Cra 7 #74-21 p.9 • Representante para Colombia de la UNODC /Bo Mathiasen • Corte Internacional de Justicia / La Haya • Corte Interamericana de Justicia /Costa Rica • Secretaría General de UNASUR /secretaria.general[at]unasursg.org • UNESCO United Nations Scientific, Educational and Cultural Organization Paris • Defensor del Pueblo de Colombia /Jorge Armando Otálora • Comisión Primera de la Cámara de Representantes de Colombia /German Navas Talero • Congreso de Colombia / Juan Manuel Galán • Congreso de los Estados Unidos /Congressman James McGovern (D –MA) • Ministerio de la Salud y Protección Social /Alejandro Gaviria • Ministerio de Justicia y del Derecho / Ruth Stella Correa • Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural /Juan Camilo Restrepo • Ministerio de Relaciones Exteriores /María Ángela Holguín • Ministro de Interior de Colombia/Fernando Carrillo Flórez • Ministerio de Comercio, Industria y Turismo /Sergio Diazgranados • Autoridad Noruega para el Desarrollo Internacional (NORAD) • Agencia Alemana de Cooperación Técnica (GIZ) /Daniel Brombacher • Mesas de Diálogo para la Terminación del Conflicto / • Comité Internacional de la Cruz Roja Colombia/ Jordi Curó Raich • Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD)/ Javier Sagredo • Keith Solomon -University of Guelph Canada
Notas:
http://treaties.un.org/Pages/ViewDe...
http://www.corteconstitucional.gov....
http://www.mamacoca.org/docs_de_bas...
