EL TELEGRAFO – El ministro de Cultura y Patrimonio, Francisco Velasco, puso en relieve lo que él consideró un notable precedente en la lucha contra los delitos de tráfico ilícito de bienes culturales y patrimoniales.
La razón: la Corte Constitucional (CC) dejó sin efecto el fallo de la Corte Provincial de Guayas tomado en 2010 sobre la permanencia y posesión de 900 piezas arqueológicas que estaba en manos de la familia Avilés-Marcillo; 128 fueron presentadas ayer, en una rueda de prensa, en Quito.
Este caso se remonta al año 2006 cuando la Interpol detectó indicios de tráfico ilícito de piezas patrimoniales entre Miami (Estados Unidos) y Guayaquil, por lo que el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural (INPC) inició un proceso judicial en contra de la familia Avilés-Marcillo, que tenía bajo su posesión tales objetos.
Ellos intentaron enviar al extranjero 168 piezas pero la Policía las detectó antes. Y ese indicio llevó a encontrar el otro lote de piezas que suman 900.
Pese a estos antecedentes y a las sospechas de delito, el 14 de mayo de 2010 la Sala de lo Penal, Colusorio y Tránsito de la Corte Provincial del Guayas dictó un auto de sobreseimiento -que para Velasco fue “insólito y lesivo para los intereses del Estado ecuatoriano”-, al determinar que no encontraron delito alguno. Incluso -recordó Velasco- “la Sala fue más allá al calificar de ‘temeraria’ la denuncia planteada por el Estado a través de sus respectivos entes”.
Las 900 piezas serán catalogadas para luego determinar cómo serán exhibidas. Foto: Marco Salgado | El Telégrafo
Frente a ello, el INPC planteó una acción extraordinaria de protección ante la CC para apelar esa decisión que en aquel tiempo consideraron “ofensiva” para el patrimonio local. Esta, al final, el jueves pasado resolvió dejar sin efecto la decisión de la Corte Provincial del Guayas y falló a favor de Ecuador, y se establece que el Estado tiene la preeminencia y prioridad en la posesión de los bienes patrimoniales del país.
La resolución implica -a decir de Velasco- que “esas 900 piezas que estaban inmovilizadas bajo la custodia del INPC, en calidad de evidencia delictiva, podrán finalmente integrarse al registro nacional de bienes patrimoniales y, lo más importante, los ecuatorianos podrán disfrutar de estas piezas para el enriquecimiento y reafirmación de nuestra identidad cultural”.
Las 128 piezas arqueológicas que fueron presentadas ayer corresponden a las culturas Tolita, Jama-Coaque, Milagro-Quevedo, Chorrera, Valdivia, Negativo del Carchi, Tuncahuán, entre otras.
Ahora, estas 900 piezas que son parte del patrimonio arqueológico del Ecuador están bajo la custodia del INPC para su conservación, preservación y promoción.
Con la idea de ubicar las piezas Lucía Chiriboga, directora del INPC, declaró que se analizan e investigan distintas comunidades en las provincias de Santa Elena, Manabí, Napo y otras zonas de la Amazonía ecuatoriana para la creación de centros rurales destinados a la interpretación cultural. “Queremos entregar en comodato a las comunidades para que gestionen su propio patrimonio cultural”, dijo la autoridad.
De acuerdo a Velasco, el trabajo se lo hace junto con la Policía Patrimonial en los diferentes aeropuertos del país, así como con la Unidad de Riesgos, arqueólogos y otros profesionales del INPC.
Además, Velasco mencionó que el tráfico ilícito de bienes patrimoniales y culturales es el segundo negocio más rentable del mundo, por lo que -afirmó- se buscan iniciativas y estrategias internacionales para tratar de erradicar este delito.
Hasta el momento se llevan adelante 7 juicios en el exterior, entre ellos, en Alemania con el caso denominado “Patterson”, así como en Italia, en donde se encuentran 5.000 piezas incautadas que serán repatriadas al país próximamente.
Este caso se remonta al año 2006 cuando la Interpol detectó indicios de tráfico ilícito de piezas patrimoniales entre Miami (Estados Unidos) y Guayaquil, por lo que el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural (INPC) inició un proceso judicial en contra de la familia Avilés-Marcillo, que tenía bajo su posesión tales objetos.
Ellos intentaron enviar al extranjero 168 piezas pero la Policía las detectó antes. Y ese indicio llevó a encontrar el otro lote de piezas que suman 900.
Pese a estos antecedentes y a las sospechas de delito, el 14 de mayo de 2010 la Sala de lo Penal, Colusorio y Tránsito de la Corte Provincial del Guayas dictó un auto de sobreseimiento -que para Velasco fue “insólito y lesivo para los intereses del Estado ecuatoriano”-, al determinar que no encontraron delito alguno. Incluso -recordó Velasco- “la Sala fue más allá al calificar de ‘temeraria’ la denuncia planteada por el Estado a través de sus respectivos entes”.
Las 900 piezas serán catalogadas para luego determinar cómo serán exhibidas. Foto: Marco Salgado | El Telégrafo
Frente a ello, el INPC planteó una acción extraordinaria de protección ante la CC para apelar esa decisión que en aquel tiempo consideraron “ofensiva” para el patrimonio local. Esta, al final, el jueves pasado resolvió dejar sin efecto la decisión de la Corte Provincial del Guayas y falló a favor de Ecuador, y se establece que el Estado tiene la preeminencia y prioridad en la posesión de los bienes patrimoniales del país.
La resolución implica -a decir de Velasco- que “esas 900 piezas que estaban inmovilizadas bajo la custodia del INPC, en calidad de evidencia delictiva, podrán finalmente integrarse al registro nacional de bienes patrimoniales y, lo más importante, los ecuatorianos podrán disfrutar de estas piezas para el enriquecimiento y reafirmación de nuestra identidad cultural”.
Las 128 piezas arqueológicas que fueron presentadas ayer corresponden a las culturas Tolita, Jama-Coaque, Milagro-Quevedo, Chorrera, Valdivia, Negativo del Carchi, Tuncahuán, entre otras.
Ahora, estas 900 piezas que son parte del patrimonio arqueológico del Ecuador están bajo la custodia del INPC para su conservación, preservación y promoción.
Con la idea de ubicar las piezas Lucía Chiriboga, directora del INPC, declaró que se analizan e investigan distintas comunidades en las provincias de Santa Elena, Manabí, Napo y otras zonas de la Amazonía ecuatoriana para la creación de centros rurales destinados a la interpretación cultural. “Queremos entregar en comodato a las comunidades para que gestionen su propio patrimonio cultural”, dijo la autoridad.
De acuerdo a Velasco, el trabajo se lo hace junto con la Policía Patrimonial en los diferentes aeropuertos del país, así como con la Unidad de Riesgos, arqueólogos y otros profesionales del INPC.
Además, Velasco mencionó que el tráfico ilícito de bienes patrimoniales y culturales es el segundo negocio más rentable del mundo, por lo que -afirmó- se buscan iniciativas y estrategias internacionales para tratar de erradicar este delito.
Hasta el momento se llevan adelante 7 juicios en el exterior, entre ellos, en Alemania con el caso denominado “Patterson”, así como en Italia, en donde se encuentran 5.000 piezas incautadas que serán repatriadas al país próximamente.
