Continúa el debate público sobre la próxima reforma del fondo de pensiones de seguridad social. Correcta fue la afirmación del presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP), José Adán Aguerri, que el fortalecimiento del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) implica “… costos compartidos, no es un tema que otro asuma mis costos, es un tema de que si yo soy parte del beneficio, pues yo tengo que poner parte del costo para sostener ese beneficio”, lo cual fue refrendado por Manuel Israel Ruiz, experto en asuntos de seguridad social
Considero la apreciación del dirigente empresarial como una contundente respuesta a la afirmación populista del secretario general del Frente Nacional de Trabajadores (FNT), Gustavo Porras, también diputado, que cualquier incremento de los aportes (a la seguridad social) “… que se les aplique el sector empresarial y no al trabajador, porque los empleadores sí tienen ganancias y porque lo (que) pagan al INSS lo restan de los impuestos y aun así aumentan los precios de los productos de consumo básico al consumidor final”.
Olvidó el sindicalista y también diputado Gustavo Porras que también a los trabajadores siempre se les ha deducido la cuota que aportan a la seguridad social del pago del impuesto sobre la renta (IR), a la cual hoy se agregan como exentos de dicho impuesto los beneficios en especie de las convenciones colectivas, las prestaciones de fondos de ahorro y pensiones distintos de la seguridad social, y las indemnizaciones por los primeros 5 meses y hasta por 500 mil córdobas por los meses adicionales en los puestos de confianza, tal como lo estipula la Ley de Concertación Tributaria, la cual reconfirmó explícitamente que tampoco pagarán IR las pensiones y las jubilaciones de la seguridad social.
Uno de los riesgos de esta tarea nacional es cualquier vestigio de populismo. La solución del problema estructural del INSS demanda una sólida seriedad científica –demográfica, actuarial, sociológica, legal, económica, financiera y, quizá, médica-, por lo cual invito al secretario general de la FNT a que pula muy bien sus argumentos y aportes para resolver este problema nacional y no vuelva a caer en ese error que se observa frecuentemente entre los políticos, tal como se lo señaló uno de sus colegas, Luis Barbosa, secretario general de la Confederación Sindical de Trabajadores José Benito Escobar (CST-JBE), afiliada al FNT.
Elevar la competitividad del INSS pasa, por supuesto, en la reducción de los gastos generales administrativos, que al 31 de diciembre de 2012 representaron el 75% del remanente social del período y, a manera de comparación, a esa misma fecha los gastos administrativos de los 6 bancos del sistema financiero nacional representaron 1.5 veces las utilidades (brutas) del período antes de los pagos del IR y de contribuciones por leyes especiales –saque usted su conclusión, estimado lector-. Los empresarios y los sindicatos también están exigiendo una rendición de cuentas de las inversiones del INSS, una cuestión normal en la discusión del rescate financiero de dicha institución, que sólo es posible en el largo plazo.
De acuerdo con el Anuario Estadístico del INSS 2012, al 31 de diciembre la cartera de inversiones mostró un saldo de 14 mil 556 millones 230 mil córdobas, equivalente al 5.9% del Producto Interno Bruto (PIB) de 2012, y el mayor componente de esas inversiones es la adquisición de títulos valores que representó el 68% el saldo total de las inversiones del INSS; el segundo componente, el de préstamos por 2 mil 335 millones 670 mil córdobas participó en el total invertido con el 16%.
Cuando se discuta el rendimiento anual promedio de las inversiones del INSS, he de aconsejar a los sindicatos y empresarios que los rendimientos de la seguridad social se explican principalmente con su sistema de reparto, no con una mala estrategia de inversión –que además la establece la ley- ni con elevados costos de transacción –ya que es fácil demostrar que la administración del INSS está sobre la administración de los 6 bancos privados, porque sus gastos administrativos como un porcentaje de las utilidades brutas equivalen a la mitad de los gastos administrativos de la banca comercial privada-.
Con el sistema de reparto de nuestra seguridad social, la tasa de rendimiento de largo plazo está relacionada directamente con la tasa de crecimiento de nuestra economía, y dicha tasa es del orden de 4% en el período 1994-2012, de acuerdo con los datos del nuevo sistema de cuentas nacionales de nuestro país, con el año base de 2006, estrenado por el Banco Central de Nicaragua (BCN) en octubre de 2012.
Esa tasa de crecimiento económico es muy baja e insuficiente para reducir, por un lado, el subempleo que, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Información de Desarrollo (INIDE) afectó al 51.9% de los ocupados a finales de 2012 y, por otro lado, la pobreza que aflige a casi el 40% de la población total del país.
No es lo mismo crecer un 4% sobre un PIB de 10 mil 508 millones de dólares, es decir, agregar 420 millones de dólares al ingreso interno, como es el caso de Nicaragua, que crecer un 4% sobre 36 mil 253 millones de dólares, o sea, agregar 1 mil 450 millones de dólares, como es el PIB de Panamá.
Si los sindicatos o los empresarios desearan mayores tasas de rendimientos, sólo podría lograrse abandonando el sistema de reparto, pero no creo que en dicho consenso se apruebe ese abandono para privatizar la seguridad social con los fines de obtener, por un lado, mayores rendimientos y, por otro lado, un mayor ahorro nacional con el sacrificio del consumo de las generaciones afectadas porque la privatización exige la capitalización de la deuda no consolidada, por ejemplo, con la imposición un mayor impuesto de valor agregado (IVA) o un impuesto sobre los salarios para financiar la transición del sistema de seguridad social.
Es por eso que no veo posible la privatización de nuestro sistema de seguridad social, un intento fallido en nuestra historia económica, y porque los empresarios y los sindicatos también están exigiendo que el Estado establezca un plan de pago de la deuda que tiene el Estado de Nicaragua con el INSS.
http://nestoravendano.wordpress.com/2013/08/18/la-seguridad-social-no-se-arriesga-en-las-bolsas-de-valores/
Si los sindicatos o los empresarios desearan mayores tasas de rendimientos, sólo podría lograrse abandonando el sistema de reparto, pero no creo que en dicho consenso se apruebe ese abandono para privatizar la seguridad social con los fines de obtener, por un lado, mayores rendimientos y, por otro lado, un mayor ahorro nacional con el sacrificio del consumo de las generaciones afectadas porque la privatización exige la capitalización de la deuda no consolidada, por ejemplo, con la imposición un mayor impuesto de valor agregado (IVA) o un impuesto sobre los salarios para financiar la transición del sistema de seguridad social.
Es por eso que no veo posible la privatización de nuestro sistema de seguridad social, un intento fallido en nuestra historia económica, y porque los empresarios y los sindicatos también están exigiendo que el Estado establezca un plan de pago de la deuda que tiene el Estado de Nicaragua con el INSS.
http://nestoravendano.wordpress.com/2013/08/18/la-seguridad-social-no-se-arriesga-en-las-bolsas-de-valores/
