La huida a Brasil del senador Roger Pinto, quien estuvo exilado en la embajada del referido país en esta capital por más de un año, mantiene la atención de los bolivianos, quienes aguardan hoy los próximos acontecimientos sobre el caso.
Pinto se fugó a Brasil el viernes anterior con la ayuda del encargado de negocios de la embajada brasileña, Eduardo Saboia, en un proceder que sorprendió a las autoridades bolivianas, las cuales, en un primer momento, actuaron con cautela al asegurar que no sabían nada del legislador y que esperaban un pronunciamiento brasileño.
La víspera, sin embargo, aparecieron más detalles sobre la escapada del senador por Convergencia Nacional (CN), que enfrenta varios cargos por corrupción y daño económico al Estado, y el canciller, David Choquehuanca, anunció que había enviado una convocatoria a la sede diplomática del vecino país para que explicara lo sucedido.
“Solicitamos formalmente a las autoridades de Brasil explicaciones. Hay varias versiones en diferentes medios de comunicación. Nuestra comunidad, Bolivia, y la comunidad internacional necesita conocer estos hechos, porque se han violado normativas nacionales e internacionales”, resaltó.
También recordó que “por ningún motivo podía el señor Pinto abandonar el país sin el salvoconducto”, y agregó que el hecho “violó los mecanismos de cooperación que existen entre Estados”.
“No puede ser que al amparo de la inmunidad diplomática se transgredan normas nacionales e internacionales, facilitando la salida y la huida el país del senador Pinto. Puede ser un mal precedente no solamente para la justicia boliviana, sino para la comunidad internacional”, insistió.
La escapada de Pinto, quien viajó en un vehículo de la embajada brasileña y fue escoltado durante un viaje de 22 horas por militares del referido país, le costó el puesto al canciller Antonio Patriota, quien presentó su dimisión.
Mientras Pinto prepara una conferencia de prensa para hoy en la sede del Senado brasileño, anunciada desde el fin de semana, el Fiscal General interino, Roberto Ramírez, adelantó que no se descarta un pedido de extradición.
Ramírez destacó que el Ministerio Público continuará con los procesos penales abiertos contra el senador y advirtió que la Fiscalía analiza el contenido de los tratados y convenios internacionales vigentes entre ambos países, para luego determinar qué mecanismos y acciones legales se tomarán en el caso Pinto.
El legislador enfrenta procesos penales en La Paz y Pando, además de que pesan sobre él dos órdenes de captura y una sentencia de un año por el caso Zona Franca, vinculado con su accionar en Tarija.
PL
