El Gobierno español podría estar violando la privacidad de sus ciudadanos, espiándolos sin autorización judicial, sostienen los expertos entrevistados por el periódico digital 'El Confidencial'.
Las leyes que regulan la intervención de las autoridades en las comunicaciones de los ciudadanos son un 'coladero': encierran varios atajos para poder burlarlas y esto se hace frecuentemente, comentaron los expertos a 'El Confidencial'.
"La violación de los derechos fundamentales es algo más que un temor", aseguró a la publicación Ignacio Torres Muro, catedrático de Derecho Constitucional.
El Gobierno español tiene a su disposición una herramienta llamada Sistema Integrado de Interceptación de Telecomunicaciones (SITEL), señalan los expertos.
Es un sistema electrónico que permite interceptar llamadas telefónicas, e-mails y mensajes de móvil, y almacenar los datos digitales para un posterior análisis.
El sistema se hizo público en 2001 y es utilizado por la Policía Nacional, la Guardia Civil y el Centro Nacional de Inteligencia supuestamente para combatir el terrorismo y el crimen organizado.
En teoría, su aplicación requiere de autorización judicial. Sin embargo, la ley permite a los policías, guardias civiles y agentes de inteligencia exigir a las operadoras de telefonía "con carácter previo a la autorización judicial, información sobre la identidad de las personas que se comunican, sus números de DNI o de pasaporte, la hora, la fecha, el lugar de origen de las llamadas y el destino.
El sistema se hizo público en 2001 y es utilizado por la Policía Nacional, la Guardia Civil y el Centro Nacional de Inteligencia supuestamente para combatir el terrorismo y el crimen organizado.
En teoría, su aplicación requiere de autorización judicial. Sin embargo, la ley permite a los policías, guardias civiles y agentes de inteligencia exigir a las operadoras de telefonía "con carácter previo a la autorización judicial, información sobre la identidad de las personas que se comunican, sus números de DNI o de pasaporte, la hora, la fecha, el lugar de origen de las llamadas y el destino.
Y todo ello antes de que intervenga el juez, lo que deja fuera de control una parte importante del proceso de interceptación y colisiona con el derecho fundamental a la protección de datos personales", señala a 'El Confidencial' Ofelia Tejerina, experta en tecnologías de la información y asesora legal de la Asociación de Internautas.
Para tratar de llenar en parte el vacío jurídico, la Fiscalía General del Estado dictó el pasado enero la circular 1/2013 'Pautas en relación con la diligencia de intervención de las comunicaciones telefónicas', que cuenta con una gran parte dedicada al programa SITEL.
Para tratar de llenar en parte el vacío jurídico, la Fiscalía General del Estado dictó el pasado enero la circular 1/2013 'Pautas en relación con la diligencia de intervención de las comunicaciones telefónicas', que cuenta con una gran parte dedicada al programa SITEL.
Sin embargo Tejerina advierte de la "falta de formación de jueces y fiscales en esa tecnología".
http://actualidad.rt.com/actualidad/view/99291-espana-poder-vigilar-ciudadanos
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