Una corte de Miami, Florida, revocó este miércoles una demanda interpuesta por miembros de la familia Solórzano en contra del Estado de Nicaragua, exigiendo una indemnización que superaba los USD 20 millones por la nacionalización de la empresa farmacéutica Solka.
El Tribunal estadounidense aceptó todos los argumentos sobre la inmunidad soberana de Nicaragua, y la falta de jurisdicción en EEUU en caso SOLKA, informó Hernán Estrada, Procurador General de la República (PGR).
El caso de Solka comenzó desde 2007, por el supuesto incumplimiento de pago de parte del gobierno de Nicaragua en la compra-venta de las acciones de esa empresa privada y la venta de una marca comercial.
En abril pasado una corte federal del estado de la Florida emitió una sentencia, en la cual ordenaba al Estado de Nicaragua pagar 5,87 millones de dólares para resarcir a los Solórzano supuestos daños a la empresa.
Frente a esa sentencia, el asesor económico de la Presidencia, Bayardo Arce, denunció que ellos "ni siquiera le preguntaron al Estado nicaragüense a través de los canales correspondientes -que son los canales diplomáticos- que era lo que pasaba con esta situación".
Arce puntualizó que la defensa del derecho nacional recaería en la PGR por cuanto ellos tratan asuntos de la propiedad e indemnizaciones, vía por la cual hubiera podido resolverse ese asunto sin traspasar fronteras, como había ocurrido antes con otros casos, publicó Prensa Latina.
Dirigentes sindicales de Laboratorio Solka rechazaron la maniobra legal que pretendía favorecer a los anteriores dueños de la empresa, de la cual ahora controlan 40% del capital accionario por determinación del gobierno.
En medio de la controversia el secretario general de la Central Sandinista de Trabajadores José Benito Escobar, Luis Barbosa, recordó los actos de "corrupción y fraudes" realizados por los ex administrativos de Solka.
Nicaragua alegó "inmunidad soberana", porque la corte estadounidense no tiene jurisdicción para fallar contra un Estado soberano.
Estrada agregó que el pronunciamiento de la corte del estado de La Florida representa también una victoria contundente y total del gobierno, al hacer uso de los instrumentos del derecho internacional para dirimir controversias.
Aclaró sin embargo que con esta resolución no se cierra la valoración de la Procuraduría General de la República (PGR), en cuanto a los gastos y daños causados al Estado de Nicaragua por la familia Solórzano.
El Procurador calificó de «abusiva» la demanda que habían interpuesto miembros de la familia Solórzano y la señora Lylle Araya.
Audio del Procurador General de la República Hernán Estrada:
Tras el triunfo de la Revolución Popular Sandinista en 1979, el gobierno revolucionario nacionalizaron la empresa Soka que sus dueños habían perdido a manos de un banco vinculado a la Dictadura Somocista, porque no pagaron una deuda de varios millones de dólares.
El gobierno sandinista convirtió la empresa en el mejor laboratorio de medicamentos genéricos de Centro América. Sólo en 1988, el estado nicaragüense invirtió 5 millones de dólares.
La señora Violeta Chamorro y su yerno, Antonio Lacayo, que gobernaron Nicaragua entre 1990 y 1997, regalaron la empresa a los señores Solórzano, causando un largo conflicto con sus trabajadores.
Cuando el primer fallo en Miami, el magistrado Francisco Rosales, Presidente de la Sala Constitucional de la CSJ, alegó que esa corte estadounidense no tenía autoridad sobre ningún país, por tanto Nicaragua no estaba obligada a pagar la indemnización millonaria establecida.
"De ninguna manera el fallo es vinculante.
El Tribunal estadounidense aceptó todos los argumentos sobre la inmunidad soberana de Nicaragua, y la falta de jurisdicción en EEUU en caso SOLKA, informó Hernán Estrada, Procurador General de la República (PGR).
El caso de Solka comenzó desde 2007, por el supuesto incumplimiento de pago de parte del gobierno de Nicaragua en la compra-venta de las acciones de esa empresa privada y la venta de una marca comercial.
En abril pasado una corte federal del estado de la Florida emitió una sentencia, en la cual ordenaba al Estado de Nicaragua pagar 5,87 millones de dólares para resarcir a los Solórzano supuestos daños a la empresa.
Frente a esa sentencia, el asesor económico de la Presidencia, Bayardo Arce, denunció que ellos "ni siquiera le preguntaron al Estado nicaragüense a través de los canales correspondientes -que son los canales diplomáticos- que era lo que pasaba con esta situación".
Arce puntualizó que la defensa del derecho nacional recaería en la PGR por cuanto ellos tratan asuntos de la propiedad e indemnizaciones, vía por la cual hubiera podido resolverse ese asunto sin traspasar fronteras, como había ocurrido antes con otros casos, publicó Prensa Latina.
Dirigentes sindicales de Laboratorio Solka rechazaron la maniobra legal que pretendía favorecer a los anteriores dueños de la empresa, de la cual ahora controlan 40% del capital accionario por determinación del gobierno.
En medio de la controversia el secretario general de la Central Sandinista de Trabajadores José Benito Escobar, Luis Barbosa, recordó los actos de "corrupción y fraudes" realizados por los ex administrativos de Solka.
Nicaragua alegó "inmunidad soberana", porque la corte estadounidense no tiene jurisdicción para fallar contra un Estado soberano.
Estrada agregó que el pronunciamiento de la corte del estado de La Florida representa también una victoria contundente y total del gobierno, al hacer uso de los instrumentos del derecho internacional para dirimir controversias.
Aclaró sin embargo que con esta resolución no se cierra la valoración de la Procuraduría General de la República (PGR), en cuanto a los gastos y daños causados al Estado de Nicaragua por la familia Solórzano.
El Procurador calificó de «abusiva» la demanda que habían interpuesto miembros de la familia Solórzano y la señora Lylle Araya.
Audio del Procurador General de la República Hernán Estrada:
Tras el triunfo de la Revolución Popular Sandinista en 1979, el gobierno revolucionario nacionalizaron la empresa Soka que sus dueños habían perdido a manos de un banco vinculado a la Dictadura Somocista, porque no pagaron una deuda de varios millones de dólares.
El gobierno sandinista convirtió la empresa en el mejor laboratorio de medicamentos genéricos de Centro América. Sólo en 1988, el estado nicaragüense invirtió 5 millones de dólares.
La señora Violeta Chamorro y su yerno, Antonio Lacayo, que gobernaron Nicaragua entre 1990 y 1997, regalaron la empresa a los señores Solórzano, causando un largo conflicto con sus trabajadores.
Cuando el primer fallo en Miami, el magistrado Francisco Rosales, Presidente de la Sala Constitucional de la CSJ, alegó que esa corte estadounidense no tenía autoridad sobre ningún país, por tanto Nicaragua no estaba obligada a pagar la indemnización millonaria establecida.
"De ninguna manera el fallo es vinculante.
El principio de territorialidad es fundamental, y se tiene que agotar el derecho interno para poder irse fuera a una Corte internacional, habría dicho Rosales.
http://www.radiolaprimerisima.com/noticias/general/143291/victoria-total-en-corte-de-miami
