AVN – Esta semana, la agencia de noticias estadounidense Associated Press (AP) denunció haber sido víctima de espionaje del Departamento de Justicia de Estados Unidos, luego de descubrir que autoridades federales almacenaron durante abril y mayo de 2012 registros telefónicos de más de 20 líneas utilizadas por sus periodistas.
Aunque el medio de comunicación calificó este hecho como “una intrusión masiva y sin precedentes” en sus actividades, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó solo “su preocupación por la solicitud por parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos de los registros telefónicos de periodistas”, refirió en un comunicado.
No obstante, la institución judicial estadounidense nunca solicitó formalmente estos registros y llevó a cabo estas interceptaciones telefónicas de manera secreta; hasta el momento, no ha explicado las razones de su actuación.
La CIDH indicó que la confidencialidad de las fuentes del periodista es esencial para su labor; al mismo tiempo, subraya que si es necesario emprender estas acciones de investigación “es necesario notificar a los involucrados para prevenir a las y los reporteros sobre las acciones llevadas adelante”.
En distintos momentos, la Comisión ha arremetido contra gobiernos progresistas de América Latina, como lo ha hecho contra Venezuela, acusando al Gobierno Nacional de imponer una presunta restricción a la libertad de expresión sin pruebas concretas.
Al tratarse del gobierno de Estados Unidos, país que no ha ratificado la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH), esta instancia interamericana evita criticar estas acciones que están por encima de la ley y en contra del libre ejercicio de los periodistas.
“La CIDH elabora informes de derechos humanos sobre Haití, Bolivia, Ecuador, Nicaragua y otros países, pero tiene amnesia sobre Estados Unidos”, expresó el presidente de Bolivia, Evo Morales, en una reciente conferencia de los Estados Parte de la CIDH en su país.
