La Alianza Bolivariana para los Pueblos de América (ALBA) acordó el lunes crear un observatorio internacional para combatir los “abusos de las empresas transnacionales”.
Tras una reunión ministerial celebrada en el puerto ecuatoriano de Guayaquil (suroeste), los delegados de Venezuela, Cuba, Bolivia, Nicaragua, Ecuador y San Vicente y las Granadinas, miembros de la ALBA, así como República Dominicana, aprobaron la creación del observatorio cuya misión será atender el estado de los litigios internacionales sobre inversiones entre naciones y multinacionales, además, propondrá “mecanismos para la reforma de las instancias arbitrales” en las que se solventan los casos.
Como alternativa al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), del Banco Mundial, la ALBA, un bloque de naciones con discurso antiestadounidense creado a instancias del fallecido presidente venezolano, Hugo Chávez, apoyó la creación del proyecto llamado “instancias regionales para la solución de controversias en materia de inversiones”, ya en marcha en el marco de la Unión Suramericana de Naciones (Unasur).
El pasado 17 de marzo, Ecuador pidió la anulación del Tratado de Protección y Promoción de Inversiones con Estados Unidos por contener cláusulas contrarias a la Constitución vigente y lesivas para los intereses nacionales; de igual manera, canceló acuerdos similares con Francia, Alemania, Reino Unido, Irlanda y Suecia desde septiembre de 2009.
Venezuela, país con más demandas en curso en el CIADI, de firmas extranjeras que exigen indemnizaciones por las nacionalizaciones de sus activos decretadas en 2007 por el Gobierno del fallecido Hugo Chávez, decidió el pasado enero romper sus lazos con este organismo mediador de litigios para sustraer al país “de una jurisdicción internacional que ha fallado 232 veces a favor de los intereses transnacionales, en las 234 causas que ha conocido a lo largo de su historia”.
Caracas consideró que con esa decisión el Gobierno “defendió el derecho del pueblo venezolano a decidir las orientaciones estratégicas de la vida económica y social de la nación”; los casos pendientes siguen su curso.
mf/nl/ab/
Tras una reunión ministerial celebrada en el puerto ecuatoriano de Guayaquil (suroeste), los delegados de Venezuela, Cuba, Bolivia, Nicaragua, Ecuador y San Vicente y las Granadinas, miembros de la ALBA, así como República Dominicana, aprobaron la creación del observatorio cuya misión será atender el estado de los litigios internacionales sobre inversiones entre naciones y multinacionales, además, propondrá “mecanismos para la reforma de las instancias arbitrales” en las que se solventan los casos.
Como alternativa al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), del Banco Mundial, la ALBA, un bloque de naciones con discurso antiestadounidense creado a instancias del fallecido presidente venezolano, Hugo Chávez, apoyó la creación del proyecto llamado “instancias regionales para la solución de controversias en materia de inversiones”, ya en marcha en el marco de la Unión Suramericana de Naciones (Unasur).
El pasado 17 de marzo, Ecuador pidió la anulación del Tratado de Protección y Promoción de Inversiones con Estados Unidos por contener cláusulas contrarias a la Constitución vigente y lesivas para los intereses nacionales; de igual manera, canceló acuerdos similares con Francia, Alemania, Reino Unido, Irlanda y Suecia desde septiembre de 2009.
Venezuela, país con más demandas en curso en el CIADI, de firmas extranjeras que exigen indemnizaciones por las nacionalizaciones de sus activos decretadas en 2007 por el Gobierno del fallecido Hugo Chávez, decidió el pasado enero romper sus lazos con este organismo mediador de litigios para sustraer al país “de una jurisdicción internacional que ha fallado 232 veces a favor de los intereses transnacionales, en las 234 causas que ha conocido a lo largo de su historia”.
Caracas consideró que con esa decisión el Gobierno “defendió el derecho del pueblo venezolano a decidir las orientaciones estratégicas de la vida económica y social de la nación”; los casos pendientes siguen su curso.
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