El ex jefe de guardia de la presidenta Michelle Bachelet y actual general de Carabineros, Bruno Villalobos Krumm, podría enfrentar finalmente la justicia por su responsabilidad en la intervención ilegal de teléfonos de parlamentarios, sindicalistas, abogados y periodistas en Chile.
La semana pasada se conoció la formalización del ex oficial mayor Gonzalo Alveal Antonucci, ex jefe de Asuntos Internos de la Dipolcar bajo el mando de Villalobos, por interceptar ilegalmente el celular del ex suboficial Esteban Infante Alcaino y obligar su alejamiento de la institución.
La red de escuchas fue denunciada en 2011 por Infante, el abogado Claudio Cofré, el encargado del Departamento de DDHH de la CUT, Rubén Jerez Atenas, y el director de Panoramas News, Patricio Mery Bell, quienes concurrieron a instancias parlamentarias para dar a conocer la grave situación.
Entre las víctimas de la inteligencia policial se encontraría el dirigente del cobre, Cristián Cuevas, los senadores Alejandro Navarro (MAS) y Antonio Horvath (RN), connotados abogados de Derechos Humanos y un funcionario diplomático: el embajador de Paquistán, Burhanul Islam, cuya intervención telefónica habría sido solicitada por el ministro Hinzpeter en el marco del “caso paquistaní”.
Las prácticas se vendrían arrastrando desde los gobiernos de la Concertación.
En declaraciones publicadas por Radio U. de Chile, el abogado Rubén Jerez se refirió a la formalización de Alveal Antonucci y declaró que existen fundadas sospechas de que no solamente se espiaba a parlamentarios y dirigentes sociales, sino a ciertos “directores del Banco Central” y agentes económicos.
El jurista aseguró que el espionaje podría tener de fondo la obtención de información privilegiada, con la cual “comprar o vender acciones dependiendo de los antecedentes” recabados.
En la situación particular del embajador de Pakistán, las grabaciones habrían sido ordenadas por “la embajada de otra potencia extranjera, que es Estados Unidos, desde su estación de la CIA en Chile”, según explicó Jerez a Verdad Ahora en octubre de 2011.
Otro parlamentario “pinchado” por Carabineros, el diputado Sergio Aguiló, espera que la Fiscalía también busque responsabilidades en los altos mandos de la institución. Para ello pedirá la participación de la Comisión de DDHH de la Cámara de Diputados.
Por su parte, el legislador del Movimiento Amplio Social, Alejandro Navarro, criticó la “pobre colaboración de Carabineros con la justicia”, existiendo actualmente una causa por el delito de obstrucción a la investigación en la Quinta Región. La indagatoria es liderada por el fiscal regional de Valparaíso, Pablo Gómez, esposo de la Ministra de Justicia Patricia Pérez.
En este contexto cabrían mayores responsabilidades al general Bruno Villalobos, ex jefe de Inteligencia de Carabineros al momento de las escuchas, y actual encargado de la Dirección de Fronteras y Servicios Especializados.
Villalobos está acusado de intimidar telefónicamente al diputado Sergio Ojeda, entonces presidente de la Comisión que recibió la denuncia, y ocultar los equipos utilizados en los procedimientos ilegales – aparatos que hasta hoy no han sido periciados.
La semana pasada se conoció la formalización del ex oficial mayor Gonzalo Alveal Antonucci, ex jefe de Asuntos Internos de la Dipolcar bajo el mando de Villalobos, por interceptar ilegalmente el celular del ex suboficial Esteban Infante Alcaino y obligar su alejamiento de la institución.
La red de escuchas fue denunciada en 2011 por Infante, el abogado Claudio Cofré, el encargado del Departamento de DDHH de la CUT, Rubén Jerez Atenas, y el director de Panoramas News, Patricio Mery Bell, quienes concurrieron a instancias parlamentarias para dar a conocer la grave situación.
Entre las víctimas de la inteligencia policial se encontraría el dirigente del cobre, Cristián Cuevas, los senadores Alejandro Navarro (MAS) y Antonio Horvath (RN), connotados abogados de Derechos Humanos y un funcionario diplomático: el embajador de Paquistán, Burhanul Islam, cuya intervención telefónica habría sido solicitada por el ministro Hinzpeter en el marco del “caso paquistaní”.
Las prácticas se vendrían arrastrando desde los gobiernos de la Concertación.
En declaraciones publicadas por Radio U. de Chile, el abogado Rubén Jerez se refirió a la formalización de Alveal Antonucci y declaró que existen fundadas sospechas de que no solamente se espiaba a parlamentarios y dirigentes sociales, sino a ciertos “directores del Banco Central” y agentes económicos.
El jurista aseguró que el espionaje podría tener de fondo la obtención de información privilegiada, con la cual “comprar o vender acciones dependiendo de los antecedentes” recabados.
En la situación particular del embajador de Pakistán, las grabaciones habrían sido ordenadas por “la embajada de otra potencia extranjera, que es Estados Unidos, desde su estación de la CIA en Chile”, según explicó Jerez a Verdad Ahora en octubre de 2011.
Otro parlamentario “pinchado” por Carabineros, el diputado Sergio Aguiló, espera que la Fiscalía también busque responsabilidades en los altos mandos de la institución. Para ello pedirá la participación de la Comisión de DDHH de la Cámara de Diputados.
Por su parte, el legislador del Movimiento Amplio Social, Alejandro Navarro, criticó la “pobre colaboración de Carabineros con la justicia”, existiendo actualmente una causa por el delito de obstrucción a la investigación en la Quinta Región. La indagatoria es liderada por el fiscal regional de Valparaíso, Pablo Gómez, esposo de la Ministra de Justicia Patricia Pérez.
En este contexto cabrían mayores responsabilidades al general Bruno Villalobos, ex jefe de Inteligencia de Carabineros al momento de las escuchas, y actual encargado de la Dirección de Fronteras y Servicios Especializados.
Villalobos está acusado de intimidar telefónicamente al diputado Sergio Ojeda, entonces presidente de la Comisión que recibió la denuncia, y ocultar los equipos utilizados en los procedimientos ilegales – aparatos que hasta hoy no han sido periciados.
