“Alida Arzuaga, de 9 años, fue víctima de desaparición forzada, tortura y homicidio.
Según testimonios el atroz crimen fue cometido por parte de paramilitares y posiblemente de integrantes de la Fuerza Pública contra el padre de la menor, quien se encontraba preso(…)
Estos hechos permiten evidenciar el tratamiento que reciben los presos políticos en Colombia, quienes además de soportar el encarcelamiento, sufren también el injusto ensañamiento de las estructuras paramilitares y oficiales contra sus familiares.
” Equipo Jurídico Pueblos
“A nuestro padre el Ejército colombiano, en unión con los paramilitares lo colgó vivo, introduciendo ganchos en sus extremidades como si fuera carne de carnicería, luego le chuzaron el estómago y su cuerpo con una navaja, después arrollaron sus labios como se les taja a los pescados… según medicina legal lo torturaron vivo.
¿Cómo es posible que hagan eso con un anciano, tildándolo de guerrillero?
Acaso por yo ser revolucionaria, ¿tenían que cobrarlo con su vida?”
Marinelly Hernández, presa política y de guerra
1. Introducción
La existencia de 9.500 presos políticos[1] pone de manifiesto la falta de libertades políticas en Colombia.
La extrema intolerancia estatal contra toda reivindicación social garantiza una situación de despojo contra las mayorías en beneficio del gran capital, y es causal del actual conflicto social y armado.
Es debido a la miseria de las mayorías, aunada al exterminio contra la oposición política civil, que parte importante de ésta elije la oposición política insurgente.
Uno de los puntos a debatir en la Agenda de diálogo entre la insurgencia de las FARC y el gobierno colombiano se refiere precisamente a esa falta de libertades políticas en Colombia.
La liberación de los presos políticos sería un gesto concreto hacia la paz por parte del gobierno colombiano; lamentablemente el gobierno no se lo plantea, y por el contrario incrementa las detenciones políticas a la par que incrementa la entrega del territorio a las multinacionales.
Las organizaciones sociales denuncian:
“Las regiones del país donde existe mayor concentración de recursos naturales, procesos organizativos e intereses económicos trasnacionales; coinciden con aquellas en las que se usa con más frecuencia la detención arbitraria (…)
Existe una directriz de Estado que criminaliza y militariza la protesta social, que se manifiesta en el sustancial aumento de detenciones arbitrarias y en su política criminal que abiertamente da una repuesta represiva o punitiva al ejercicio del derecho a la protesta(…) una estrategia criminal del Estado que pretende debilitar el movimiento popular y amilanar la protesta social” [2].
La violación de los derechos de participación política afecta no solamente al opositor político que es asesinado, desaparecido o encarcelado, sino que vulnera a la sociedad entera, al impedir el pensamiento crítico y desarticular la organización social, motores históricos de la emancipación.
Se trata de inyectar miedo a elevar una reivindicación: a quienes reivindiquen se los ‘castiga’.
En esa lógica estatal de dominación mediante el miedo se inscribe la tortura: la impunidad que la encubre la perpetúa a la par que evidencia su carácter de herramienta del terror.
Hay una utilización sistemática de la tortura, que conlleva incluso la muerte de los presos, y llega hasta la desaparición forzada y homicidio contra los familiares de los presos políticos.
La importancia de visibilizar estos crímenes de Estado radica en tratar de impedir que se sigan instaurando como un mecanismo de terror contra la reivindicación social.
La situación en las cárceles colombianas es dantesca: los presos sufren tortura, padecen niveles de hacinamiento del 47% [3], viven en condiciones de insalubridad extremas, sufren la violación a los subrogados penales, no son clasificados en clara violación al DIH por parte del estado -siendo incluso situados los presos políticos en patios paramilitares como método de tortura que pone en peligro sus vidas-.
Los presos sufren el alejamiento familiar como forma de castigo; sufren extradición; e incluso los presos políticos sufren el chantaje con las vidas de sus familiares si se niegan a fungir de falsos testigos contra otros luchadores sociales en los juicios políticos que implementa el estado colombiano contra periodistas, sindicalistas, líderes campesinos, estudiantiles, etc.
Miles de personas están sindicadas y presas sin juicio, en lo que es calificado como ‘secuestro estatal’[4].
El uso del aparato judicial como arma de guerra sucia convierte las detenciones en terror omnipresente:
“El Estado colombiano enfrenta más de 12 mil demandas por detenciones injustas”[5].
Además, son numerosos los presos políticos muriendo por tortura de negación de asistencia médica, algunos padecen enfermedades que devienen terminales ante la falta de tratamiento, y otros son heridos de guerra que son abandonados a la gangrena[6].
Las organizaciones de DDHH llaman:
“Al estado colombiano que cesen las condenas a pena de muerte contra los prisioneros políticos mediante la omisión de diagnósticos y atención médica oportuna.
Solicitamos que la Liberación de las y los Prisioneros Políticos Enfermos sea incluida dentro de la agenda de diálogos entre el gobierno Colombiano y las FARC-EP”[7]. En diciembre 2012, ante la continuidad de la hecatombe, los presos se preguntan:
“¿Cuántos muertos más tenemos que poner los presos para lograr ser escuchados y recibir solución a tan dramática situación?
¿Quién investiga y hace justicia con la familia de más de 118 muertos en lo que va transcurrido en el presente año en las cárceles del país? (…)
Exigimos investigación sobre la muerte de nuestro compañero Mauricio Fernández García miembro del Movimiento Nacional Carcelario (MNC) el 7 de diciembre por la absoluta inasistencia medica (…) una de las prácticas aplicadas sistemáticamente(…)
Hemos solicitado al gobierno que decrete la emergencia carcelaria y que se conforme una comisión de concertación Gobierno-MNC, para buscar soluciones concretas a la crisis humanitaria por la cual estamos pasando los mas de 140.000 presos que hay en Colombia” [8].
2. Torturas, desaparición y asesinato de familiares de presos políticos
Los familiares de los opositores políticos son también víctimas de la tortura. Los casos son recurrentes y quedan en la impunidad.
El terror de estado contra familiares y comunidades se expresa en las masacres perpetradas por toda la geografía colombiana por la herramienta paramilitar en coordinación con la fuerza pública; masacres en las que los desmembramientos, las violaciones sexuales y otras barbaries buscan dejar impreso el miedo en lo más hondo de los sobrevivientes, para así generar parálisis de la reivindicación social y masivos desplazamientos poblacionales.
De esta forma son despojados los campesinos de las tierras codiciadas por el capital multinacional: el desplazamiento forzado en Colombia alcanza ya los 5,5 millones de personas, haciendo de Colombia el país del mundo con más desplazados internos [9].
Las víctimas preferenciales en las masacres son los opositores políticos y sus familiares. Innumerables torturas forman parte de las vivencias colectivas, testimonios de una dominación mediante la barbarie, como la castración y asesinato del niño Luis Carlos Julián Vélez, de 8 años, hijo del entonces diputado del partido opositor Unión Patriótica, partido que sufrió exterminio por parte del estado colombiano, siendo asesinados 5000 de sus militantes[10].
Los hijos y padres de los opositores políticos son una población duramente golpeada; y cuando éstos son familiares de insurgentes sufren, aunado al terror estatal, el ostracismo mediático:
“A nuestro padre el Ejército colombiano, en unión con los paramilitares, lo colgó vivo de sus manos introduciendo ganchos en sus extremidades como si fuera carne de carnicería, luego le chuzaron el estómago y todo su cuerpo con una navaja, después arrollaron sus labios como se les taja a los pescados, por último, le dieron un tiro… según medicina legal lo torturaron vivo.
¿Cómo es posible que hagan eso con un anciano, tildándolo de guerrillero? Acaso por yo ser revolucionaria, ¿tenían que cobrarlo con su vida?”, testimonia Marinelly Hernández, presa política y de guerra [11].
La tortura contra los familiares de presos políticos se expresa en el alejamiento geográfico, en impedimentos de las visitas, en humillaciones:
“Nuestros familiares tienen que sufrir un calvario para visitarnos, son humillados, maltratados(…) las mujeres tienen que soportar el infamante manoseo en sus partes intimas por parte de las guardianas de forma abusiva”[12].
Aunado a lo anterior hay varios casos de agresiones, desaparición forzada y asesinatos de familiares de presos políticos a manos de la herramienta paramilitar y la fuerza pública: las agresiones y crímenes de estado contra los familiares son utilizados como medida de tortura y chantaje contra los presos políticos, si éstos no acceden a convertirse en informantes, o para callar las denuncias.
El preso político Carlos Iván Peña Orjuela fue sometido a presión por parte la policía (SIJIN) para que diera falso testimonio contra campesinos del Magdalena Medio.
Ante su negativa de colaborar en montajes judiciales, la policía desapareció y asesinó a su hermano menor, luego procedió a encarcelar, bajo montaje judicial, a la familiar que se ocupaba de su hijo y amenazó de asesinar también al niño[13].
“Fue presionado para que ‘colaborara’ pues de lo contrario ‘le iba a costar muy caro’ (…)el agente de la SIJIN Celis Torres profirió amenazas de montajes judiciales en contra de su familia, y amenazó directamente a su hijo diciendo que ‘de pronto anochecía pero no amanecía’ el niño.
Le dio un plazo para convertirse en otro de los tantos testigos a sueldo que proliferan en el sistema judicial colombiano”, denuncia el CSPP [Ibíd.]. Tras las amenazas, la policía pasó a mayores crímenes:
“la desaparición forzada y homicidio del hermano menor del detenido político(…) la captura de María Yolanda Cañón, familiar que tenía a cargo la custodia del hijo del detenido político, de seis años. (…) el detenido político procedió a llamar al celular de María Yolanda, quien contestó fue el agente de la SIJIN Celis Torres, quien se mofó de él advirtiéndole que si insistía en su negativa a ‘colaborar’ seguirían(…) En palabras textuales:
‘Yo le dije a usted que colaborara y usted no quiso colaborar y la fiscalía tenía un paquetico y me tocó ir a capturarla, y por ahí le tengo otros paqueticos’.
El detenido político manifiesta que su hermano asesinado y la señora María Yolanda eran las únicas personas que lo visitaban y ahora teme por la vida de su hijo”[Ibíd.].
El CSPP denuncia las “actuaciones ilegales y vengativas de miembros de la policía judicial para generar ‘resultados’ que desconocen los derechos humanos y el derecho internacional humanitario.
Prácticas compatibles con las políticas que han traído como resultado las ejecuciones extrajudiciales conocidas como ‘falsos positivos’ y la judicialización masiva de población civil inocente, detenida en las famosas ‘capturas masivas’” [Ibíd.].
Otro caso que evidencia los niveles de tortura aberrantes que sufren los presos políticos y sus familiares es el caso de la niña Alida Teresa Arzuaga, que por ser hija de un preso político, fue violada y asesinada.
En febrero 2012 la familia recibió otro golpe, al ser dejado en libertad uno de los presuntos perpetradores, sin siquiera ser juzgado.
La impunidad cubre los crímenes de Estado. Denuncia el Equipo Jurídico Pueblos:
“El 9 de junio 2005, Alida Teresa Arzuaga Villar, de tan solo nueve años, fue víctima de los delitos de desaparición forzada, tortura y homicidio, perpetrados por parte de reconocidos paramilitares en Santander.
Fue encontrada sin vida en una cañada, su cuerpo registraba signos de tortura, siendo accedida sexualmente antes de su muerte.
Según testimonios rendidos por paramilitares dentro del proceso penal, el atroz crimen fue cometido en 'retaliación' por parte de los paramilitares y posiblemente de integrantes de la Fuerza Pública contra el padre de la menor, quien en ese momento se encontraba preso en la cárcel Modelo, señalado de pertenecer al ELN.
El 17 de septiembre 2010, el Juzgado(…) profirió sentencia condenatoria contra Hernando Rodríguez Zarate, alias ‘Volunto’, jefe paramilitar.
Además ordenó que se investigue la posible participación en los hechos de John Fredy Quitian González, alias ‘Jorge’, jefe paramilitar, que si bien es cierto formalmente se había desmovilizado en el año 2004, continuaba siendo protegido por la policía y el ejército en Santander.
El 24 de febrero 2012, en Bogotá, fue capturado Quitian González, procediendo a definirse situación jurídica por parte de la fiscalía(…) absteniéndose de imponer medida de aseguramiento y ordenando su libertad inmediata.
La decisión de la Fiscalía contrasta con su actuación morosa al momento de pronunciarse sobre la demanda de constitución en parte civil, que busca garantizar el acceso a la justicia de las víctimas.
La posición del ente acusador genera profundo desconcierto y dolor en los familiares de Alida, quienes desde el mismo momento en que ocurrió el crimen han exigido Verdad y Justicia al Estado colombiano.
Estos hechos que conmueven los cimientos del Estado social de derecho que se predica en Colombia, permiten evidenciar el tratamiento que reciben los presos políticos en nuestro país, quienes además de soportar el encarcelamiento, sufren también el injusto ensañamiento de las estructuras paramilitares y oficiales contra sus familiares” [14].
3. Conclusión: La tortura como mecanismo de control social
Hay una utilización sistemática de la tortura con una finalidad clara: la perpetuación de un Status Quo de injusticia social mediante el miedo.
La tortura es inherente a un Estado que ha instaurado el terror como mecanismo de control social.
Un mecanismo amparado por la impunidad tejida nacional e internacionalmente: perfeccionado y articulado en pro de garantizar el libre saqueo de los recursos.
La ferocidad que busca destrozar al opositor político se inscribe en una lógica de estado, las crueldades no son obra de ‘guardianes desquiciados’, ‘negligencias médicas’, o ‘manzanas podridas’ en el ejército: hay una planificación del terror, una negación de facto de la asistencia médica en el ámbito carcelario, una doctrina militar del “enemigo interno”, hay formadores en torturas [15] y hay una política de “tierra arrasada” preconizada desde EEUU, que incluye el empleo de la herramienta paramilitar[16].
El sistematismo, la impunidad y la perpetuación del drama humanitario pone de relieve un ensañamiento preconcebido.
No es casualidad que ante la intensificación de la entrega del país a las multinacionales, que trae su consiguiente desacuerdo popular, se implementen mecanismos que legalizan los crímenes de Estado: se busca que la respuesta represiva del Estado ante la reivindicación social no tenga límites.
La tortura estatal goza de un marco ad-hoc. En diciembre 2012 el congreso colombiano aprobó la Reforma Constitucional de ampliación del Fuero Militar, impulsada por Santos: el Fuero Penal Militar consagra la impunidad para los crímenes de Estado; es una herramienta indispensable a esa lógica estatal de emplear la tortura y el exterminio como mecanismos de control social.
El congresista Cepeda expresa: “Es un golpe como pocos en nuestra historia a los Derechos Humanos. (…)Es altamente probable que todos esos casos de asesinatos de civiles a manos de militares, mal llamados ‘falsos positivos’, que las más de 3000 víctimas, más de 1.700 investigaciones, terminen en manos de la justicia militar.
Las víctimas quedan expuestas a que su derecho a la justicia sea abiertamente violado” [17].
“Es el otorgamiento a militares y policías de un cheque en blanco, para matar, torturar, desaparecer, desplazar y agredir sexualmente, entre otras atrocidades, a cualquier colombiana o colombiano, con la garantía de que no van a ser castigados por sus crímenes”[18], apunta el periodista Camilo Raigozo.
Es la garantía de impunidad para intensificar la guerra del terror contra la población.
En cuanto a las aducidas 7 excepciones a la Justicia Militar, se denuncia que no son sino una coartada, ya que en la práctica será imposible hacerlas valer porque su exclusión viene validada solo sí se le reconoce al crimen el carácter de Crimen de Lesa Humanidad.
El carácter de Lesa Humanidad, de Crimen de Estado, deberá ser demostrado en instancias estatales; el cinismo consolida la total impunidad para los militares.
“En cuanto a la coartada que encierra las ‘exclusiones de la justicia penal militar’, la ONU y HRW advirtieron que de acuerdo con el derecho internacional, y según fue confirmado recientemente por la sala de casación penal de la Corte Suprema las ejecuciones extrajudiciales, la violencia sexual y otros abusos militares únicamente podrían ser juzgados como delitos de lesa humanidad ‘si forman parte de un ataque generalizado o sistemático contra la población civil, efectuado con conocimiento del ataque y de acuerdo con la política de un Estado u organización’.
En palabras del Fiscal General Eduardo Montealegre, ‘el crimen de lesa humanidad no es toda grave violación de derechos humanos.
El Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional dice que tienen que ser ataques sistemáticos o generalizados contra la población civil’.
Por lo tanto en la enmienda aprobada, para poder emprender acciones en los tribunales de la justicia ordinaria, los fiscales deben demostrar en cada caso que la víctima de genocidio, lesa humanidad, desaparición forzada, tortura, violencia sexual, ejecuciones extrajudiciales y desplazamiento forzado, fue agredida en el marco de un ataque generalizado o sistemático perpetrado por militares contra la población civil con conocimiento de dicho ataque y de conformidad con una política oficial, lo cual es imposible, porque es de lo que se van a cuidar los criminales” [19].
Demostrar eso caso por caso va a resultar imposible, y no por falta de evidencias, no porque estos crímenes en Colombia no sean parte de un “ataque generalizado o sistemático contra la población civil, efectuado con conocimiento del ataque y de acuerdo con la política de un Estado”, sino justamente, porque al ser parte de una planificación estatal, todas las instancias estatales se van encargar de imposibilitar tal demostración ¿O si no qué explica que en un país en el que se han documentado más de 3000 casos de asesinatos de civiles a manos de militares -según el mismo modus operandi, impulsados por una directriz ministerial (029) y con la misma finalidad-, todavía el ejército y los medios de desinformación hablen de las “manzanas podridas” al referirse a los militares que han perpetrado estos crímenes en masa?
No hay tal “manzanas podridas”, hay una planificación estatal, y los ejecutantes de la tortura, violación sexual, genocidio, desplazamiento forzado, son parte de un ejército que perpetra estos crímenes de Lesa Humanidad amparado en la impunidad que le garantiza esa planificación estatal.
El Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado expresa: “En los últimos 50 años de violencia estructural, el movimiento de victimas, social y de derechos humanos ha documentado más de 100.000 ejecuciones extrajudiciales, 10.000 torturas y cerca de 6 millones de personas desplazadas.
De acuerdo a las cifras de la Fiscalía existen 62.000 desaparecidos.
La responsabilidad de estos crímenes es adjudicada en un alto porcentaje a miembros de la fuerza pública y/o a la política de guerra sucia adelantada por el establecimiento.
Cualquier iniciativa que pretenda la paz estable y duradera, debe contar con la participación plena de las víctimas de crímenes de Estado(…)
Es indispensable que se incluya en los diálogos de paz el tema de la libertad para los y las presos(as) políticas (…)exigimos que cesen los montajes judiciales y la injusta judicialización de la protesta social”[20].
NOTAS:
* Este texto es a la vez un texto autónomo y la VI Parte del dossier Colombia y sus miles de presos políticos silenciados que abarca el contexto de intereses económicos y la represión política correlativa, los montajes judiciales, las condiciones de tortura a las que son sometidos los presos políticos, la invisibilización del drama y lo que su existencia pone de manifiesto.
Según testimonios el atroz crimen fue cometido por parte de paramilitares y posiblemente de integrantes de la Fuerza Pública contra el padre de la menor, quien se encontraba preso(…)
Estos hechos permiten evidenciar el tratamiento que reciben los presos políticos en Colombia, quienes además de soportar el encarcelamiento, sufren también el injusto ensañamiento de las estructuras paramilitares y oficiales contra sus familiares.
” Equipo Jurídico Pueblos
“A nuestro padre el Ejército colombiano, en unión con los paramilitares lo colgó vivo, introduciendo ganchos en sus extremidades como si fuera carne de carnicería, luego le chuzaron el estómago y su cuerpo con una navaja, después arrollaron sus labios como se les taja a los pescados… según medicina legal lo torturaron vivo.
¿Cómo es posible que hagan eso con un anciano, tildándolo de guerrillero?
Acaso por yo ser revolucionaria, ¿tenían que cobrarlo con su vida?”
Marinelly Hernández, presa política y de guerra
1. Introducción
La existencia de 9.500 presos políticos[1] pone de manifiesto la falta de libertades políticas en Colombia.
La extrema intolerancia estatal contra toda reivindicación social garantiza una situación de despojo contra las mayorías en beneficio del gran capital, y es causal del actual conflicto social y armado.
Es debido a la miseria de las mayorías, aunada al exterminio contra la oposición política civil, que parte importante de ésta elije la oposición política insurgente.
Uno de los puntos a debatir en la Agenda de diálogo entre la insurgencia de las FARC y el gobierno colombiano se refiere precisamente a esa falta de libertades políticas en Colombia.
La liberación de los presos políticos sería un gesto concreto hacia la paz por parte del gobierno colombiano; lamentablemente el gobierno no se lo plantea, y por el contrario incrementa las detenciones políticas a la par que incrementa la entrega del territorio a las multinacionales.
Las organizaciones sociales denuncian:
“Las regiones del país donde existe mayor concentración de recursos naturales, procesos organizativos e intereses económicos trasnacionales; coinciden con aquellas en las que se usa con más frecuencia la detención arbitraria (…)
Existe una directriz de Estado que criminaliza y militariza la protesta social, que se manifiesta en el sustancial aumento de detenciones arbitrarias y en su política criminal que abiertamente da una repuesta represiva o punitiva al ejercicio del derecho a la protesta(…) una estrategia criminal del Estado que pretende debilitar el movimiento popular y amilanar la protesta social” [2].
La violación de los derechos de participación política afecta no solamente al opositor político que es asesinado, desaparecido o encarcelado, sino que vulnera a la sociedad entera, al impedir el pensamiento crítico y desarticular la organización social, motores históricos de la emancipación.
Se trata de inyectar miedo a elevar una reivindicación: a quienes reivindiquen se los ‘castiga’.
En esa lógica estatal de dominación mediante el miedo se inscribe la tortura: la impunidad que la encubre la perpetúa a la par que evidencia su carácter de herramienta del terror.
Hay una utilización sistemática de la tortura, que conlleva incluso la muerte de los presos, y llega hasta la desaparición forzada y homicidio contra los familiares de los presos políticos.
La importancia de visibilizar estos crímenes de Estado radica en tratar de impedir que se sigan instaurando como un mecanismo de terror contra la reivindicación social.
La situación en las cárceles colombianas es dantesca: los presos sufren tortura, padecen niveles de hacinamiento del 47% [3], viven en condiciones de insalubridad extremas, sufren la violación a los subrogados penales, no son clasificados en clara violación al DIH por parte del estado -siendo incluso situados los presos políticos en patios paramilitares como método de tortura que pone en peligro sus vidas-.
Los presos sufren el alejamiento familiar como forma de castigo; sufren extradición; e incluso los presos políticos sufren el chantaje con las vidas de sus familiares si se niegan a fungir de falsos testigos contra otros luchadores sociales en los juicios políticos que implementa el estado colombiano contra periodistas, sindicalistas, líderes campesinos, estudiantiles, etc.
Miles de personas están sindicadas y presas sin juicio, en lo que es calificado como ‘secuestro estatal’[4].
El uso del aparato judicial como arma de guerra sucia convierte las detenciones en terror omnipresente:
“El Estado colombiano enfrenta más de 12 mil demandas por detenciones injustas”[5].
Además, son numerosos los presos políticos muriendo por tortura de negación de asistencia médica, algunos padecen enfermedades que devienen terminales ante la falta de tratamiento, y otros son heridos de guerra que son abandonados a la gangrena[6].
Las organizaciones de DDHH llaman:
“Al estado colombiano que cesen las condenas a pena de muerte contra los prisioneros políticos mediante la omisión de diagnósticos y atención médica oportuna.
Solicitamos que la Liberación de las y los Prisioneros Políticos Enfermos sea incluida dentro de la agenda de diálogos entre el gobierno Colombiano y las FARC-EP”[7]. En diciembre 2012, ante la continuidad de la hecatombe, los presos se preguntan:
“¿Cuántos muertos más tenemos que poner los presos para lograr ser escuchados y recibir solución a tan dramática situación?
¿Quién investiga y hace justicia con la familia de más de 118 muertos en lo que va transcurrido en el presente año en las cárceles del país? (…)
Exigimos investigación sobre la muerte de nuestro compañero Mauricio Fernández García miembro del Movimiento Nacional Carcelario (MNC) el 7 de diciembre por la absoluta inasistencia medica (…) una de las prácticas aplicadas sistemáticamente(…)
Hemos solicitado al gobierno que decrete la emergencia carcelaria y que se conforme una comisión de concertación Gobierno-MNC, para buscar soluciones concretas a la crisis humanitaria por la cual estamos pasando los mas de 140.000 presos que hay en Colombia” [8].
2. Torturas, desaparición y asesinato de familiares de presos políticos
Los familiares de los opositores políticos son también víctimas de la tortura. Los casos son recurrentes y quedan en la impunidad.
El terror de estado contra familiares y comunidades se expresa en las masacres perpetradas por toda la geografía colombiana por la herramienta paramilitar en coordinación con la fuerza pública; masacres en las que los desmembramientos, las violaciones sexuales y otras barbaries buscan dejar impreso el miedo en lo más hondo de los sobrevivientes, para así generar parálisis de la reivindicación social y masivos desplazamientos poblacionales.
De esta forma son despojados los campesinos de las tierras codiciadas por el capital multinacional: el desplazamiento forzado en Colombia alcanza ya los 5,5 millones de personas, haciendo de Colombia el país del mundo con más desplazados internos [9].
Las víctimas preferenciales en las masacres son los opositores políticos y sus familiares. Innumerables torturas forman parte de las vivencias colectivas, testimonios de una dominación mediante la barbarie, como la castración y asesinato del niño Luis Carlos Julián Vélez, de 8 años, hijo del entonces diputado del partido opositor Unión Patriótica, partido que sufrió exterminio por parte del estado colombiano, siendo asesinados 5000 de sus militantes[10].
Los hijos y padres de los opositores políticos son una población duramente golpeada; y cuando éstos son familiares de insurgentes sufren, aunado al terror estatal, el ostracismo mediático:
“A nuestro padre el Ejército colombiano, en unión con los paramilitares, lo colgó vivo de sus manos introduciendo ganchos en sus extremidades como si fuera carne de carnicería, luego le chuzaron el estómago y todo su cuerpo con una navaja, después arrollaron sus labios como se les taja a los pescados, por último, le dieron un tiro… según medicina legal lo torturaron vivo.
¿Cómo es posible que hagan eso con un anciano, tildándolo de guerrillero? Acaso por yo ser revolucionaria, ¿tenían que cobrarlo con su vida?”, testimonia Marinelly Hernández, presa política y de guerra [11].
La tortura contra los familiares de presos políticos se expresa en el alejamiento geográfico, en impedimentos de las visitas, en humillaciones:
“Nuestros familiares tienen que sufrir un calvario para visitarnos, son humillados, maltratados(…) las mujeres tienen que soportar el infamante manoseo en sus partes intimas por parte de las guardianas de forma abusiva”[12].
Aunado a lo anterior hay varios casos de agresiones, desaparición forzada y asesinatos de familiares de presos políticos a manos de la herramienta paramilitar y la fuerza pública: las agresiones y crímenes de estado contra los familiares son utilizados como medida de tortura y chantaje contra los presos políticos, si éstos no acceden a convertirse en informantes, o para callar las denuncias.
El preso político Carlos Iván Peña Orjuela fue sometido a presión por parte la policía (SIJIN) para que diera falso testimonio contra campesinos del Magdalena Medio.
Ante su negativa de colaborar en montajes judiciales, la policía desapareció y asesinó a su hermano menor, luego procedió a encarcelar, bajo montaje judicial, a la familiar que se ocupaba de su hijo y amenazó de asesinar también al niño[13].
“Fue presionado para que ‘colaborara’ pues de lo contrario ‘le iba a costar muy caro’ (…)el agente de la SIJIN Celis Torres profirió amenazas de montajes judiciales en contra de su familia, y amenazó directamente a su hijo diciendo que ‘de pronto anochecía pero no amanecía’ el niño.
Le dio un plazo para convertirse en otro de los tantos testigos a sueldo que proliferan en el sistema judicial colombiano”, denuncia el CSPP [Ibíd.]. Tras las amenazas, la policía pasó a mayores crímenes:
“la desaparición forzada y homicidio del hermano menor del detenido político(…) la captura de María Yolanda Cañón, familiar que tenía a cargo la custodia del hijo del detenido político, de seis años. (…) el detenido político procedió a llamar al celular de María Yolanda, quien contestó fue el agente de la SIJIN Celis Torres, quien se mofó de él advirtiéndole que si insistía en su negativa a ‘colaborar’ seguirían(…) En palabras textuales:
‘Yo le dije a usted que colaborara y usted no quiso colaborar y la fiscalía tenía un paquetico y me tocó ir a capturarla, y por ahí le tengo otros paqueticos’.
El detenido político manifiesta que su hermano asesinado y la señora María Yolanda eran las únicas personas que lo visitaban y ahora teme por la vida de su hijo”[Ibíd.].
El CSPP denuncia las “actuaciones ilegales y vengativas de miembros de la policía judicial para generar ‘resultados’ que desconocen los derechos humanos y el derecho internacional humanitario.
Prácticas compatibles con las políticas que han traído como resultado las ejecuciones extrajudiciales conocidas como ‘falsos positivos’ y la judicialización masiva de población civil inocente, detenida en las famosas ‘capturas masivas’” [Ibíd.].
Otro caso que evidencia los niveles de tortura aberrantes que sufren los presos políticos y sus familiares es el caso de la niña Alida Teresa Arzuaga, que por ser hija de un preso político, fue violada y asesinada.
En febrero 2012 la familia recibió otro golpe, al ser dejado en libertad uno de los presuntos perpetradores, sin siquiera ser juzgado.
La impunidad cubre los crímenes de Estado. Denuncia el Equipo Jurídico Pueblos:
“El 9 de junio 2005, Alida Teresa Arzuaga Villar, de tan solo nueve años, fue víctima de los delitos de desaparición forzada, tortura y homicidio, perpetrados por parte de reconocidos paramilitares en Santander.
Fue encontrada sin vida en una cañada, su cuerpo registraba signos de tortura, siendo accedida sexualmente antes de su muerte.
Según testimonios rendidos por paramilitares dentro del proceso penal, el atroz crimen fue cometido en 'retaliación' por parte de los paramilitares y posiblemente de integrantes de la Fuerza Pública contra el padre de la menor, quien en ese momento se encontraba preso en la cárcel Modelo, señalado de pertenecer al ELN.
El 17 de septiembre 2010, el Juzgado(…) profirió sentencia condenatoria contra Hernando Rodríguez Zarate, alias ‘Volunto’, jefe paramilitar.
Además ordenó que se investigue la posible participación en los hechos de John Fredy Quitian González, alias ‘Jorge’, jefe paramilitar, que si bien es cierto formalmente se había desmovilizado en el año 2004, continuaba siendo protegido por la policía y el ejército en Santander.
El 24 de febrero 2012, en Bogotá, fue capturado Quitian González, procediendo a definirse situación jurídica por parte de la fiscalía(…) absteniéndose de imponer medida de aseguramiento y ordenando su libertad inmediata.
La decisión de la Fiscalía contrasta con su actuación morosa al momento de pronunciarse sobre la demanda de constitución en parte civil, que busca garantizar el acceso a la justicia de las víctimas.
La posición del ente acusador genera profundo desconcierto y dolor en los familiares de Alida, quienes desde el mismo momento en que ocurrió el crimen han exigido Verdad y Justicia al Estado colombiano.
Estos hechos que conmueven los cimientos del Estado social de derecho que se predica en Colombia, permiten evidenciar el tratamiento que reciben los presos políticos en nuestro país, quienes además de soportar el encarcelamiento, sufren también el injusto ensañamiento de las estructuras paramilitares y oficiales contra sus familiares” [14].
3. Conclusión: La tortura como mecanismo de control social
Hay una utilización sistemática de la tortura con una finalidad clara: la perpetuación de un Status Quo de injusticia social mediante el miedo.
La tortura es inherente a un Estado que ha instaurado el terror como mecanismo de control social.
Un mecanismo amparado por la impunidad tejida nacional e internacionalmente: perfeccionado y articulado en pro de garantizar el libre saqueo de los recursos.
La ferocidad que busca destrozar al opositor político se inscribe en una lógica de estado, las crueldades no son obra de ‘guardianes desquiciados’, ‘negligencias médicas’, o ‘manzanas podridas’ en el ejército: hay una planificación del terror, una negación de facto de la asistencia médica en el ámbito carcelario, una doctrina militar del “enemigo interno”, hay formadores en torturas [15] y hay una política de “tierra arrasada” preconizada desde EEUU, que incluye el empleo de la herramienta paramilitar[16].
El sistematismo, la impunidad y la perpetuación del drama humanitario pone de relieve un ensañamiento preconcebido.
No es casualidad que ante la intensificación de la entrega del país a las multinacionales, que trae su consiguiente desacuerdo popular, se implementen mecanismos que legalizan los crímenes de Estado: se busca que la respuesta represiva del Estado ante la reivindicación social no tenga límites.
La tortura estatal goza de un marco ad-hoc. En diciembre 2012 el congreso colombiano aprobó la Reforma Constitucional de ampliación del Fuero Militar, impulsada por Santos: el Fuero Penal Militar consagra la impunidad para los crímenes de Estado; es una herramienta indispensable a esa lógica estatal de emplear la tortura y el exterminio como mecanismos de control social.
El congresista Cepeda expresa: “Es un golpe como pocos en nuestra historia a los Derechos Humanos. (…)Es altamente probable que todos esos casos de asesinatos de civiles a manos de militares, mal llamados ‘falsos positivos’, que las más de 3000 víctimas, más de 1.700 investigaciones, terminen en manos de la justicia militar.
Las víctimas quedan expuestas a que su derecho a la justicia sea abiertamente violado” [17].
“Es el otorgamiento a militares y policías de un cheque en blanco, para matar, torturar, desaparecer, desplazar y agredir sexualmente, entre otras atrocidades, a cualquier colombiana o colombiano, con la garantía de que no van a ser castigados por sus crímenes”[18], apunta el periodista Camilo Raigozo.
Es la garantía de impunidad para intensificar la guerra del terror contra la población.
En cuanto a las aducidas 7 excepciones a la Justicia Militar, se denuncia que no son sino una coartada, ya que en la práctica será imposible hacerlas valer porque su exclusión viene validada solo sí se le reconoce al crimen el carácter de Crimen de Lesa Humanidad.
El carácter de Lesa Humanidad, de Crimen de Estado, deberá ser demostrado en instancias estatales; el cinismo consolida la total impunidad para los militares.
“En cuanto a la coartada que encierra las ‘exclusiones de la justicia penal militar’, la ONU y HRW advirtieron que de acuerdo con el derecho internacional, y según fue confirmado recientemente por la sala de casación penal de la Corte Suprema las ejecuciones extrajudiciales, la violencia sexual y otros abusos militares únicamente podrían ser juzgados como delitos de lesa humanidad ‘si forman parte de un ataque generalizado o sistemático contra la población civil, efectuado con conocimiento del ataque y de acuerdo con la política de un Estado u organización’.
En palabras del Fiscal General Eduardo Montealegre, ‘el crimen de lesa humanidad no es toda grave violación de derechos humanos.
El Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional dice que tienen que ser ataques sistemáticos o generalizados contra la población civil’.
Por lo tanto en la enmienda aprobada, para poder emprender acciones en los tribunales de la justicia ordinaria, los fiscales deben demostrar en cada caso que la víctima de genocidio, lesa humanidad, desaparición forzada, tortura, violencia sexual, ejecuciones extrajudiciales y desplazamiento forzado, fue agredida en el marco de un ataque generalizado o sistemático perpetrado por militares contra la población civil con conocimiento de dicho ataque y de conformidad con una política oficial, lo cual es imposible, porque es de lo que se van a cuidar los criminales” [19].
Demostrar eso caso por caso va a resultar imposible, y no por falta de evidencias, no porque estos crímenes en Colombia no sean parte de un “ataque generalizado o sistemático contra la población civil, efectuado con conocimiento del ataque y de acuerdo con la política de un Estado”, sino justamente, porque al ser parte de una planificación estatal, todas las instancias estatales se van encargar de imposibilitar tal demostración ¿O si no qué explica que en un país en el que se han documentado más de 3000 casos de asesinatos de civiles a manos de militares -según el mismo modus operandi, impulsados por una directriz ministerial (029) y con la misma finalidad-, todavía el ejército y los medios de desinformación hablen de las “manzanas podridas” al referirse a los militares que han perpetrado estos crímenes en masa?
No hay tal “manzanas podridas”, hay una planificación estatal, y los ejecutantes de la tortura, violación sexual, genocidio, desplazamiento forzado, son parte de un ejército que perpetra estos crímenes de Lesa Humanidad amparado en la impunidad que le garantiza esa planificación estatal.
El Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado expresa: “En los últimos 50 años de violencia estructural, el movimiento de victimas, social y de derechos humanos ha documentado más de 100.000 ejecuciones extrajudiciales, 10.000 torturas y cerca de 6 millones de personas desplazadas.
De acuerdo a las cifras de la Fiscalía existen 62.000 desaparecidos.
La responsabilidad de estos crímenes es adjudicada en un alto porcentaje a miembros de la fuerza pública y/o a la política de guerra sucia adelantada por el establecimiento.
Cualquier iniciativa que pretenda la paz estable y duradera, debe contar con la participación plena de las víctimas de crímenes de Estado(…)
Es indispensable que se incluya en los diálogos de paz el tema de la libertad para los y las presos(as) políticas (…)exigimos que cesen los montajes judiciales y la injusta judicialización de la protesta social”[20].
NOTAS:
* Este texto es a la vez un texto autónomo y la VI Parte del dossier Colombia y sus miles de presos políticos silenciados que abarca el contexto de intereses económicos y la represión política correlativa, los montajes judiciales, las condiciones de tortura a las que son sometidos los presos políticos, la invisibilización del drama y lo que su existencia pone de manifiesto.
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