El Congreso de Honduras ha aprobado el proyecto de ley que da luz verde a los juicios políticos contra altos cargos del Estado.
Estipula los criterios y procedimientos para destituir e inhabilitar por un plazo fijo al presidente de la nación u otros funcionarios.
Los propios diputados serán encargados de decidir si se celebra un juicio y contra quién.
Los propios diputados serán encargados de decidir si se celebra un juicio y contra quién.
El proceso constará de dos fases: la pesquisa y la toma de decisión, siendo discutida y votada en cinco días como máximo.
Para derrocar al jefe de Estado se exigirá reunir la mayoría cualificada: 96 votos.
Para que entre en vigor la norma, formalmente ya aprobada, deberá ser ratificada durante la próxima sesión, que comienza el 25 de enero.
Los diputados esperan que ésta sea una herramienta eficaz para “no caer de nuevo en el terrible conflicto de 2009”, vinculado con la destitución de Manuel Zelaya
