El martes, algunos congresistas demócratas convocaron a una rueda de prensa en el Capitolio en la que reclamaron la prohibición de los cargadores de gran capacidad y más control en la venta de armas.
“No podemos dejar que la NRA (Asociación Nacional del Rifle, según sus siglas en inglés) se oponga a reformas con sentido”, dijo el senador Frank Lautenberg. “La NRA y sus aliados aseguran que quieren proteger la libertad. Quid de la libertad frente al miedo, al peligro y al terror”, lanzó.
Fusil en mano y con 100 cartuchos de reserva, un asaltante mató a 12 personas e hirió a otras 58 el viernes pasado durante el estreno de la última entrega de Batman en un cine de Aurora, un suburbio de Denver. Sin embargo, este drama no parece ser suficiente para que la clase política se movilice.
La administración del mandatario Barack Obama no parece dispuesta a liderar la batalla. “La opinión del presidente es que podemos tomar medidas para intentar que las armas no caigan en malas manos a través de las leyes que ya existen”, declaró el domingo el portavoz de la Casa Blanca, Jay Carney.
El líder republicano de la Cámara de Representantes, John Boehner, celebró el martes que “el presidente dijera claramente que no utilizará este horrible acontecimiento para fomentar nuevas leyes sobre armas”.
“El silencio es casi ensordecedor cuando vemos lo que sucede”, deploró Lautenberg, quien considera que ha llegado la hora de que el país “haga alguna cosa” sobre la violencia relacionada con las armas. Junto a él se encontraba la representante Carolyn McCarthy, cuyo marido falleció en 1993 por un asaltante loco, que también hirió a su hijo.
“No sé y no entiendo por qué la NRA no trabaja con nosotros”, lamentó la congresista, que reclama una investigación sobre el pasado de todos los que compran armas, algo que la organización rechaza. McCarthy también se quejó de que el lobby “recauda mucho dinero” y se dedica a “intimidar” a los legisladores.
“Esto no tiene nada que ver con la Segunda Enmienda” de la Constitución estadounidense, que garantiza el derecho a poseer armas, afirmó.
También presente en la rueda de prensa, el senador Robert Menéndez manifestó su esperanza de que el drama de Aurora desencadene un “debate nacional” sobre la venta de armas y exigió leyes “responsables” y “razonables” sobre el tema.
La Cámara de Representantes y el Senado guardaron varios minutos de silencio en memoria de las víctimas de Aurora, tal y como hicieron por la matanza de Tucson (Arizona, oeste) en enero de 2011, que dejó seis muertos y en la que resultó gravemente herida la congresista demócrata Gabrielle Giffords.
Pero McCarthy resaltó que desde que entró en el Congreso a finales de los años 1990, ya ha guardado 23 minutos de silencio. “¿Cuántos minutos de silencio necesitamos?”, se preguntó.
El lunes, las dos senadoras de California (oeste), Barbara Boxer y Dianne Feinstein, publicaron un editorial en el San José Mercury News para reclamar la prohibición de los fusiles de asalto, destacando una cifra importante: 31.000 personas han muerto en Estados Unidos por armas de fuego.
Revólveres y pistolas son mostradas en una tienda en Aurora, Colorado, Estados Unidos, el 22 de julio de 2012. A tres meses y medio de las elecciones presidenciales, pocos son los políticos estadounidenses que se arriesgan a desafiar al poderoso lobby de las armas de fuego, tras la matanza en un cine de Colorado (oeste) que dejó 12 muertos.
James Holmes, acusado de la muerte de doce personas en un cine de Aurora, comparece por primera vez este lunes 23 de julio ante la justicia en Centennial, Colorado (EEUU).
Emmanuel Parisse / AFP
