Llevan dos meses en paro y en reiteradas oportunidades han pedido la renuncia del rector Emiro Madera. La comunidad académica de la Universidad de Córdoba se queja del deterioro en sus instalaciones, de las goteras, de la falta de dotación de los laboratorios, de que no hay dónde acomodarse.
Pero aunque el rector dice que los que claman su salida (cuando faltan tres meses para que se termine su periodo) están detrás de “jugadas políticas” para favorecer a futuros candidatos, la Asociación Sindical de Profesores Universitarios de Córdoba (ASPU), ha sido enfática en denunciar que Madera, “aparte del olvido en que tiene sumida a la universidad, ha venido firmando contratos que no están encaminados a resolver las necesidades urgentes”, dice José Gabriel Flórez, presidente de la ASPU.
Entre los contratos, Flórez menciona que el rector ha gastado durante dos años consecutivos más de 220 millones de dólares anuales por el alquiler de tres camionetas para movilizar al vicerrector académico, al vicerrector administrativo y al secretario general.
“Con esa plata pudo haber comprado los carros, además hay sospechas de que esos vehículos se los alquiló a miembros administrativos de la Universidad”.
A esta acusación específica, el rector responde que ya los organismos de control realizaron la investigación respectiva y no encontraron ninguna irregularidad.
Contratos como este motivaron que el Consejo Superior de la Universidad tomara la determinación de limitarle al rector su “poder decisorio” en las contrataciones en un 90 por ciento.
Antes de la medida, Madera podía adjudicar contratos por dos mil salarios mínimos legales vigentes al año y (más de 1.000 millones de dólares) ahora podrá contratar hasta un límite de 200 salarios mínimos legales (hasta 120 millones de dólares).
Contratos como este motivaron que el Consejo Superior de la Universidad tomara la determinación de limitarle al rector su “poder decisorio” en las contrataciones en un 90 por ciento.
Antes de la medida, Madera podía adjudicar contratos por dos mil salarios mínimos legales vigentes al año y (más de 1.000 millones de dólares) ahora podrá contratar hasta un límite de 200 salarios mínimos legales (hasta 120 millones de dólares).
“Todo gasto o contratación que quiera hacer Madera por encima del salario mínimo legal debe ser aprobado con el Consejo Superior”, reza el comunicado del Consejo.
Madera dice estar tranquilo con su actuación, y reitera que lo que está sucediendo dentro de la universidad no es otra cosa que una lucha de poderes, como antesala a la elección del nuevo rector.
Madera dice estar tranquilo con su actuación, y reitera que lo que está sucediendo dentro de la universidad no es otra cosa que una lucha de poderes, como antesala a la elección del nuevo rector.
“Allí lo que hay es una proceso de desinstitucionalización.
Lo que está pasando es un juego de poder y esa dinámica, que es netamente política, la han convertido en huelga”, dice el líder educativo.
También en Santander
La comunidad de la Universidad Industrial de Santander (UIS) se ha puesto en contra de la reelección del rector Jaime Alberto Camacho Pico.
El actual rector tiene dos investigaciones ante la Fiscalía General de la Nación, una de ellas por concierto para delinquir, y en su contra posee un pliego de cargos en la Procuraduría General de la Nación, todo esto por supuestas relaciones con grupos paramilitares.
Su reelección está liderada por el delegado de la Presidencia de la República Jaime Cadavid, quien viene desde el gobierno de Álvaro Uribe, y la administración Santos Calderón, respalda esta cuestionada gestión de su delegado, explica Óscary Ávila, de la Comisión de Derechos Humanos de la UIS.
Así mismo afirmó: “Las organizaciones sociales de la universidad presentamos un derecho de petición y se han enviado solicitudes al Ministerio del Interior y la Presidencia de la República para que se abstengan de dar sus votos de confianza a semejante personaje tan cuestionado como el Ingeniero Camacho Pico.”
Los estudiantes entraron en asamblea general y formaron un campamento en los alrededores del campus universitario a la espera de los resultados de la votación, que se llevaba a cabo en las instalaciones de la gobernación de Santander, “como muestra de que la comunidad estudiantil y los diferentes estamentos no queremos la continuidad del señor Camacho Pico”.
Este rector se ha caracterizado por perseguir a los estudiantes al punto de cancelarles las matrículas, dar apertura de procesos disciplinarios contra los funcionarios sindicalizados, no respeta las convenciones colectiva de trabajo, mantiene la universidad militarizada y se ha gasta anualmente 1.750 millones de pesos en seguridad privada para “reprimir y amordazar” a todo aquel que se le oponga.
El panorama no es alentador. Por un lado, Ávila apunta a que en el Consejo Superior del año 2007 (Fecha en la cual se pacta el denominado Plan Pistola) quien estaba sentado como presidente de dicho órgano era el Coronel (R) Hugo Aguilar Naranjo, a quien la Procuraduría ha vinculado con el Bloque Central Bolívar y el de Puerto Boyacá de las Autodefensas AUC.
Por el otro, al igual que en las Universidades como la de Córdoba, el Gobierno nacional apoya a rectores que están en tela de juicio; todo indica que se está formando una red de directivos que bloqueen la reforma a la educación superior de los estudiantes, y que administren los recursos del Estado a favor de su bolsillo y de su gobierno universitario.
Los estudiantes entraron en asamblea general y formaron un campamento en los alrededores del campus universitario a la espera de los resultados de la votación, que se llevaba a cabo en las instalaciones de la gobernación de Santander, “como muestra de que la comunidad estudiantil y los diferentes estamentos no queremos la continuidad del señor Camacho Pico”.
Este rector se ha caracterizado por perseguir a los estudiantes al punto de cancelarles las matrículas, dar apertura de procesos disciplinarios contra los funcionarios sindicalizados, no respeta las convenciones colectiva de trabajo, mantiene la universidad militarizada y se ha gasta anualmente 1.750 millones de pesos en seguridad privada para “reprimir y amordazar” a todo aquel que se le oponga.
El panorama no es alentador. Por un lado, Ávila apunta a que en el Consejo Superior del año 2007 (Fecha en la cual se pacta el denominado Plan Pistola) quien estaba sentado como presidente de dicho órgano era el Coronel (R) Hugo Aguilar Naranjo, a quien la Procuraduría ha vinculado con el Bloque Central Bolívar y el de Puerto Boyacá de las Autodefensas AUC.
Por el otro, al igual que en las Universidades como la de Córdoba, el Gobierno nacional apoya a rectores que están en tela de juicio; todo indica que se está formando una red de directivos que bloqueen la reforma a la educación superior de los estudiantes, y que administren los recursos del Estado a favor de su bolsillo y de su gobierno universitario.
De ahí que desde el Observatorio de Derechos Humanos de la UIS, se haga un llamado a las organizaciones nacionales e internacionales a monitorear este proceso rodeado de polémica y desconfianza en la Universidad Industrial de Santander.
Y concluyó afirmado que: “todas estas prácticas violatorias e ilegales referenciadas nos llevan a pensar que existió una maquinaria criminal al interior de la universidad, con el objetivo de asesinar a los voceros y delegados de cada uno de los estamentos de nuestra Alma Máter de la UIS.
El Espectador / El Día
Y concluyó afirmado que: “todas estas prácticas violatorias e ilegales referenciadas nos llevan a pensar que existió una maquinaria criminal al interior de la universidad, con el objetivo de asesinar a los voceros y delegados de cada uno de los estamentos de nuestra Alma Máter de la UIS.
El Espectador / El Día
