Laura Chinchilla, la presidenta conservadora de Costa Rica, asegura que el país no se le está yendo de las manos.
Lo cierto es que el ‘tranquilo’ país centroamericano no recordaba tiempos tan convulsos como los actuales.
Centenares de trabajadores de las bananeras, médicos, taxistas,
trabajadores de la Imprenta Nacional y del Consejo Nacional de
Producción, motociclistas y expendedores de combustible… demasiados
sectores molestos para un país en calma social.
La presidenta,
Laura Chichilla, insiste en que no pasa nada fuera de lo común:
"No se
nos ha ido el control del país, simplemente muchos de estos conflictos
se vienen acumulando desde hace años y nos tocó atenderlos en este
momento”.
La tesis de Chinchilla, del cuestionado Partido de Liberación
Naciona (PLN) es que antes se aceptaban todos los reclamos y a ella le
ha tocado poner el coto:
"No vimos huelgas ni paros por un tiempo es
porque se estuvo concediendo a manos llenas, pero ya no estamos para
eso, hemos venido a pedir sacrificio a la gente y hemos estado metiendo
en cintura a muchos sectores".
La tesis de la presidenta es
peculiar porque su antecesor es Óscar Arias, su mentor político y
autoridad clave en su partido.
Pero, minimizando ese detalle, lo cierto
es que los conflictos son diversos y apuntan el fin del “Estado Social”
del que han presumido por décadas –y con alguna razón- los
costarricenses.
Frentes abiertos
Hoy mismo, vía
Twitter, Chinchilla, aseguraba que los trabajadores de las bananeras de
Sixaola han llegado a un acuerdo con la empresa, una subsidiaria de Del
Monte, con la mediación del Ministerio de Trabajo, aunque no hay
confirmación de las partes.
Desde el 10 de noviembre unos 600
trabajadores de las bananeras, la inmensa mayoría indígenas ngöbes
procedentes de Panamá, vienen reclamando derechos laborales básicos ante
la sordera de la compañía Bamdeco.
“Nos impiden ir al seguro, no nos
permiten incapacitarnos, nos han eliminado los derechos de vacaciones y
los pagos de las mismas son incorrectos, además nos pagan mucho menos
que otras empresas bananeras, por ejemplo, por una hectárea la tarifa
esta valorada en 2 mil colones y aquí nos pagan el 75% menos en muchos
de los casos”, explicaba Federico Santos, activista de la huelga y
trabajador de la empresa Del Monte.
Hace una semana, la policía
costarricense retuvo de forma ilegal a un reconocido activista ngobe
panameño, Domingo Palacio, por desplazarse a Costa Rica en apoyo de sus
hermanos.
A la espera de confirmar si, como afirma Chinchilla, el
conflicto está en vías de solución, algunos analistas costarricenses ya
califican este movimiento obrero como el más significativo en los
últimos 20 años.
Y explica este levantamiento la pérdida de garantías
sociales de las que podía presumir el país ante sus vecinos.
Lo
mismo opinan los médicos.
Hace 13 días empezó el paro de anestesiólogos
(se han perdido 2.000 operaciones) y desde el martes 29 de noviembre se
ha sumado el resto del gremio médico.
Sólo en la primera jornada de paro
médico general se ha perdido 3.527 consultas y otras 152 cirugías.
La
respuesta del gobierno ha sido anunciar que está buscando médicos en
México para reponer a los anestesiólogos nacionales y mandar hoy
miércoles a la negociación en representación de la Caja del Seguro
Social al único funcionario vetado por los anestesiólogos.
Gasolina y seguros
Donde
sí ha dado marcha atrás el Gobierno ha sido en la intención de subir la
prima de seguro para los motociclistas en un 49%.
Después de una
multitudinaria manifestación en San José ayer martes 29, la propia
presidenta dijo que era un error de la institución encargada y ha
anunciado que sólo se aumentará la prima un 15%.
Si la
movilización de los motoristas fue espontánea, la de los expendedores de
combustible ha sido patronal.
Tras una resolución de la Corte
Constitucional que determinaba como ilegal el método de fijación del
precio del combustible por la autoridad competente, la Cámara de
Empresarios del Combustible bloqueó el sector desde el día 28 de
noviembre en reclamo de un alza en el precio de, al menos, un 5%.
El
bloqueo, de 24 horas, logró generar desabastecimiento en varias zonas
del país.
La situación que enfrenta el Gobierno no es sencilla.
A
este clima de intranquilidad y protesta social se suma su inestabilidad
política.
Esta misma semana, no logró que el presupuesto de 2012 fuera
aprobado en el Parlamento, donde todo el arco de oposición política está
aliado en la denominada Alianza por Costa Rica.
Así que, con 17 votos a
favor (los del PLN) y 31 en contra, el Gobierno tendrá presupuesto
porque la ley impide el bloqueo del mismo.
Por si le faltaba algo, el
diferendo fronterizo con Nicaragua no cesa y las provocaciones de parte y
parte siguen enrareciendo las relaciones de dos países con una relación
amor-odio que no puede ignorar ni la vecindad ni la necesidad.
La herencia del Gobierno de Arias –que ha sufrido un nuevo revés con la decisión judicial
de anular la concesión de la mina Crucitas-, la senda neoliberal del
PLN contraria a la tradición de Estado benefactor costarricenses, el
incremento de la violencia o la presencia creciente del narco en el país
no dibujan un panorama tranquilizador para Chinchilla a menos de dos
años de haber llegado al poder.
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