En las últimas horas, y como consecuencia de lo que ocurre en Italia, se ha vuelto a decir que el rescate de España es cuestión de tiempo.España es uno de los países que más veces se ha declarado en bancarrota a lo largo de su historia: seis durante los siglos XVI y XVII, bajo el reinado de los Austrias, y en ocho ocasiones en los convulsos años marcados por las continuas guerras civiles en el siglo XIX.
Un país se declara en quiebra cuando sus debilitadas cuentas públicas no le permiten hacer frente a sus compromisos de pago, tanto con particulares como con organismos internacionales o terceros países.
Esto ocurre cuando los niveles de déficit fiscal y deuda externa y pública son insostenibles.
Cuando los diferenciales (la rentabilidad que un país debe pagar por colocar su deuda en el mercado) comienzan a elevarse de forma importante, es porque el país pierde la confianza de los inversores y porque sus necesidades de financiación le obligan a emitir activos de deuda de manera continua con el ánimo de refinanciarse.
Ser rescatado no sale gratos, más bien todo lo contrario. Después de recibir el rescate, el país tiene hacer frente a su crisis con un plan de austeridad y devolver el dinero prestado a los organismos monetarios.
El grueso de la "factura" de la intervención lo pagarán, obviamente, los ciudadanos, que deberán soportar unos ajustes que, entre otras medidas, significarán subidas del IVA hasta el 23%, recortes de pensiones, bajada de los sueldos de los funcionarios, despidos en el sector público, desaparición de pagas extras, copago sanitario y menores prestaciones por desempleo, desaparición de servicios sociales, recortes de toda índole en la educación pública (profesores, materiales, becas), condiciones laborales de esclavitud, pérdida de derechos laborales…
Esto traerá consigo la presencia notoria en las calles de las Fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, la vigilancia extrema con cámaras de cualquier movimiento de respuesta social ante la catástrofe, en suma, un aumento exponencial de la represión.
Cuando los diferenciales (la rentabilidad que un país debe pagar por colocar su deuda en el mercado) comienzan a elevarse de forma importante, es porque el país pierde la confianza de los inversores y porque sus necesidades de financiación le obligan a emitir activos de deuda de manera continua con el ánimo de refinanciarse.
Ser rescatado no sale gratos, más bien todo lo contrario. Después de recibir el rescate, el país tiene hacer frente a su crisis con un plan de austeridad y devolver el dinero prestado a los organismos monetarios.
El grueso de la "factura" de la intervención lo pagarán, obviamente, los ciudadanos, que deberán soportar unos ajustes que, entre otras medidas, significarán subidas del IVA hasta el 23%, recortes de pensiones, bajada de los sueldos de los funcionarios, despidos en el sector público, desaparición de pagas extras, copago sanitario y menores prestaciones por desempleo, desaparición de servicios sociales, recortes de toda índole en la educación pública (profesores, materiales, becas), condiciones laborales de esclavitud, pérdida de derechos laborales…
Esto traerá consigo la presencia notoria en las calles de las Fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, la vigilancia extrema con cámaras de cualquier movimiento de respuesta social ante la catástrofe, en suma, un aumento exponencial de la represión.
Así como el control y dirección de la economía a cargo de los rescatadores (instituciones públicas europeas u organizaciones como el FMI).
Ante este panorama las elecciones del 20-N se nos presentan como un mero trámite. En el capitalismo hace tiempo que la política es una mera comparsa de la economía que dictan los poderosos.
Ante este panorama las elecciones del 20-N se nos presentan como un mero trámite. En el capitalismo hace tiempo que la política es una mera comparsa de la economía que dictan los poderosos.
Se elige al que va a ejercer de capataz, nunca al dueño de la finca.
Consumer/spanishrevolution/inSurGente.-
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