El Salvador vive ahora una de las fases más fuertes de polarización a pocos meses de las elecciones legislativas y municipales.
La
izquierda, aun miembros del gabinete de gobierno, ven al país en camino
de la militarización ilegal de la lucha contra las maras,
principalmente, y del narcotráfico, ante el nombramiento de un militar
en la cartera de Seguridad Pública.
Se visualiza al gobierno salvadoreño
aplicando la fórmula de México: militarización, intervención foránea y
la violación masiva a los derechos humanos.
La derecha, entre
tanto, lo ve como un triunfo luego de más de dos años de fuego mediático
en contra de que un miembro de la ex guerrilla dirigiera el Ministerio
de mayor complejidad.
No ayudó al ex Ministro que la Fiscalía
haya sido duramente cuestionada por su ineficacia y la fuerte presunción
de que varios jueces están infiltrados por el crimen organizado.
Se
estima que más de un 90 por ciento de los crímenes quedan en la
impunidad y las cárceles están cerca del 300 por ciento de su capacidad.
A
principios de noviembre, los gobiernos de El Salvador y Estados Unidos
ratificaron un convenio llamado “Asocio para el crecimiento” mediante el
cual, presuntamente, se eliminarán en 5 años los obstáculos para el
nulo o bajo crecimiento de la economía, identificados por Washington
como los altos niveles de delincuencia y la baja productividad.
El
Presidente Mauricio Funes, quien llegó a la presidencia como candidato
del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) en el
2009, consideró el acuerdo una modalidad de cooperación sin precedentes.
Sin
embargo, pronto renunciaría el Ministro de Seguridad Pública, Manuel
Melgar, un ex guerrillero que no contaba con la simpatía del gobierno de
Estados Unidos y quien denunció que el país del norte se negaba a
compartir información sobre las redes principales del narcotráfico en El
Salvador.
La realidad siguió al rumor y el 22 de noviembre, el
Ministro de Defensa, General retirado David Munguía Payés, se convirtió
en la cabeza de la seguridad pública, responsable de la Policía Nacional
Civil, nacida con los Acuerdos de Paz hace casi 20 años.
Violación a los Acuerdos de Paz y la Constitución de la República
Los
principales dirigentes del FMLN, incluyendo al actual Vicepresidente de
la República y Ministro de Educación, Salvador Sánchez Cerén, así como
el Presidente de la Asamblea Legislativa, Sigfrido Reyes, se han
expresado públicamente en contra de la militarización de la seguridad
ciudadana.
Uno de los más importantes puntos de los Acuerdos de
Paz firmados en México en 1992, fue arrebatar la seguridad pública de
las manos de los militares quienes manejaban la Guardia Nacional, la
Policía Nacional y la Policía de Hacienda, señaladas en la Comisión de
la Verdad como los más fuertes protagonistas, junto a la Fuerza Armada,
de masivas violaciones a los derechos humanos durante la guerra.
Se
plasmaron en la Constitución de la República, luego, las funciones de
la Fuerza Armada como responsable de la soberanía del Estado y de la
Policía Nacional Civil, de la seguridad ciudadana “bajo la dirección de
autoridades civiles”.
Aunque el gobierno lo niega, algunos
representantes de la izquierda ven fuertes coincidencias en que detrás
del nombramiento del militar y de la planificación de otra “mano dura”
(los últimos dos gobiernos de derecha ganaron las elecciones en parte
por su oferta de la mano dura y súper dura) está la presión de Estados
Unidos.
México quizá es el mejor ejemplo en América Latina de la
militarización de la lucha contra los comerciantes de la droga,
consumida principalmente por la población de Estados Unidos, en montos
de miles de millones de dólares.
La intervención del Ejército y la
Marina ha resultado en la muerte de miles y de convertir a las ciudades
fronterizas entre las más violentas del mundo.
El aliado estratégico
El
convenio, que carece de donantes reconocidos, fue una iniciativa del
Presidente de Estados Unidos, Barack Obama, durante su visita en marzo a
El Salvador. Siguen en la lista, Tanzania, Filipinas y Ghana.
Desde
entonces, el gobierno de Funes ha enviado tropas a Afganistán y planea
continuar haciéndolo, en oposición al partido que lo llevó a la
presidencia.
En México, se ha organizado un movimiento que se
opone a legalizar la intervención del Ejército en las acciones de
seguridad pública.
En declaraciones durante una jornada de
protesta, el poeta Javier Sicilia cuyo hijo fue víctima de los
narcotraficantes, dijo “No queremos a los militares en esta guerra que
ha dejado a miles de muertos”.
Tal parece, por otro lado, que el
modelo mexicano se seguirá reproduciendo con ganancias para los
vendedores de armas, el narcotráfico que no disminuye y como perdedores
la soberanía en seguridad pública, el crecimiento equitativo, los
combatientes provenientes de los estamentos pobres y la población que se
convierte en “baja colateral”.
Felipe V. Ortiz es miembro del Sindicato de Periodistas Salvadoreños y Similares (SINPESS)
